Guaymallén: el Tribunal de Cuentas amaga con acorralar a la pobre gestión de Calvente

El Tribunal detectó registros incompatibles, bases de contribuyentes sin entregar y documentación que impidió completar controles sobre las cuentas municipales. Su primer informe sobre 2026 también alcanzó salarios, subsidios, bienes y deuda de ejercicios anteriores.

Por Néstor Bethencourt

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La ejecución presupuestaria que Guaymallén presentó para febrero incluye gastos registrados en abril. Esa anomalía aparece en el primer informe del Tribunal de Cuentas sobre las rendiciones municipales de enero a abril de 2026.

El organismo reunió sus observaciones en ocho apartados. Encontró archivos que no podía auditar, saldos que no coincidían entre anexos y documentación indispensable que seguía pendiente. El informe fue firmado el 21 de agosto por la auditora Estela Beatriz Artuso.

El Tribunal había pedido información antes del incendio

La auditoría contiene una secuencia que la gestión de Marcos Calvente tendrá que explicar. El 20 de febrero, el Tribunal requirió documentación sobre seguridad informática y procedimientos de respaldo. El 9 de abril, pidió fechas, errores detectados y controles realizados durante la migración al nuevo sistema.

Cinco días después, el 14 de abril, se incendió el centro de datos municipal. El informe recoge la explicación de los responsables comunales: el equipo que contenía el respaldo estaba en el lugar afectado. Según esa versión, se perdió la información allí almacenada.

Los auditores también encontraron expedientes sin reconstruir y otros disponibles solamente de manera parcial. A esas dificultades sumaron las limitaciones que detectaron en la migración de información contable. La investigación de Ecos Mendocinos sobre Gen Nómade había seguido esa crisis desde sus primeras consecuencias visibles.

El incendio agravó el panorama, pero los requerimientos sobre respaldos y migración ya estaban planteados. Luego llegaron los ocho apartados que muestran hasta dónde se extendieron los problemas de rendición.

De gastos fuera de período a saldos que no coinciden

1. Control interno y documentación. El Tribunal reclamó un organigrama actualizado, inventarios de sistemas y procedimientos para registrar movimientos de bienes. Guaymallén entregó una planilla de bienes en Excel sin firma, que los auditores no aceptaron como inventario verificable.

En este apartado también figuran pedidos de información sobre concesiones, un plan detallado de obras y respaldo de la inversión permanente en EMESA. El organismo pidió, además, seguimiento de instrucciones dictadas en fallos anteriores y datos completos sobre beneficiarios de subsidios.

2. Ejecución presupuestaria. El archivo correspondiente a febrero contenía gastos registrados en abril. También agrupaba imputaciones de distintos meses, omitía descripciones de partidas y dejaba sin identificar numerosos datos de proveedores.

En otro cruce, el Tribunal observó etapas del gasto registradas en un orden incompatible con el control esperado. La Municipalidad presentó después una nueva ejecución y un anexo para explicar diferencias. Según el informe, faltaba ingresarlos como rectificación formal completa.

3. Cálculo de recursos. Una misma cuenta, denominada “Derecho de Cementerio”, aparecía con dos códigos diferentes. El presupuesto original informado para enero tampoco coincidía con el aprobado, mientras abril carecía de datos presupuestarios exigidos.

4. Disponibilidades. Para abril, el Tribunal consigna una diferencia de $922.101.596,99, pero presenta los dos saldos con la misma etiqueta: «Anexo IX». También registra sumas incompatibles en enero y cambios en los códigos utilizados para identificar cuentas.

Rentas, deuda y sueldos también quedaron observados

5. Balance de sumas y saldos. El informe señala que saldos iniciales no coincidían con los cierres del período anterior. Además, encontró $1.259.481.917 bajo “Valores por acreditar” en un anexo, sin la misma registración en otro.

Los auditores advirtieron diferencias adicionales entre mayores contables y anexos. También indicaron que los totales de las columnas Debe y Haber no coincidían en los meses examinados.

6. Recaudación. Guaymallén no remitió el Anexo XIX para ninguno de los meses auditados. Otros anexos llegaron con información incompleta y códigos incompatibles. Al firmar el informe, el Tribunal seguía sin las bases de contribuyentes necesarias para contrastar esos registros.

La observación agrega un dato institucional a los problemas de Rentas que Ecos Mendocinos documentó durante meses. El organismo de control provincial señala que no tuvo acceso a las bases necesarias para auditar esos ingresos.

7. Deuda de ejercicios anteriores. El Tribunal confrontó la registración presupuestaria con el balance al 31 de marzo. Encontró diferencias en el tratamiento contable de una partida que incluía $6.392.296.166 informados como pagados.

8. Sueldos. Los registros examinados para marzo mostraron importes diferentes en la liquidación consolidada, el anexo presupuestario y las imputaciones. Tampoco se habían entregado las acreditaciones salariales ni la declaración jurada 931 que los auditores requerían.

Estas cifras describen diferencias entre registros y controles pendientes. El informe no establece que los montos observados sean dinero desaparecido. Su gravedad está en la dificultad para reconstruir y comprobar operaciones que la Municipalidad debe rendir.

El Tribunal también debe explicar su propio informe

El organismo exige a Guaymallén registros confiables y explicaciones documentadas. Sin embargo, el informe firmado por sus autoridades contiene errores que dificultan comprender algunos de sus reparos.

En tres apartados cita «Ley 876», mientras en otros identifica correctamente la Ley 8706. Para enero presenta cifras superiores al billón de pesos junto a un saldo de $5.202 millones, sin explicar esa diferencia de escala.

El Tribunal debe precisar qué comparó, cómo obtuvo esos saldos y quién revisó las referencias legales antes de firmar. Guaymallén, por su parte, sigue debiendo las bases de contribuyentes, documentación salarial y demás respuestas reclamadas.

Allí se juega el sentido de este informe: si las ocho observaciones avanzarán hacia un control efectivo o quedarán en un amague.

El documento completo

Ecos Mendocinos publica a continuación el informe utilizado para esta investigación, junto con los requerimientos realizados previamente por el Tribunal de Cuentas. En las últimas páginas pueden consultarse directamente los funcionarios notificados, la documentación exigida y los plazos otorgados por el organismo de control.

Primer informe del Tribunal de Cuentas sobre las rendiciones de la Municipalidad de Guaymallén correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2026.

Calvente, los responsables señalados y dos vínculos dentro del control

El Tribunal identifica al contador general Sergio Fernando Ferri como responsable en varias observaciones. También señala a la directora de Rentas, Pamela Jofré, por la información de contribuyentes y recaudación pendiente. La responsabilidad política de responder por el funcionamiento del municipio recae sobre la gestión de Marcos Calvente.

Hay, además, dos vínculos institucionales que merecen una explicación pública. Diego Lázzaro, director de Innovación, es hijo de Marta Liliana Muñoz de Lázzaro, vocal del Tribunal de Cuentas. Innovación recibió el pedido municipal del 11 de septiembre para entregar el inventario de sistemas.

Según la información recogida por Ecos Mendocinos, la auditora firmante Estela Beatriz Artuso sería hermana de Miguel Ángel Artuso, subdirector de Parque Automotor. Un edicto oficial de 2010 menciona ambos nombres completos en una misma causa de cancelación de documentos hipotecarios.

¿Registró el Tribunal esos vínculos al organizar la auditoría de Guaymallén? ¿Qué criterios utilizó para asignar tareas y resguardar la independencia de sus controles? Son preguntas que se suman a las explicaciones contables reclamadas en el propio informe.

Calvente todavía tiene que mostrar cómo se reconstruyen los expedientes, cómo se concilian las cifras y cuándo estarán disponibles las bases faltantes. Mientras esas respuestas no aparezcan completas, los ocho apartados del Tribunal seguirán describiendo un problema que ningún cambio de organigrama puede resolver.

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El informe del Tribunal de Cuentas puede ser citado o difundido libremente como documento público. El análisis, la investigación, los cruces documentales y la redacción de esta nota pertenecen a Ecos Mendocinos y deben atribuirse al medio y a su autor.