ÚLTIMO MOMENTO: La Justicia imputó a Mingorance por las cloacas de Los Corralitos

Por Néstor Bethencourt

Después de años de reclamos vecinales, informes técnicos y contaminación detectada, la Justicia avanzó contra el titular de AySAM. Los Corralitos ya no denuncia solo olores: ahora también hay una causa penal que apunta al poder.

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La Justicia mendocina finalmente movió una ficha clave en el drama cloacal de Los Corralitos. El Ministerio Público Fiscal imputó a Humberto Mingorance, titular de AySAM, por los desbordes cloacales que afectan desde hace años a esa zona de Guaymallén. La novedad confirma lo que los vecinos vienen diciendo hace demasiado tiempo: el problema no era una exageración, ni una molestia pasajera, ni una simple queja barrial.

La causa investiga los desbordes vinculados al colapso de la Colectora Máxima Noreste, una infraestructura que transporta efluentes de más de medio millón de personas del Gran Mendoza. El avance judicial llegó después de denuncias vecinales, informes técnicos y cruces entre organismos provinciales por una crisis sanitaria que nunca debió naturalizarse.

La Fiscalía también apuntó contra otros responsables de AySAM. Además de Mingorance, quedaron bajo investigación el gerente general Darío Hernández y el gerente de operaciones Carlos Cifuentes. El fiscal Gabriel Blanco pidió avanzar con las imputaciones, con aval de Sebastián Capizzi y Gustavo Pirrello, por tratarse de funcionarios públicos.

La imputación incluye daño agravado sobre un bien de uso público y contaminación del agua de un modo peligroso para la salud. Traducido al idioma común: la Justicia ya no mira el caso como una incomodidad vecinal, sino como un posible hecho grave contra el ambiente, la salud y bienes públicos.

Los Corralitos no exageraba

Durante años, vecinos de Severo del Castillo y 2 de Mayo denunciaron olores, derrames, contaminación, acequias afectadas y problemas en pozos de agua. Muchas veces chocaron contra respuestas lentas, silencios cómodos y esa vieja costumbre institucional de patear responsabilidades entre oficinas.

Ahora, el expediente penal empieza a poner nombres propios donde antes sobraban explicaciones generales. Mingorance no conduce una oficina menor: está al frente de AySAM, una empresa pública clave para el agua y el saneamiento de Mendoza. Por eso la imputación no golpea solamente a una estructura técnica. También salpica a una gestión que conocía el problema y no logró resolverlo a tiempo.

En Ecos Mendocinos también informamos que estudios de la Universidad Nacional de Cuyo y del Ministerio de Salud detectaron contaminación microbiológica en muestras de agua domiciliaria de la zona afectada. Además, el Departamento General de Irrigación había advertido vuelcos de líquidos cloacales en cauces usados para riego agrícola.

Ese dato cambia cualquier intento de minimizar el caso. Ya no hablamos solo de olor, enojo vecinal o malestar cotidiano. Hablamos de agua contaminada, cauces comprometidos y una comunidad que tuvo que insistir durante años para que alguien escuchara.

La cloaca también llegó al expediente

La noticia aparece justo después de otro contraste incómodo. Mientras diputadas radicales de Formosa pidieron informes por contaminación cloacal en esa provincia, Mendoza seguía sin mostrar la misma reacción política frente al drama de Los Corralitos. La Mañana informó que las legisladoras reclamaron explicaciones por el estado de una planta de tratamiento, tras denuncias por olores, residuos visibles y posible contaminación.

La comparación sigue siendo brutal, aunque ahora el escenario cambió. Si hasta Formosa activó pedidos de informes, Mendoza no podía seguir administrando silencio eterno frente a una crisis sanitaria dentro de Guaymallén. La Justicia finalmente avanzó, pero la pregunta política sigue intacta: ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que el drama cloacal llegara a este punto?

El caso también se agrava por otro dato revelado por Ecos Mendocinos. Al drama histórico de Los Corralitos se sumó el derrame de líquidos cloacales desde camiones provinciales sobre canales ubicados en Guaymallén. Ese episodio no reemplaza el problema central, pero suma una postal escandalosa: la contaminación no solo brotaba por el colapso cloacal, también aparecía con logística oficial.

Los Corralitos ya tenía suficiente con años de olores, desbordes y abandono. No necesitaba, además, líquidos cloacales llegando en camiones, como si la mugre también tuviera servicio de reparto.

Una imputación que abre otra etapa

La imputación contra Mingorance no equivale a una condena, y eso debe quedar claro. Pero sí abre una etapa distinta, porque obliga a mirar el caso con otra seriedad institucional. La Justicia deberá investigar responsabilidades, decisiones, omisiones y posibles daños vinculados a una crisis que los vecinos denunciaron durante demasiado tiempo.

AySAM podrá explicar que la infraestructura colapsó por problemas históricos, falta de inversión o deudas acumuladas durante décadas. Ese argumento puede aportar contexto, pero no alcanza para borrar la obligación actual. Cuando una empresa conoce un problema sanitario durante años, debe actuar antes de que el expediente penal toque la puerta.

En Guaymallén, la mugre ya no circula solamente por acequias, canales o camiones. Ahora también circula por una causa judicial que empieza a preguntar quién debía controlar, quién debía actuar y quién dejó que el problema siguiera creciendo.

Los Corralitos no exageraba. Los vecinos tenían razón. Y la Justicia, aunque tarde, finalmente empezó a despertarse.

Datos duros

La Justicia imputó a Humberto Mingorance, titular de AySAM.

También quedaron alcanzados Darío Hernández y Carlos Cifuentes.

La causa investiga desbordes cloacales en Los Corralitos, Guaymallén.

La imputación apunta a daño agravado y contaminación del agua peligrosa para la salud.

Informes técnicos detectaron contaminación microbiológica en muestras de agua domiciliaria.

Irrigación advirtió vuelcos cloacales en cauces usados para riego agrícola.