Guaymallén: vecinos y empleados cada vez peor, pero Calvente compra muebles por $102 millones

Mientras ajusta a los trabajadores y acumula reclamos por obras, la gestión adjudicó 407 muebles, incluidos 116 sillones ejecutivos. Una impugnación obligó a modificar la compra ya adjudicada y dejó expuestas las fallas de los controles municipales.

Por Néstor Bethencourt

En Guaymallén, el ajuste golpea al trabajador y el contribuyente sigue pagando por obras cuyos resultados debe salir a reclamar. En ese escenario, Marcos Calvente comprometió $102.351.278 para comprar 407 muebles, incluidos 116 sillones ejecutivos, cien escritorios y ochenta armarios.

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La contratación fue solicitada por la Dirección de Obras por Administración (DOA) para distintas dependencias, mientras el municipio acumulaba conflictos salariales y reclamos vecinales. La decisión exhibe una administración obscena y desconectada de las prioridades de quienes trabajan para ella y de quienes la financian.

Pero la compra también dejó expuesto otro problema: un proveedor impugnó su exclusión y consiguió modificar una adjudicación que ya estaba aprobada. El municipio terminó admitiendo que había evaluado equivocadamente su oferta, después de tramitar una licitación que debía garantizar una selección correcta.

Para los trabajadores hay ajuste; para las oficinas, millones

Ecos Mendocinos documentó recortes de ingresos laborales y gastos millonarios que pusieron bajo discusión el destino de los recursos municipales. El conflicto por los bonos terminó con el acuerdo del 28 de octubre, cuyos pagos extraordinarios se distribuyeron entre noviembre y enero.

La explicación oficial del municipio apeló a reorganizar recursos y preservar las cuentas públicas, argumentos que también deben aplicarse a sus compras. Exigir sacrificios salariales mientras se sostiene semejante adquisición de mobiliario merece una explicación que los trabajadores puedan conocer y discutir.

Los vecinos también tienen motivos concretos para cuestionar el orden de prioridades del intendente y de los funcionarios que impulsaron esta contratación. En avenida Mitre aparecieron roturas del pavimento nuevo y reclamos por conexiones pendientes, mientras la biblioteca Almafuerte mostró filtraciones después de su restauración.

El 5 de octubre, este medio publicó advertencias sobre certificaciones demoradas en la obra de calle Urquiza, vinculadas por sus fuentes con dificultades de pago. Según aquella información, Tolcon habría realizado trabajos cuya certificación no avanzaba porque la Municipalidad no tendría fondos para afrontar el compromiso.

Frente a ese panorama, comprar muebles por $102 millones resulta una decisión desubicada si el Ejecutivo no demuestra una necesidad impostergable.

Qué compró Guaymallén y quién debe justificarlo

La compra de muebles en Guaymallén corresponde a la Licitación Pública 1079/2026, tramitada mediante el expediente EXP-10316-2026, con las siguientes cantidades:

Las especificaciones fueron firmadas el 3 de junio por Daniel Morales, director de DOA; la primera adjudicación se aprobó el 12 de agosto. La contratación comenzó antes del conflicto salarial de octubre, pero su modificación fue firmada por Calvente durante ese mismo mes.

Seis sillones ejecutivos de respaldo alto fueron adjudicados por $1.680.000, equivalentes a $280.000 cada uno; otros 110 completan esa categoría. Las piezas revisadas no detallan qué oficina recibirá cada bien ni permiten establecer cuántos reemplazan muebles que todavía podrían utilizarse.

El municipio debe explicar esa distribución, la urgencia de las cantidades y si evaluó reparar, reutilizar o comprar por etapas. La adjudicación compromete recursos, aunque los documentos analizados no acreditan que la totalidad del dinero ya haya sido pagada.

DOA, además, arrastra el antecedente de una auditoría con faltantes en 72 de las 113 clases de productos revisadas en su depósito. Ese resultado exige mayores controles sobre el área que solicita compras y administra bienes municipales.

Lafuente reclamó y obligó a corregir lo que ya habían aprobado

Arturo Lafuente, representante de Lafuente Muebles, impugnó el rechazo de su propuesta porque sostenía que cumplía los requisitos y ofrecía mejores precios. El reclamo consiguió que suspendieran la adjudicación y que DOA reconociera un error de apreciación material en la evaluación técnica.

Tras aceptar parcialmente la impugnación, la Municipalidad modificó el resultado mediante el Decreto 3643/2026, firmado por Calvente el 21 de octubre. Ramiro García, secretario de Obras y Servicios Públicos, incorporó su firma al día siguiente.

Lafuente obtuvo cuarenta armarios altos y cien escritorios por $44.170.000, una provisión de 140 unidades que antes había recibido otro proveedor. El total adjudicado bajó de $102.771.063 a $102.351.278, una diferencia de $419.785, además del cambio en la elección de proveedores.

El mérito de reclamar corresponde a Lafuente, cuya actuación consiguió revisar una exclusión equivocada que la administración ya había dado por válida.

Una compra fuera de lugar y controles que llegaron tarde

El procedimiento involucró a DOA, Asuntos Jurídicos, la Comisión de Preadjudicación, Finanzas y al Ejecutivo, que terminó aprobando la modificación. Que debieran corregir una adjudicación por una evaluación equivocada demuestra que los controles previos no evitaron ese error, pese a las instancias intervinientes.

Calvente debe identificar quién evaluó mal y qué verificó cada oficina, además de aplicar ese examen a otras licitaciones cuestionadas. El portal oficial de compras permite consultar convocatorias; el control ciudadano también necesita informes técnicos y fundamentos completos de las adjudicaciones.

Los hechos muestran fallas concretas; determinar si existieron responsabilidades adicionales exige revisar las actuaciones y las decisiones de cada funcionario. La responsabilidad política, en cambio, ya tiene destinatario: el intendente que sostiene esta compra mientras exige sacrificios al empleado y al contribuyente.

Comprar mobiliario en semejante contexto, sin explicar por qué debía tener prioridad, constituye una falta de respeto hacia quienes soportan la crisis. Calvente debe gobernar para resolver sus problemas, y demostrar que las necesidades de los vecinos pesan más que el equipamiento de las oficinas.