500 notas después: la corrupción en Guaymallén al descubierto

ANÁLISIS PERIODÍSTICO

Por Néstor Bethencourt.

Ecos Mendocinos llegó a 500 publicaciones con un archivo de contrataciones millonarias, funcionarios protegidos, controles tardíos y denuncias penales inmóviles.

Llegar a las 500 publicaciones en Ecos Mendocinos no representa un festejo tradicional. Es presentar un inventario documentado de la impunidad construida alrededor de la Municipalidad de Guaymallén. Quien escribe estas líneas no habla desde una corazonada ni descubrió ayer el periodismo de investigación. Este trabajo se sostiene sobre más de 900 notas realizadas durante años, incluyendo las 500 publicadas desde la aparición de este medio.

Expedientes, decretos, fotografías, testimonios y contrataciones permitieron reconstruir una gestión bastante menos prolija que sus publicaciones en redes sociales. La conclusión no admite demasiados eufemismos: en Guaymallén no existe solamente impericia, sino una manifiesta falta de voluntad para corregir aquello que perjudica a los vecinos. Los casos publicados no son hechos aislados. Forman una estructura donde algunos funcionarios controlan, contratan, explican sus propios errores y sobreviven a cualquier escándalo.

Basta recorrer el archivo histórico de Guaymallén para comprobar que el problema nunca fue la falta de información. En el municipio ocurren demasiadas cosas. Lamentablemente, muy pocas terminan mejorando la vida del vecino.

Pablo Raddi: el hombre que controla hasta sus propios fracasos

Si existe un nombre que atraviesa buena parte de estas 500 publicaciones, ese nombre es Pablo Raddi. Hace mas de una década conduce la Dirección de Control de Gestión, aunque las irregularidades más importantes fueron descubiertas por periodistas, empleados o vecinos. Raddi dirigió además Innovación y Atención al Vecino, mientras conservaba el área responsable de controlar el funcionamiento municipal.

El mecanismo era extraordinario: podía intervenir en contrataciones tecnológicas y luego seguir conduciendo la oficina encargada de revisar sus resultados. Ecos Mendocinos documentó esa superposición en “Modernización o viveza por duplicado”. Ante observaciones del Tribunal de Cuentas, el municipio ofreció una justificación que debería exhibirse en un museo de la administración pública. Calvente, Ignacio Conte, Alicia Zárate y el propio Raddi afirmaron que no abundaban funcionarios con suficiente idoneidad para integrar determinados controles.

Guaymallén tiene miles de agentes, pero aparentemente solamente Raddi puede pedir, intervenir, revisar y explicar ciertas contrataciones. Raddi sigue en su cargo por lo que sabe. Conoce cada expediente trucho y cada firma otorgada a oscuras. Quien controla el archivo también controla la lealtad política. Su permanencia no puede justificarse únicamente mediante una capacidad técnica irrepetible. Tampoco existen resultados capaces de sostener semejante argumento.

Control de Gestión no anticipó los problemas con vehículos, GPS, seguros, combustibles, depósitos ni contrataciones tecnológicas. Generalmente apareció después, redactando informes para explicar por qué aquello que debía controlar ya se había convertido en escándalo. La investigación “Guaymallén y el reino del casi” resumió ese funcionamiento: casi controlaron los vehículos, casi verificaron los depósitos y casi consiguieron encontrar responsables.

Raddi no dirige Control de Gestión: administra la digestión política de cada irregularidad. Cuando el escándalo aparece, el área produce pases, informes, mediaciones y notas aclaratorias hasta convertir un problema concreto en una nube burocrática. El expediente viaja mucho. Las responsabilidades, bastante menos.

Sistemas informáticos millonarios, superpuestos y nuevamente insuficientes

Los problemas tecnológicos de Guaymallén no comenzaron con Nómade Soft ni pueden reducirse a una sola contratación. Durante años, el municipio pagó distintos sistemas, plataformas, mantenimientos y servicios que convivieron, se reemplazaron parcialmente o terminaron superponiéndose.

Cada herramienta fue presentada como una solución definitiva, aunque las fallas reaparecieron con nuevos nombres, proveedores y montos. El municipio contrató sistemas para Rentas, expedientes, administración, geolocalización, atención al vecino y almacenamiento de información, sin alcanzar una integración estable, transparente y verificable.

Guaymallén no sufrió solamente un fracaso informático: construyó una colección de sistemas costosos que muchas veces no dialogaban entre sí. Mientras una plataforma debía reemplazar a otra, el municipio continuaba pagando extensiones, servicios complementarios, respaldos o herramientas anteriores para evitar la paralización completa.

Nómade Soft representa el ejemplo más costoso y reciente de esa política tecnológica. Guaymallén adjudicó a la empresa un contrato por $1.798.578.000, acompañado por redeterminaciones y nuevos costos vinculados con infraestructura digital.

El sistema Gen debía modernizar la administración, fortalecer los controles y mejorar la atención de los contribuyentes. Después llegaron las filas, los errores, los problemas de migración y las dificultades para gestionar trámites dentro de Rentas.

La saga mostró que Calvente presentó como novedad un sistema pagado desde 2025 y que la migración dentro de Rentas había fracasado. También aparecieron alertas en Tesorería, Contaduría y Patrimonio, junto con informes internos que contradecían el relato oficial.

El documento más contundente quedó expuesto en “La mentira de Calvente en Guaymallén”. Guaymallén pagó una fortuna para ingresar al futuro y terminó recuperando herramientas anteriores para sostener servicios esenciales.

Nómade Soft se incorporó a una larga historia de sistemas contratados, servicios duplicados y soluciones que terminaban necesitando otras soluciones para poder funcionar. La modernización resultó tan brillante que actualmente el municipio continúa repartiendo boletas impresas para comunicar cuánto debe pagar cada vecino.

GPS para chatarra, grúas millonarias y bienes desaparecidos

El parque automotor aportó algunos de los capítulos más grotescos del archivo. Guaymallén pagó GPS para vehículos destruidos, dados de baja o inmovilizados durante largos períodos. La investigación “Pablo Raddi, una década de inoperatividad” reveló un contrato superior a $200 millones y padrones repletos de inconsistencias.

Después aparecieron nuevas fotografías y documentos en “GPS para chatarra”. Los expedientes comenzaron a moverse después de las publicaciones y surgieron bajas que debieron tramitarse mucho antes. Guaymallén también pagó casi $95 millones por alquilar durante seis meses una grúa cuyo valor rondaba los $106 millones. El municipio aportaba chofer, combustible y parte del mantenimiento, mientras el proveedor entregaba esencialmente el vehículo.

La contratación fue documentada en “Guaymallén pagará $95 millones por alquilar una grúa”. Comprar patrimonio parecía una idea demasiado aburrida. Alquilarlo casi por su valor completo ofrecía bastante más emoción administrativa.

Las auditorías tampoco trajeron tranquilidad. Los informes detectaron decenas de miles de bienes faltantes y sobrantes sin registración correcta. La investigación “Auditorías en Guaymallén: faltan 53 mil bienes y el control falla” expuso ese desorden patrimonial. El municipio encontró miles de diferencias. Lo único que nunca encontró con semejante precisión fueron los responsables.

El stand con 800% de sobreprecio y una Fiscalía contemplativa

El stand municipal instalado en la Terminal del Sol resume perfectamente el vínculo entre corrupción e impunidad. La denuncia penal fue presentada en diciembre de 2023, después de comparar el precio pagado con valores reales de construcción. La propia Fiscalía ordenó una pericia y el especialista determinó un sobreprecio de hasta el 800%.

Los avances fueron publicados en “Escándalo del stand en Guaymallén”. La conclusión no fue una opinión periodística. Surgió de una pericia producida dentro de la propia causa penal. Pese a semejante resultado, el expediente continúa en instrucción después de más de dos años y medio, sin imputaciones conocidas ni avances proporcionales a la gravedad del informe técnico.

La Fiscalía consiguió verificar el sobreprecio. Después, aparentemente, decidió esperar que el calendario resolviera el resto. Ecos Mendocinos impulsó denuncias penales vinculadas con investigaciones publicadas durante estos años. Algunas fueron archivadas y otras permanecen paralizadas, sin respuestas judiciales proporcionales a la documentación aportada.

En Mendoza, la impunidad no siempre necesita cerrar una causa. A veces alcanza con dejarla abierta hasta volverla inofensiva.

Tasas récord para servicios de cuarta

Mientras el municipio paga contratos tecnológicos millonarios, los vecinos enfrentan tasas entre las más elevadas de Mendoza. La empresa operadora del Hilton impugnó formalmente los valores municipales y presentó comparaciones con Ciudad y Maipú. El reclamo fue analizado en “Graves acusaciones del Hilton por el cobro de tasas”.

Guaymallén también autorizó más de $654 millones para distribuir boletas impresas mediante un servicio postal. La contradicción quedó expuesta en “Guaymallén gasta más de $650 millones en repartir boletas a mano” y no es solo presupuestaria: la propia comuna terminó repartiendo de golpe los avisos del 3º, 4º, 5º y 6º bimestre juntos en papel, incluyendo un código QR para que los propios vecinos reporten los errores de facturación producidos por el sistema.

Después de contratar sistemas informáticos millonarios, el municipio depende del papel para informar obligaciones tributarias y de la paciencia del contribuyente para corregir los fallos del padrón. Las boletas llegan con el nombre de Marcos Calvente, aunque no siempre llegan correctamente a los contribuyentes. El sistema puede fallar y la consulta digital puede resultar imposible. La propaganda personal, en cambio, nunca pierde conectividad.

Guaymallén cobra como un municipio de lujo, pero demasiadas veces administra como una oficina abandonada.

Corralitos: cuando las consecuencias llegan a la casa del vecino

El colapso cloacal de Los Corralitos muestra que detrás del desorden administrativo existen consecuencias humanas concretas. Familias enteras conviven con líquidos cloacales, malos olores, acequias contaminadas y riesgos sanitarios. Los propios vecinos debieron financiar análisis bacteriológicos para demostrar aquello que podía comprobarse respirando algunos minutos.

Los resultados fueron publicados en “Contaminación en Los Corralitos”. Aysam tiene responsabilidades directas sobre la red sanitaria, pero eso no convierte al intendente en un comentarista del problema. Gobernar también significa gestionar, exigir soluciones, coordinar organismos y defender a los vecinos afectados.

Calvente conocía esta situación desde su etapa como secretario de Obras y Servicios Públicos. Sin embargo, el municipio se muestra más activo para repartir culpas que para organizar una respuesta sostenida. La contradicción quedó expuesta en “Calvente abraza el Acceso Este y se esconde de Corralitos”.

Para el Acceso Este aparecieron fotografías, anuncios y entusiasmo institucional. Para Corralitos apareció Aysam como escudo político. Guaymallén descubrió que las competencias ajenas sirven para esconderse, excepto cuando existe una cámara esperando.

La trampa de la interna: ni Calvente corrigió nada, ni Iglesias es la solución

Aunque en los pasillos municipales intenten vender una pelea de palacio donde el “pichón” terminó retobándosele al padrino político, la realidad administrativa de Guaymallén desmiente la ficción. Marcos Calvente no cayó de un plato volador: es el producto directo de ocho años de gestión de Marcelino Iglesias y conserva en sus cargos estratégicos a la misma tropa de funcionarios que desembarcó en la comuna durante la etapa iglesista.

La fotografía del brindis entre ambos no es solo un recuerdo festivo; es el retrato de la génesis de este colapso.

Calvente fue presentado durante años como el mejor alumno político de Iglesias. Vistos los resultados, Guaymallén debería preguntarse qué hicieron entonces los peores estudiantes de aquella escuela. El intendente podría haber renovado funcionarios, separado responsabilidades incompatibles y corregido circuitos cuestionados. Eligió conservar buena parte del sistema recibido del que fué parte.

Ante el evidente deterioro del departamento, Marcelino Iglesias hoy sueña con volver, vendiéndose a los vecinos como el dirigente experimentado que vendrá a “ordenar” o “mejorar” el desastre que dejó su heredero. Se trata de un engaño político que el archivo de Ecos Mendocinos desarma paso a paso:

• El origen del descalabro: Los contratos opacos, la superposición de funciones de Pablo Raddi, el deterioro del parque automotor y la costumbre de cajonear expedientes no nacieron con Calvente; se consolidaron y naturalizaron durante las dos gestiones de Iglesias.
• La misma plantilla: Los directores, secretarios y armadores que sostienen el día a día del municipio responden a la misma matriz política. Calvente intentó simular autonomía, pero terminó gobernando con el mismo personal y las mismas prácticas.
• La falsa solución: Pretender que el regreso de Marcelino Iglesias salvará a Guaymallén es ignorar que el problema actual es la consecuencia directa de lo que él mismo sembró. No se puede apagar un incendio con quien encendió la mecha.

Guaymallén no necesita el retorno del padre de la criatura a simular que arregla los destrozos de su apoderado. Lo que el departamento exige es romper de una vez por todas con una matriz política y administrativa que lleva más de una década degradando la calidad de vida de los vecinos.

500 publicaciones después, nadie puede decir que no sabía

La estrategia del poder municipal siempre fue apostar al cansancio, el silencio y el paso del tiempo. Confiaron en que cada investigación sería reemplazada por otro escándalo y que los vecinos terminarían olvidando. Pero el archivo continúa disponible. Allí están los decretos, montos, órdenes de compra, fotografías, pericias, informes y nombres de quienes intervinieron.

No todas las investigaciones consiguieron sanciones, renuncias o avances judiciales. Sería falso afirmarlo. Algunas provocaron bajas tardías, devoluciones o movimientos internos. La mayoría confirmó algo mucho más grave: el sistema puede quedar completamente expuesto y continuar funcionando casi de la misma manera.

Los nombres cambian, las oficinas se renombran y los expedientes reciben nuevos números. El mecanismo sobrevive. Después de 500 publicaciones, Guaymallén no puede afirmar que faltaban documentos, advertencias o nombres propios.

La verdad está investigada, documentada y publicada. Lo que falta no es información. Falta que quienes cobran para gobernar, controlar e investigar decidan finalmente hacer su trabajo.

Ecos Mendocinos