Escándalo en Guaymallén: Luis Antonio Giménez Concejal electo LLA

Por Néstor Bethencourt

Luis Antonio Giménez está a pocos días de jurar como concejal de Guaymallén, pero su llegada al recinto está marcada por un rastro de papeles que queman. Lo que comenzó como un trámite para obtener un subsidio millonario tras el incendio de la feria, terminó desnudando una trama de omisiones deliberadas, dictámenes ignorados y una gestión municipal que parece operar en las sombras para favorecer a sus aliados.

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La mentira manuscrita y los 27 millones

El centro de la polémica es el EXP-4559-2026. Allí, Giménez solicitó un subsidio de $27.052.575 bajo el programa Guaymallén Invierte con Vos. Para acceder al beneficio, firmó una declaración jurada asegurando no poseer ningún tipo de seguro o cobertura por los daños sufridos en un autoelevador.

Sin embargo, la realidad era otra. En el mismo expediente, una aclaración manuscrita reconoce que ya había cobrado más de 5 millones de pesos de un seguro privado por un autoelevador. Giménez no solo dio un “mal paso” administrativo; intentó que el municipio le pagara por algo que ya tenía cobertura, traicionando la buena fe que se le exige a cualquier funcionario público.

La cadena de responsabilidades: Quiénes empujaron el expediente

Para que un trámite con estas falencias llegue a instancias finales, se necesita una cadena de firmas que miren hacia otro lado. El expediente fue impulsado inicialmente por la Dirección de Desarrollo Comercial e Industrial, a cargo de Lorenzo Nieva Dinerstein, bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, liderada por Ignacio Conte. Fue desde allí donde se solicitó autorizar el adelanto del 100% del monto a favor de Giménez, validando un presupuesto que ya contenía la contradicción del seguro.

Incluso cuando el trámite llegó a la Secretaría de Hacienda, encabezada por la Cdra. Alicia Zárate, la inercia del pago continuó. Pero el dato más cínico de la cadena de mandos recae sobre la Dirección de Control de Gestión, cuyo director es Pablo Raddi. Esta oficina, que por definición debe ser el filtro de transparencia y legalidad de los actos municipales, permitió que el expediente avanzara a pesar de las inconsistencias flagrantes.

El dictamen que intentaron enterrar

Publicada nuestra primera nota, de inmediato y el mismo día, el escándalo cobra gravedad institucional el 30 de marzo de 2026. La Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ), bajo la firma del Dr. Chalabe, fue contundente: “No correspondería hacer lugar al otorgamiento del beneficio solicitado”.

El dictamen legal fue un muro: al existir un seguro privado, el subsidio municipal es improcedente. Sin embargo, en lugar de ser archivado de inmediato, el expediente fue elevado al conocimiento del Intendente, quedando en una zona gris de complicidades donde se buscaba forzar una salida política por encima de la legalidad.

El “milagro” de Raddi: Juez y parte en la oscuridad

Aquí el escándalo se muerde la cola. Ante el pedido de informes de este medio, quien emite la respuesta es el propio Pablo Raddi. Es decir, el Director de Control de Gestión —el mismo que debía auditar el expediente— es quien sale a blindar la información mediante una respuesta que desafía toda lógica.

Mientras el municipio alega que “no tiene sistema” por el incendio de su data center ocurrido el martes último, Raddi logró confeccionar un informe manual y remoto. La anomalía horaria es total: informar a deshoras y por fuera del flujo del Sistema Provincial de Tickets confirma que se ha vulnerado el protocolo. Raddi actuó como juez y parte: como director no controló el expediente y como funcionario “operó” una respuesta nocturna para intentar cerrar un caso que lo salpica directamente. El expediente completo nos fue enviado.

La inmensa cantidad de oficinas municipales se encuentran sin sistema alguno, desde tránsito, hasta Comercio o Rentas están fuera de línea. Algunos sectores desde el 31 de marzo, otros, después del incendio. Lejos de eso Raddi pareció adjuntó el expediente solicitado a horas nocturnas. Parece que sistemas para algunos hay, para otros, no.

¿Quién controla al controlador?

Luis Antonio Giménez, el concejal, ha elegido el silencio. No explicó la contradicción de su declaración, ni el cobro del seguro, ni por qué impulsó un subsidio que sus propios abogados rechazaron ante nuestra consulta.

Ese silencio, sumado a la desesperada respuesta nocturna de Raddi y la pasividad de directores y secretarios como Nieva, Conte y Zárate, dibuja un cuadro de vicio de origen. Giménez se prepara para ocupar una banca desde la cual deberá controlar los fondos del mismo municipio que intentó usar para su beneficio personal.

El “mal paso” ya está documentado; ahora queda ver si la ética pública tiene lugar en el nuevo Concejo o si la Dirección de Control de Gestión seguirá funcionando solo para los amigos.

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