Guaymallén: Rentas estuvo meses sin sistema y ahora cobra intereses e inhibe
Por Néstor Bethencourt
Contribuyentes denuncian intereses, inhibiciones y honorarios cercanos a $800.000 por abogado, después de meses intentando pagar tasas sin conseguirlo.
Rentas Guaymallén vuelve a quedar bajo cuestionamiento después de meses con problemas que impidieron a contribuyentes pagar normalmente sus obligaciones.
Ahora, cuatro testimonios directos recibidos por Ecos Mendocinos describen deudas incrementadas, intereses, inhibiciones y elevados honorarios profesionales.
Los relatos fueron recibidos por diferentes vías y presentan una llamativa coincidencia sobre el funcionamiento del mecanismo. Algunos afectados aseguran haber concurrido cuatro o cinco veces al Municipio buscando pagar, sin obtener una solución efectiva.
Cuando finalmente pudieron conocer nuevamente sus obligaciones, encontraron montos considerablemente superiores y consecuencias que ya excedían ampliamente la deuda original. Los cuatro testimonios conocidos mencionan además honorarios cercanos a $800.000 por cada abogado interviniente, pudiendo aparecer hasta dos profesionales en determinados casos.
Así, una deuda puede terminar acompañada por intereses, inhibiciones y hasta $1.600.000 solamente en honorarios profesionales, según los casos relatados.
Rentas Guaymallén: primero falló el sistema
La situación no puede analizarse como un simple incumplimiento del contribuyente, porque los antecedentes municipales muestran otra historia completamente diferente.
En marzo, Ecos Mendocinos reveló mediante expedientes internos que el sistema Gen Nómade había comenzado a funcionar con graves problemas. La documentación mostraba módulos incompletos, planes de pago inutilizables, saldos incorrectos y 555.878 cuentas corrientes sin número de boleto asociado.
Todavía había un dato mucho más relacionado con lo que ocurre actualmente: los módulos de Apremios y Deudores Varios ni siquiera habían sido migrados.
El sistema había sido contratado por aproximadamente $1.800 millones y debía encontrarse plenamente operativo durante enero de 2026. El archivo de investigaciones sobre sistemas informáticos de Guaymallén reúne actualmente 24 publicaciones sobre ese proceso.
Durante 2026, el propio Municipio terminó distribuyendo boletas en papel de varios bimestres acumulados y habilitando mecanismos para comunicar errores de facturación. Las boletas impresas llevan además el nombre de Marcos Calvente, mientras numerosos contribuyentes aseguran que nunca recibieron correctamente esa documentación.
La contradicción resulta difícil de ignorar: falló el sistema digital, hubo problemas con las boletas impresas y ahora aparecen intereses e inhibiciones por atrasos acumulados durante ese mismo período.
Luego llegó el incendio del Data Center municipal, ocurrido el 14 de abril, que profundizó una crisis tecnológica anterior. El archivo especial sobre el incendio reúne 16 publicaciones y documentos relacionados con sus consecuencias administrativas.
Por eso aparece una pregunta elemental: ¿cómo puede castigarse al contribuyente por un atraso generado mientras el propio sistema municipal impedía pagar correctamente?
De la deuda al negocio del apremio
La Ordenanza Tarifaria 2026 establece un interés resarcitorio del 3% mensual, divisible diariamente mientras permanezca impaga la obligación.
El problema aparece cuando ese interés corre durante períodos donde el vecino asegura que quiso cumplir, pero la administración no pudo cobrarle.
Después aparece otro circuito económico. El Poder Judicial de Mendoza explica que los recaudadores son abogados que representan organismos públicos durante juicios de apremio y ejecuciones fiscales. También reconoce que esos procesos pueden derivar en embargos e inhibiciones contra los contribuyentes alcanzados.
Por eso los aproximadamente $800.000 señalados repetidamente por las fuentes necesitan una explicación pública bastante más profunda.
¿Quiénes son actualmente los recaudadores de Guaymallén, quién los designó, cuántos expedientes reciben y cuánto dinero generan esos apremios?
No sería la primera vez que Ecos Mendocinos pone la lupa sobre las relaciones entre política, recaudadores y cobranzas estatales. En 2024, este medio investigó el doble cargo de Marcela Amarillo, entonces secretaria Legislativa y también recaudadora de ATM.
Amarillo no aparece vinculada hasta ahora con estos nuevos casos, pero aquel antecedente demuestra por qué el negocio alrededor de la cobranza pública necesita transparencia.
Guaymallén deberá explicar quién paga su fracaso
Ecos Mendocinos continuará analizando los testimonios recibidos, mientras algunos afectados evalúan actualmente qué medidas administrativas o judiciales adoptar.
También invitamos a otros contribuyentes atravesados por situaciones semejantes a acercar boletas, intimaciones, inhibiciones, liquidaciones, honorarios y constancias de intentos anteriores de pago.
Lo que ya resulta imposible borrar es la secuencia: hubo una migración fallida, sistemas que no permitían operar normalmente y posteriormente un incendio devastador.
Ahora aparecen vecinos diciendo que Guaymallén les cobra intereses porque no pagaron aquello que Guaymallén no pudo permitirles pagar.
Y detrás llegan los apremios, las inhibiciones y honorarios profesionales que pueden superar ampliamente el monto original reclamado.
La gestión de Marcos Calvente debe explicar si estamos frente a una herramienta extraordinaria para recuperar deudas legítimas o frente a un negocio alimentado por las propias fallas del Estado.
Los antecedentes completos pueden consultarse en el archivo general de investigaciones de Ecos Mendocinos, que reúne más de 500 publicaciones sobre Guaymallén.
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