Guaymallén: el desastre que hizo la intervención municipal con Bomberos

Por Néstor Bethencourt

El cuartel fue intervenido bajo promesas de ordenamiento. Meses después, hay pedidos de alimentos, balances pendientes, transferencias bajo la lupa, presuntas denuncias de abuso y una feroz pelea por la caja.

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La intervención sobre los Bomberos Voluntarios de Guaymallén fue presentada como una medida necesaria para ordenar una institución con falencias internas. El relato hablaba de transparencia, normalización administrativa y control institucional. Sin embargo, varios meses después, el resultado visible parece bastante menos prolijo: un cuartel intervenido, pedidos de alimentos, balances que no aparecen, transferencias que exigen explicación pública y una interna feroz entre quienes decían venir a ordenar.

La historia no empezó ahora. Ecos Mendocinos ya había reconstruido la cronología de la intervención de Bomberos de Guaymallén, desde las primeras versiones hasta el avance de Personas Jurídicas. Luego también se informó la renuncia total de la Comisión Directiva, un hecho que dejó al cuartel sin su conducción civil histórica y abrió la sospecha de una maniobra para municipalizar la institución.

El 6 de mayo de 2026, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén firmó una solicitud dirigida “a quien corresponda”. Allí pidió donaciones para contribuir al sostenimiento del cuartel, incluyendo alimentos, herramientas, materiales y aportes económicos. La nota menciona guardias permanentes, incendios, rescates, emergencias y tareas preventivas, pero también reconoce que los recursos disponibles no alcanzan.

El dato se volvió todavía más grave con publicaciones en redes, donde el cuartel pidió alimentos no perecederos, artículos de limpieza, carnes, productos congelados e insumos de higiene. También invitó a acercar donaciones personalmente o coordinar el retiro con la institución.

Después de una intervención presentada como solución, Bomberos terminó pidiendo comida, limpieza e higiene para funcionar. No pidió una consultoría moderna, ni otra foto institucional para redes. Pidió ayuda básica para sostener el trabajo diario de quienes responden cuando hay emergencias reales.

La caja que explica la pelea

El problema no es que una institución voluntaria pida colaboración. Muchas asociaciones lo hacen, y esa solidaridad forma parte de su vida comunitaria. El problema es que este pedido aparece después de una intervención estatal que supuestamente venía a corregir desorden, falencias y falta de claridad.

Según información reunida por Ecos Mendocinos, la administración anterior habría dejado una base superior a los 50 millones de pesos. Ese dato vuelve mucho más comprensible la intensidad de la pelea por el control del cuartel. Cuando hay semejante caja, la palabra “normalización” empieza a sonar demasiado cómoda.

Las capturas de movimientos bancarios aportadas a este medio muestran supuestas transferencias desde la cuenta de Bomberos hacia Mónica Beatriz Elías y Franco Hipólito Pivato. Los movimientos aparecen bajo la descripción “Trf Inmed Proveed” y con la leyenda “varios”.

Entre los comprobantes observados figura una transferencia de $98.471 a Mónica Elías, fechada el 7 de enero de 2026. Ese mismo día también aparece una transferencia de $30.000 a Franco Pivato. Además, se observan dos movimientos posteriores a Pivato, fechados el 8 de enero, por $33.516,94 y $29.999,92.

Sólo esas capturas suman $191.987,86. El monto no prueba por sí solo una irregularidad, pero exige respuestas concretas. Qué se pagó, quién autorizó esos movimientos, bajo qué concepto, con qué comprobantes y cómo fueron rendidos.

El punto resulta más delicado porque Elías no aparece solamente como interventora del proceso. También figura como receptora de fondos de la propia asociación intervenida. Pivato, por su parte, aparece como beneficiario de transferencias y hoy está en el centro de la interna que divide al cuartel.

Balances, padrón y la vara torcida

A eso se suma otro punto sensible. Según fuentes consultadas, el balance 2025 debía presentarse el 30 de abril y todavía no estaría presentado. La demora resulta especialmente incómoda, porque la falta de balances fue señalada como una de las razones utilizadas para avanzar sobre la comisión anterior.

Entonces, la pregunta cae sola. Si la falta de balances era motivo para intervenir antes, quién controla ahora a la intervención y a Personas Jurídicas. Porque la Dirección de Personas Jurídicas no puede mirar para otro lado si el mismo problema aparece bajo su propio esquema de control.

El propio Gobierno de Mendoza recuerda que la Dirección de Personas Jurídicas es autoridad de aplicación del régimen legal de asociaciones civiles y fundaciones en la provincia. Además, el área suele remarcar la necesidad de regularizar la situación jurídico-contable de estas entidades, como ocurrió con las facilidades para asociaciones civiles.

También se menciona que el registro de socios seguiría sin estar completamente regularizado. Ese dato no es menor, porque Ecos Mendocinos ya había advertido que el padrón podía convertirse en herramienta de poder, capaz de definir mayorías, asambleas y control interno.

En una institución intervenida, la transparencia no puede ser selectiva. Si se intervino a la comisión anterior por balances, padrón, transferencias o supuestas irregularidades, la vara debe ser exactamente la misma para quienes tomaron el control después.

Elías, Pivato y el giro de una interna

La intervención se materializó a través de Personas Jurídicas, con Mónica Elías como protagonista del proceso. Su nombre no aparece aislado del tablero municipal. Elías fue señalada como una funcionaria muy cercana a Silvia Donati, exdirectora de Desarrollo Social de Guaymallén, y ambas aparecen vinculadas a una asociación civil que, según información bajo análisis de este medio, habría recibido subsidios provinciales y nacionales.

Pero en Bomberos hay un dato que vuelve todo más incómodo. Franco Pivato no era un desconocido para Mónica Elías. Ecos Mendocinos ya había contado que, durante reuniones con la anterior comisión directiva, la interventora mantenía contacto con Pivato desde su celular. Incluso se publicaron fotografías que mostraban esa comunicación en plena reunión institucional.

Ese antecedente importa porque marca una contradicción central. La misma intervención que tuvo contacto directo con Pivato, y que parecía abrirle camino dentro del cuartel, ahora aparece enfrentada con él. Quien antes orbitaba cerca del proceso hoy quedó en el centro de una disputa que ya no se puede disimular.

Según testimonios recogidos por Ecos Mendocinos, desde la Secretaría de Gobierno de Guaymallén se estaría presionando para que Pivato vuelva a su cargo. En ese esquema aparecen mencionados Ignacio Conte y Mariana Echevarrieta, señalados como parte de una trama política que buscaría imponer su restitución pese al conflicto abierto.

Presuntas denuncias, sanción y riesgos operativos

La crisis no se limita a balances, cargos o internas administrativas. Según testimonios recogidos por este medio, parte de la problemática por la cual ahora se buscaría separar a Franco Pivato de la dirección del cuerpo estaría vinculada a presuntas denuncias de abuso. La situación involucraría a dos mujeres que trabajan en el ámbito de Bomberos, y al menos una presentación ya habría sido formalizada.

Este punto debe tratarse con absoluta prudencia. Todavía resta conocer el organismo interviniente, la carátula, el alcance concreto de la denuncia y las medidas adoptadas. Pero tampoco puede quedar escondido detrás de la pelea política, porque involucra posibles víctimas y una acusación de enorme gravedad.

El informe elevado el 18 de mayo de 2026 por Mónica Elías a Personas Jurídicas menciona una sanción disciplinaria de 20 días de suspensión a Pivato por una situación de “hostigamiento hacia personal femenino”. También refiere un pedido de alta médica y epicrisis, luego de que el mencionado atribuyera su situación de salud a un pico de glucemia.

El mismo documento expone otros puntos graves. La intervención detectó en el sistema RUBA ascensos de integrantes del cuerpo activo sin procedimiento administrativo, sin autorización institucional y sin cumplimiento de los mecanismos reglamentarios. Además, se intimó a Pivato para que diera explicaciones por escrito en un plazo de 72 horas.

El cuadro se vuelve aún más delicado por versiones sobre su estado de salud. Fuentes del ámbito bomberil sostienen que Pivato atravesaría episodios de descompensación o desmayos, una situación que debería evaluarse con responsabilidad si cumple funciones operativas o conduce vehículos institucionales.

No se trata de estigmatizar un problema médico. Se trata de exigir controles serios en una institución donde una mala decisión puede afectar guardias, salidas, móviles y atención de emergencias.

Conte, Echevarrieta y la pelea por el control

El tramo más político del documento aparece cuando la propia intervención advierte que Pivato podría haber utilizado vínculos institucionales con sectores municipales y provinciales. Según el texto, esa situación eventualmente habría generado interferencias o conflictos orientados a mitigar, justificar o minimizar conductas observadas durante el ejercicio de su cargo.

En criollo: la interna ya no está solamente en los pasillos del cuartel. La propia documentación oficial habla de vínculos, interferencias y conflictos institucionales. Y eso ocurre mientras, según fuentes consultadas, desde el municipio se habría intentado forzar la vuelta de Pivato a la conducción.

En ese tablero aparece Ignacio Conte, secretario de Gobierno de Guaymallén, junto a Mariana Echevarrieta, señalada en distintas investigaciones de Ecos Mendocinos como una operadora con llegada a la gestión de Marcos Calvente y a sectores vinculados a Luis Petri a la vez.

Según testimonios recogidos por este medio, Conte y Echevarrieta le habrían marcado a Mónica Elías que, antes que interventora de Bomberos, es empleada municipal. Si esa frase fue dicha como aseguran las fuentes, resume toda la deformación del proceso. Una intervención debe responder a la legalidad, a los documentos y al interés institucional, no a la conveniencia política de un municipio.

También aparece otro dato de clima interno. Según fuentes del cuartel, otro integrante habría sido apartado recientemente y luego se habría comunicado con miembros de la comisión anterior para pedir disculpas, afirmando que “esto no era lo que le habían prometido”. Esa frase, si se confirma, describe mejor que cualquier discurso el estado real de la intervención.

Ordenar no es quedarse con el cuartel

Bomberos de Guaymallén podía tener falencias, como cualquier institución compleja sostenida durante años por voluntarios. Pero una intervención no se mide por la excusa que la originó. Se mide por sus resultados.

Y los resultados visibles, hasta ahora, son preocupantes. Hay pedidos de alimentos, higiene y limpieza. También dudas sobre fondos. Hay balances pendientes, recibos que deberían explicarse, un padrón que seguiría sin estar regularizado. Hay informes internos sobre sanciones, ascensos cuestionados, vínculos institucionales e interferencias. También hay presuntas denuncias de abuso que exigen investigación seria, resguardo de posibles víctimas y absoluta transparencia.

La pregunta ya no es solamente por qué se intervino Bomberos de Guaymallén. La pregunta real es otra: quién quiso quedarse con el cuartel, para qué, con qué respaldo y con qué resultado concreto.

Porque si la intervención llegó para ordenar, debería mostrar papeles, balances, inventarios, gastos, decisiones y responsables. Si no puede hacerlo, el discurso se cae solo. Y cuando el discurso se cae, queda una postal imposible de maquillar: un cuartel intervenido, una interna feroz y Bomberos pasando la gorra para poder funcionar.

La pelea por Bomberos nunca pareció solamente una pelea por los papeles. Con una caja superior a los 50 millones de pesos como antecedente, transferencias bajo análisis y un cuartel pidiendo comida, la sospecha más incómoda queda sobre la mesa: el verdadero incendio estaba en la caja.