Guaymallén: en Secretaría de Obras, todo normal: familia, contratos millonarios y denuncias de saqueo

Buena parte de la estructura viene de la gestión Iglesias, cuando Marcos Calvente conducía Obras. Hoy se cruzan familiares, contratados privilegiados, vehículos oficiales, depósitos, licitaciones millonarias y empleados que denuncian persecución, maltrato y beneficios para quienes saben callar.

Por Néstor Bethencourt

Esta publicación se demoró más de lo previsto. No porque faltara información, sino exactamente por lo contrario. Cada expediente relacionado con la Secretaría de Obras terminaba conectado con otro contrato, otro funcionario, otro vehículo, un familiar o alguna denuncia anterior. Probablemente sea una de las dependencias más difíciles de revisar de Guaymallén porque concentra millones, maquinarias, combustible, materiales, cuadrillas, proveedores y uno de los depósitos municipales con mayor movimiento.

Esta investigación demandó muchas horas de revisión de antecedentes, documentos y testimonios acumulados durante años. Gracias a quienes ayudan a sostener este trabajo independiente y deciden colaborar con Ecos Mendocinos mediante Cafecito.

Tampoco se trata de una estructura nueva. Durante los ocho años de Marcelino Iglesias, Marcos Calvente fue secretario de Obras y Servicios Públicos antes de convertirse en intendente en diciembre de 2023. Hoy ese lugar está ocupado por Ramiro García, mientras Daniel Eduardo Morales dirige Obras por Administración (DOA). La nómina oficial confirma ambos cargos y recuerda además que García anteriormente fue director de la misma DOA.

El cambio de Iglesias a Calvente no significó una renovación profunda en ese sector. Muchos nombres permanecieron, algunos ascendieron y otros simplemente cambiaron de escritorio. Buena parte del equipo actual creció precisamente dentro de aquella Secretaría manejada por el actual intendente.

García y Morales: juntos desde mucho antes de los cargos

Ramiro García y Daniel Morales no comenzaron a relacionarse dentro de un despacho municipal. Fuentes que conocen a ambos desde hace años describen una relación personal extremadamente cercana, construida cuando ninguno tenía la posición económica que posee actualmente. Morales, técnico electromecánico, habría realizado junto con García trabajos eléctricos particulares en viviendas. Aquellos tiempos en los que, según una fuente, “ninguno ganaba un mango” quedaron muy lejos: hoy ocupan consecutivamente dos de los principales niveles de conducción de Obras.

La trayectoria política y administrativa de García sí está documentada. La investigación de Ecos Mendocinos sobre el Cine Recreo reconstruyó que, cuando Calvente era secretario de Obras bajo Iglesias, García ya ocupaba la Dirección de Obras Municipales. Años después terminó convertido en secretario de la misma estructura. La investigación sobre el contrato del Cine Recreo Ecos Mendocinos

García no llegó entonces a una Secretaría desconocida. Se formó, ascendió y terminó controlando una estructura que conoce desde adentro y que Calvente condujo durante años. Morales, su amigo de vieja data y cuñado según las fuentes, quedó inmediatamente debajo al frente de DOA.

Una cuñada dentro de DOA y vehículos alrededor de la familia

El 17 de noviembre de 2025, una actuación municipal solicitó asignar funciones de Técnica Administrativa a Danila María Florencia Moreno dentro de Obras por Administración. El trámite está dirigido a García y aparece firmado electrónicamente por Morales. Fuentes del sector identifican a Moreno como cuñada del actual director y secretaria dentro de su estructura inmediata.

Los mismos trabajadores describen importantes flexibilidades respecto de sus tareas y asistencia. El señalamiento coincide con una queja repetida dentro de DOA: el presentismo y las exigencias no funcionarían de la misma manera para todos.

El caso se cruza además con vehículos oficiales. En septiembre, Ecos Mendocinos documentó que Obras por Administración pidió retirar el GPS de un Chevrolet Corsa utilizado habitualmente por Elías Viudez, capataz general del Centro Operativo Los Troncos, aunque la unidad continuaba operativa. Pocos días después, Morales pidió reparar urgentemente su motor. La misma investigación recogió testimonios sobre un Renault Clio municipal que permanecería habitualmente alrededor del domicilio de Morales y sería utilizado por su cuñada.

Combustible, seguro, mantenimiento y reparaciones se pagan con recursos públicos. Por eso la discusión excede quién conduce un vehículo: la cuestión es qué criterios autorizan esos usos mientras otros trabajadores aseguran estar sometidos a controles permanentes.

Juan Carlos Sabina: $1,9 millones y un histórico hombre del depósito

Otro vínculo conduce directamente hacia García. Juan Carlos Sabina, su suegro, ingresó como contratado durante la gestión de Iglesias, según fuentes municipales, y terminó ocupando responsabilidades vinculadas con Depósito y el sistema de stock. Los testimonios atribuyen su incorporación al propio García y recuerdan que durante años concentró un conocimiento importante sobre existencias y movimientos de materiales.

Actualmente, Sabina continúa contratado por aproximadamente $1.900.000 mensuales, de acuerdo con información salarial aportada a esta redacción. Sin embargo, empleados consultados sostienen que desde hace tiempo resulta difícil verlo desarrollando una rutina regular dentro de la dependencia. Durante una primera etapa se explicó internamente que trabajaba desde su domicilio; después pasaron los años y su presencia se volvió cada vez menos visible.

La situación resulta especialmente sensible porque Sabina estuvo ligado precisamente al sector donde hoy aparecen problemas documentados de trazabilidad. También contrasta con el escenario salarial del resto del personal: durante septiembre, trabajadores comenzaron a denunciar reducciones en adicionales y enviaron cartas documento contra la aplicación del Decreto 2746/2026.

Persecución, maltrato y una regla interna: callarse también tendría premio

Este aspecto no puede quedar como una anécdota laboral porque ayuda a entender cómo se sostiene una estructura durante años. Empleados de Obras describen maltrato, persecuciones, cambios de tareas, aislamiento y utilización de componentes salariales como mecanismo de presión. Cuestionar determinadas decisiones tendría costo.

Las fuentes mencionan empleados cercanos a la conducción con porcentajes elevados de Mayor Dedicación y hasta 40 unidades de servicio. Esos beneficios pueden corresponder legítimamente por funciones o carga horaria; Lo que los empleados cuestionan es la forma de distribuirlos y la relación que observan entre cercanía, silencio y beneficios.

En sentido inverso, quienes incomodan relatan inspecciones, modificaciones funcionales y dificultades salariales. Ese temor ayuda a explicar por qué tantas fuentes aceptan aportar documentos pero piden expresamente preservar su identidad.

Dentro de Obras, varios lo expresan con una frase bastante más sencilla: callarse también paga.

Si poner objeciones puede costar dinero, tranquilidad o funciones mientras acompañar mantiene beneficios, el problema deja de ser solamente laboral. Ese mecanismo puede afectar directamente la calidad de los controles sobre contratos, materiales y fondos públicos.

Gasoil, asfalto y estabilizado: denuncias frente a un stock todavía manual

Entre los testimonios recibidos aparecen acusaciones todavía más graves sobre movimientos de gasoil, asfalto, estabilizado y otros materiales municipales. Algunas fuentes utilizan directamente la palabra “saqueo” y señalan supuestas protecciones internas.

Pero dos expedientes de septiembre introducen un dato objetivo particularmente incómodo.

El EXP-18123-2026, del 14 de septiembre, informó al director de Innovación Diego Lázzaro que Almacén y Suministro de DOA administraba más de 3.000 productos diferentes y entre 30 y 50 movimientos diarios hacia mantenimiento, movimiento de suelos, Miguel Zotto y otras dependencias.

La migración hacia GEN Nómade llevaba semanas esperando. Los productos enviados no se reflejaban correctamente, faltaban artículos dentro de la base y las respuestas recibidas no ofrecían una solución clara. Entretanto, las entregas continuaban registrándose mediante planillas manuales, con nombre de quien retiraba, fecha, horario y destino.

El EXP-18123-2026 reconoce más de 3.000 productos, entre 30 y 50 movimientos diarios y registros manuales mientras continuaba la migración a GEN Nómade.

Ante la demora, el sector planteó cargar nuevamente cada producto uno por uno, utilizando inicialmente una cantidad estimada y un valor provisorio de $1, para revisar después las existencias reales y efectuar los ajustes.

Ocho días después, el EXP-18829-2026 informó a Daniel Morales que todavía quedaban materiales fuera de la base. La finalidad era terminar las migraciones para recién entonces “poner operativo el sistema en nuestra área”.

Ecos Mendocinos ya había documentado la fallida migración de Nómade en Rentas y posteriormente nuevas advertencias sobre Tesorería, Contaduría y Patrimonio.

Luis Manzano: el único desplazamiento visible y las firmas que habría rechazado

Dentro de una estructura dominada por la continuidad, Luis Manzano representa el cambio más llamativo. Ingeniero civil, fue director de Obras por Administración y posteriormente perdió esa conducción, que terminó en manos de Morales.

Fuentes internas coinciden en una explicación bastante más incómoda que una reorganización administrativa. Sostienen que Manzano comenzó a negarse a firmar expedientes que consideraba comprometidos. Entre ellos mencionan actuaciones relacionadas con SUMSA, una contratación de bacheo y posteriormente operaciones vinculadas con luminarias.

El dato político-administrativo es concreto: Manzano dejó de conducir DOA y otras personas comenzaron a poner las firmas en actuaciones relevantes.

Manzano continúa dentro de la estructura. Algunos trabajadores interpretan esa permanencia de manera todavía más áspera: sostienen que mantenerlo adentro permitiría contener una posible ruptura y evitar que explique públicamente determinadas decisiones.

Lo verificable es suficiente para seguir preguntando: ¿qué expedientes rechazó?, ¿qué observó?, ¿quién terminó continuándolos?

Uno de los casos señalados por esas fuentes, el bacheo, ya puede revisarse documentalmente.

Bacheo: $122,9 millones, materiales municipales y una segunda empresa ejecutando

El EXP-10027-2026 comenzó el 11 de mayo y quedó dirigido al secretario Ramiro García. La contratación contempló 3.000 metros cuadrados de bacheo por $122.980.530, adjudicados a Astra Capital SAS a $40.993,51 por metro cuadrado.

La Municipalidad aportaba además los principales materiales: estabilizado granular, emulsión asfáltica y mezcla asfáltica, retirados desde el depósito Miguel Zotto. El análisis de precios los registra sin costo parcial para la empresa y construye el valor fundamentalmente sobre mano de obra, equipos y coeficientes del convenio. El pliego exige además un camión volcador de ocho metros cúbicos, mientras ese análisis computa uno de seis.

Después apareció ASFALT-ART SAS. Astra solicitó autorización para subcontratarla describiendo inicialmente tareas de reacondicionamiento de marcos y tapas de registro. Asuntos Jurídicos exigió acreditar la idoneidad jurídica, técnica y contable de la empresa y la subcontratación terminó autorizada.

Sin embargo, la documentación de seguridad de ASFALT-ART describe trabajos bastante más amplios: bacheo, corte, reparación y rellenado de asfalto. La primera certificación terminó registrando 1.369,92 metros cuadrados ejecutados entre el 20 y el 31 de julio por $56.157.829,22, mientras el expediente identifica expresamente personal perteneciente a ASFALT-ART. La factura, en cambio, fue presentada por Astra Capital y la conformidad identifica a Daniel Morales como director de DOA. EXP-13521-2026

La subcontratación estaba permitida y fue autorizada. La pregunta no es si podía existir, sino qué hizo realmente cada empresa y qué valor agregó Astra entre el municipio y quien aparece colocando operarios en la calle.

Además, cada bache debía quedar registrado mediante otro sistema cuestionado: Muni Digital, con fotografía y superficie ejecutada, mientras la Inspección de DOA debía contrastar la información antes de certificar. Esa trazabilidad debería permitir mostrar uno por uno los 1.369,92 metros cuadrados pagados.

Cine Recreo: otros $96,4 millones bajo la firma de García

El bacheo no es un episodio aislado. Meses antes, García había impulsado el EXP-6553-2026 del Cine Recreo, una contratación directa por $96,4 millones con Valletta Consultores. La operación contempló $45,8 millones para proyecto técnico y acústico, otros $50,6 millones para supervisión y un anticipo del 40 %, equivalente a $38,56 millones.

Solamente Cine Recreo y bacheo superan así los $219 millones. A eso se suman otras líneas: luminarias, generadores y equipamiento, además de testimonios que mencionan a Bruno Denaro entre quienes habrían terminado firmando determinadas actuaciones y a Nokca Ingeniería dentro de adquisiciones que merecen una revisión específica.

La pregunta de fondo, sin embargo, es siempre la misma: quién decide, quién firma, quién controla y quién responde.

Currenti: otra historia de Obras, materiales y controles

El antecedente de Alejandro Currenti vuelve inevitablemente sobre esta Secretaría. La causa reabierta durante 2026 colocó bajo análisis hechos ocurridos durante la gestión Iglesias, cuando Calvente encabezaba Obras y Servicios Públicos.

Aquella investigación también involucró materiales aportados por el municipio y cuestionamientos sobre su registración y destino, cuando Calvente encabezaba precisamente la Secretaría responsable de Obras.

Y también ayuda a entender por qué empleados actuales prefieren entregar información en silencio. En una estructura donde existen antecedentes de conflictos, sumarios y hostigamientos denunciados, poner el nombre propio detrás de una acusación puede significar un costo laboral que muchos no están dispuestos a asumir.

Muchos viven alrededor de Obras; pocos parecen auditarla de punta a punta

Leídos por separado, casi todos estos episodios admiten una explicación administrativa. Un funcionario puede contratar familiares sin que exista necesariamente una ilegalidad. Un vehículo puede necesitar reparación. Una empresa puede subcontratar. Un sistema puede demorarse. Un contratado puede trabajar a distancia. Un director puede ser reemplazado.

El problema aparece cuando todo se coloca sobre la misma mesa.

García y Morales mantienen una relación personal de décadas y actualmente ocupan dos niveles consecutivos de poder. Fuentes los identifican además como familiares. Danila Moreno, también familiar de Morales según esos testimonios, trabaja dentro de DOA. Juan Carlos Sabina, suegro de García, continúa contratado por aproximadamente $1,9 millones y tuvo funciones históricas sobre depósito y stock.

Mientras tanto, empleados denuncian maltrato, persecución, criterios salariales selectivos y beneficios para quienes acompañan sin cuestionar. Más de 3.000 productos continuaron moviéndose mediante registros manuales mientras GEN Nómade todavía no estaba operativo en el sector. Sobre ese mismo universo existen denuncias por gasoil, asfalto y estabilizado.

Manzano perdió la Dirección después de que, según fuentes, comenzara a rechazar expedientes. El bacheo movilizó $122,9 millones y terminó con ASFALT-ART apareciendo en la ejecución mientras Astra facturaba. Cine Recreo sumó otros $96,4 millones mediante contratación directa. Parque Automotor y Control de Gestión arrastran años de expedientes y publicaciones sobre talleres, vehículos, GPS y auditorías.

Y buena parte de los protagonistas ya estaba dentro del sistema cuando Iglesias era intendente y Calvente manejaba Obras.

No estamos frente a una administración recién llegada intentando ordenar una dependencia desconocida.

Llevan años dentro de la casa.

Todo normal, hasta que alguien cruza los expedientes

La Municipalidad tiene herramientas suficientes para despejar buena parte de estas dudas.

Lo que no aparece hasta ahora es una auditoría integral que cruce personal, familiares, adicionales, stock, combustible, vehículos, proveedores y contrataciones a lo largo de todos estos años. No una revisión cuando estalla cada episodio, sino un control capaz de mirar la estructura completa.

Algunos empleados utilizan la palabra “saqueo” para describir lo que aseguran haber visto. Esa acusación corresponde a las fuentes y cada hecho deberá probarse individualmente.

Pero tampoco hace falta asumir esa palabra como propia para advertir el problema.

Hay demasiado dinero, demasiados materiales, demasiadas relaciones cruzadas y demasiados años de continuidad para que el control siga dependiendo de expedientes aislados y empleados que sólo se animan a hablar en secreto.

En la Secretaría de Obras de Guaymallén, está todo mal.