Calvente también fracasa en salud: una compra atravesada por irregularidades en Guaymallén

Guaymallén necesitaba parches Primedic para sus desfibriladores, pero adjudicó primero a un proveedor que terminó reconociendo su falta de habilitación sanitaria. Tras ese fracaso, comprometió $20,5 millones con una empresa sumariada por ANMAT, JMG S.A. de Diego Martín Valle, cuya documentación contiene el CUIT de otro contribuyente.

Por Redacción

Una compra de insumos médicos en Guaymallén terminó convertida en una cadena de decisiones que desnuda el fracaso de los controles municipales. El gobierno de Marcos Calvente eligió primero a un proveedor sin habilitación sanitaria y, cuando esa contratación fracasó, adjudicó a su competidora. La segunda empresa también arrastraba graves antecedentes sanitarios y había presentado una resolución provincial con una identidad tributaria ajena.

El expediente permite reconstruir qué necesitaba el municipio, quiénes ofrecieron venderle y cómo una compra para atender emergencias cardíacas acumuló semejantes contradicciones.

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Febrero y abril: qué se compraba y quiénes se presentaron

El 26 de febrero de 2026, Salud pidió reemplazar los parches de los desfibriladores municipales, utilizados para asistir a personas durante un paro cardíaco. Solicitó 26 juegos Primedic SavePads PreConnect-Set, compatibles con los equipos existentes, con un presupuesto oficial de $19.783.400.

Los parches son los electrodos que se colocan sobre el cuerpo y conectan al paciente con el desfibrilador durante la asistencia. Su compatibilidad y disponibilidad forman parte de una respuesta que puede resultar decisiva para salvar una vida.

La compra se tramitó mediante la Licitación Pública 1044/2026, expediente EXP-4667-2026, posteriormente vinculado con el EXP-8145-2026. El 9 de abril se abrieron las ofertas de dos competidores, que ocuparían sucesivamente el lugar de adjudicatarios:

Ese mismo día, el presidente de JMG S.A. advirtió por escrito que su competidor carecía de habilitación sanitaria para comercializar esos insumos. Además, Driplan, distribuidora de Primedic en el país, autorizó únicamente a JMG S.A. para participar en esa licitación, agregando otro cuestionamiento sobre la provisión ofrecida.

Días después, el incendio del centro de datos municipal afectó la documentación: Compras informó que no podía acceder al correo ni incorporar archivos posteriores a la apertura.

Mayo: eligieron al más barato, aunque no podía comercializar los insumos

Antes de adjudicar, una inspección realizada el 5 de mayo por el Departamento de Farmacia del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza recorrió la domicilio brindado por Testini en Luzuriaga y no encontró productos médicos. La actuación sanitaria identificó expresamente su origen mediante la referencia «Denuncia JMG SA contra Matías Javier Testini».

Testini tenía una inscripción provincial con 137 rubros declarados en cinco páginas, incluyendo pasto, golosinas, armamento, helicópteros, muebles y equipamiento médico. Estar anotado para ofrecer semejante variedad no equivalía a contar con autorización sanitaria para vender productos destinados a la salud. La propia inscripción advertía que tampoco otorgaba capacidad económica, técnica y financiera para contratar con el Estado.

La constancia de ese proveedor vencía el 1 de mayo, pero la Comisión de Preadjudicación de Guaymallén afirmó diez días después que las inscripciones estaban vigentes. Firmaron Roberto Martín González y Ezequiel Lallana; al día siguiente, la propia Dirección de Asuntos Jurídicos no formuló objeciones al procedimiento.

Finalmente, Calvente adjudicó a Testini el 13 de mayo, pese a los cuestionamientos que ya habían ingresado al trámite municipal. La evaluación técnica de Salud, conducida por la directora de Salud de Guaymallén, Cristina Lucía Giménez, también había considerado que ambas propuestas cumplían con lo solicitado.

El 28 de mayo, el adjudicatario Testini reconoció que carecía de autorización sanitaria para adquirir o comercializar los insumos y renunció a la contratación. En su presentación señaló que el pliego no había exigido ese requisito, dejando expuesta otra falla elemental del procedimiento.

El municipio había seleccionado a alguien que terminó admitiendo que no estaba habilitado para comercializar lo que acababan de adjudicarle.

Junio y julio: reconstruyeron papeles y aparecieron antecedentes de la otra empresa

El 18 de junio, Ignacio Conte, secretario de Gobierno y Desarrollo Social, respaldó la incorporación de 136 hojas reconstruidas tras el incendio. Una constancia firmada por el mismo Conte estableció que esa intervención suplía y ratificaba las firmas digitales faltantes, permitiendo continuar con la tramitación del expediente.

Mientras el municipio procesaba el fracaso de la primera contratación, ANMAT publicó graves actuaciones sobre JMG S.A., la segunda oferente. El organismo nacional ya investigaba a esa distribuidora en abril, cuando consultó al representante legítimo sobre etiquetas encontradas en su establecimiento.

La Disposición 3862/2026 sobre la oferente JMG S.A., publicada el 26 de junio, VER EDICTO, documentó un instrumento quirúrgico sin registro sanitario ni respaldo de adquisición. También describió etiquetas de electrodos pediátricos con vencimiento en julio de 2026, aunque el lote original había vencido en febrero de 2022.

Según recoge la disposición, el representante legítimo identificó diferencias y concluyó que se trataba de insumos falsificados. ANMAT prohibió los productos identificados, abrió un sumario contra la empresa y su directora técnica y ordenó formular una denuncia penal. Estos hallazgos correspondían a otros productos médicos, diferentes de los parches Primedic que buscaba adquirir Guaymallén.

El 20 de julio, otra Disposición 4416/2026 (VER EDICTO) publicó otro sumario y canceló la autorización de JMG S.A. para distribuir entre jurisdicciones. La medida señalaba que su nuevo establecimiento, ubicado en Godoy Cruz 2626, ala oeste, no estaba autorizado nacionalmente.

A fines de julio, el municipio rescindió la adjudicación inicial y multó al primer proveedor (Testini) por $1.393.607,80, mediante el Decreto 2610/2026. También rechazó la impugnación de JMG S.A. y dispuso la pérdida de su garantía, aunque posteriormente terminaría contratando a esa misma empresa.

La documentación de JMG S.A. contenía el CUIT de otro contribuyente

Descartado el primer adjudicatario, el municipio avanzó con JMG S.A. y pidió acreditar la vigencia de su habilitación sanitaria antes de contratarla.

La distribuidora aportó certificados provinciales favorables para su establecimiento de Godoy Cruz 2626, el mismo domicilio observado por ANMAT. La autorización provincial permite comercializar dentro de Mendoza, conforme a la Ley 9537, mientras la medida nacional afectaba la distribución entre jurisdicciones. El expediente no documenta cómo evaluó el municipio aquellos antecedentes nacionales antes de resolver la nueva adjudicación.

Entre los papeles presentados aparece otra discordancia: la Resolución provincial 2347, del 29 de noviembre de 2024, que había autorizado el traslado del establecimiento. Identifica al presidente de la distribuidora, a sus responsables técnicos y al local mendocino, pero consigna dos veces el CUIT de otro contribuyente.

El segundo número corresponde a J.M.G. S.A., (con puntos entre las iniciales) identificada en publicaciones oficiales del registro de operadores de granos. Una ficha comercial consultada ubica a ese contribuyente homónimo en Pergamino, Buenos Aires, con actividad cerealera.

La copia presentada lleva firma y sello de Ariel Gustavo Corvera, apoderado de la distribuidora médica, y la resolución provincial identifica como firmante al ministro Rodolfo Montero. El documento atravesó la presentación empresarial y los controles municipales sin que el expediente incorpore una aclaración sobre esa diferencia tributaria.

Tampoco aparece una constancia específica de habilitación comercial municipal del establecimiento, aunque la empresa adjuntó un plano aprobado por la comuna.

Octubre: Calvente adjudicó por $20,5 millones y las contradicciones siguieron

El 21 de octubre, casi ocho meses después del pedido inicial de Salud, el Decreto 3636/2026 adjudicó la provisión a JMG S.A.. Las firmas de Calvente y Conte cerraron una contratación que terminó comprometiendo $6.605.222 más que la primera adjudicación, posteriormente rescindida.

La constancia de inscripción provincial de JMG S.A. vencía el 30 de junio, y el expediente tampoco incorpora una renovación que cubra octubre. Además, la oferta inicial proponía entrega inmediata, pero las notas posteriores establecieron 30 a 45 días desde la recepción de la orden de compra. Desde Salud del municipio se sostuvo que se mantenían las condiciones originales, mientras la orden final dejó vacío el casillero del plazo de entrega.

Después de la compra de muebles modificada tras una impugnación, esta licitación vuelve a exhibir cómo fallan sucesivamente las áreas que deberían proteger los recursos públicos. Hubo intervención de Compras, Salud, la comisión evaluadora, Asuntos Jurídicos y el Ejecutivo, pero las contradicciones sobrevivieron hasta la adjudicación final.

Calvente exige sacrificios a los trabajadores mientras su administración fracasa en controles básicos de una compra destinada a atender emergencias cardíacas. La incompetencia tiene consecuencias y, en este expediente, también tiene documentos, responsables y la firma del intendente.