Guaymallén: la maratón de los vivos y una rendición imposible

El intendente Marcos Calvente y Emiliano De Marco, funcionario municipal vinculado con la organización, aparecen inscriptos gratuitamente. Los empleados municipales solamente tenían anunciado un descuento del 10%.
Por Néstor Bethencourt
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En Guaymallén, los empleados municipales podían pagar la maratón con un descuento anunciado del 10%. El intendente, funcionarios municipales y una autoridad provincial directamente corrieron gratis. Esa diferencia resume quién cumplió las reglas y quién recibió un privilegio sin explicación.
La investigación corresponde a la Under Armour Guaymallén 21K, realizada el domingo 9 de agosto de 2026 en el Predio de la Virgen. La competencia incluyó recorridos de 21K, 10K y 5K, bajo la organización municipal y la contratación de Esfuerzo Deportivo.
La Dirección de Recursos Humanos publicó en su momento que los trabajadores municipales accederían a un beneficio exclusivo del 10%. Para obtenerlo debían comunicarse con la Subdirección de Deportes del municipio y completar el procedimiento indicado. Hubo empleados que utilizaron ese mecanismo y pagaron sus inscripciones.

Mientras algunos trabajadores municipales abonaron, Marcos Calvente corrió gratuitamente los 21 kilómetros, cuya inscripción costaba 40.000 pesos. También fue liberado del pago Emiliano De Marco, subdirector municipal de Deportes y responsable del área organizadora. El listado incluye además a Maximiliano Azcurra, coordinador de Comunicación del Concejo Deliberante.
Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza, tampoco pagó su participación en los 21 kilómetros. María Luz Pravata, representante de Mendoza Plaza Shopping durante la presentación de la competencia, también aparece entre las gratuidades. El centro comercial fue presentado oficialmente como uno de los organizadores del evento.
Los empleados debían solicitar un descuento y pagar el resto. Algunas autoridades vinculadas directamente con la competencia recibieron una liberación total. El expediente no contiene una resolución que autorice esas invitaciones, establezca cupos o explique el criterio utilizado.
Los vivos de siempre llegaron primero
Una invitación institucional puede resultar razonable cuando existe una finalidad deportiva, promocional o comercial debidamente acreditada. Aquí las gratuidades aparecen escondidas dentro de una enorme planilla, identificadas mediante el código L1B3R4D0S. Ninguna autoridad dejó asentado quién confeccionó la nómina ni quién asumió la decisión política.
La diferencia con los empleados municipales resulta todavía más obscena. Quienes cobran del municipio debían pagar; quienes gobiernan, organizan o integran el círculo institucional fueron liberados del pago.
La rendición incorpora además 16 inscripciones mediante un código aparentemente relacionado con el beneficio municipal. Sin embargo, los importes contradicen la comunicación oficial, porque el descuento aplicado fue realmente del 15%. Una inscripción de 40.000 pesos quedó en 34.000, otra de 35.000 bajó a 29.750 y las entradas de 30.000 terminaron costando 25.500.
El expediente tampoco explica esa diferencia ni identifica formalmente a los beneficiarios como empleados municipales. Hasta el descuento comunicado por el propio municipio terminó ejecutándose con números distintos.
Gallo volvió y las irregularidades también

Marcelo Gallo, titular de Esfuerzo Deportivo, fue contratado por 21,8 millones de pesos para organizar integralmente la competencia. Su empresa debía gestionar inscripciones, dorsales, chips, seguimiento, resultados, medallas y elementos destinados a cada corredor.
Ecos Mendocinos ya había revelado irregularidades durante otra carrera organizada por el mismo proveedor en 2024. La investigación “Guaymallén Running: la corrupción donde no corre, vuela” mostró remitos tardíos, documentación reclamada y recursos difíciles de comprobar.
Dos años después, la Municipalidad repitió el organizador, aprobó otra rendición defectuosa y consideró cumplidas todas las prestaciones. La impunidad aparece justamente allí: los antecedentes estaban publicados, las fallas anteriores eran conocidas y nadie fortaleció los controles.
La nueva documentación contiene personas duplicadas, documentos registrados como 1 y 12, edades incompatibles y nacimientos ubicados en siglos diferentes. También existen fechas futuras, operaciones pendientes y gratuidades repetidas para una misma persona.
Guaymallén tuvo por cumplido el servicio pese a semejante contaminación. Nadie incorporó una auditoría que relacionara cada inscripción con su pago, dorsal, chip, kit y resultado deportivo.
Casi la mitad recibió algún beneficio
La rendición contiene 1.195 registros, distribuidos entre 826 pagos aprobados, 365 gratuidades y cuatro operaciones pendientes. Dentro de los pagos aparecen 211 inscripciones alcanzadas por códigos o descuentos de diferentes características.
Solamente 615 registros pagaron aparentemente la tarifa completa, equivalentes al 51,5% del listado general. Otros 211 abonaron valores reducidos y 365 fueron incorporados sin pagar absolutamente nada. Así, el 48,2% recibió algún beneficio.
Las gratuidades representan inscripciones valuadas en aproximadamente 12.625.000 pesos. Los restantes descuentos agregarían cerca de 722.500 pesos, llevando los beneficios nominales hasta 13.347.500 pesos.
La cifra no constituye automáticamente una pérdida definitiva, porque debería demostrarse cuántos lugares gratuitos podían venderse. Sin embargo, el expediente carece de autorizaciones, convenios, contraprestaciones y criterios capaces de justificar semejante volumen.
La recaudación bruta informada alcanzó 28.191.500 pesos. Después de descontar las comisiones, Guaymallén recibió 25.709.379 pesos y destinó 21,8 millones al contrato de Gallo. La contratación absorbió el 84,8% de todo el ingreso neto declarado.
Corredores cronometrados fuera de la rendición
Esfuerzo Deportivo publicó posteriormente los resultados con dorsales, categorías, posiciones y tiempos. Allí aparecen 1.153 corredores que completaron alguna de las tres distancias habilitadas.
El cruce inicial detectó más de un centenar de corredores cronometrados sin correspondencia nominal clara dentro de la rendición económica. Las diferencias ortográficas y posibles reemplazos deberán depurarse, pero numerosos nombres carecen de cualquier coincidencia razonable.
Cada participante cronometrado necesitó un dorsal y un chip reconocido por el sistema. Si esas inscripciones fueron cobradas, el dinero debía incorporarse a la recaudación transferida al municipio. Si fueron regaladas, también debían aparecer entre las gratuidades declaradas. No sucedió.
El valor máximo de esas inscripciones alcanzaría 3.525.000 pesos, tomando los precios completos de cada distancia. La cifra requiere confirmación individual, pero expone otra posible afectación económica que Guaymallén jamás se ocupó de conciliar.
Entre los resultados aparece incluso un corredor cuyo único registro económico continúa como pago pendiente. Terminó los 10 kilómetros con dorsal y tiempo oficial, aunque su pago de 35.000 pesos nunca figura aprobado.
Si pagó posteriormente, ese dinero debía incorporarse a la rendición y transferirse al municipio. Si participó gratuitamente, su beneficio tampoco fue declarado entre las liberaciones. En cualquiera de ambas posibilidades, la recaudación aprobada resulta incorrecta.
Propaganda de miles y cuentas sin control
La publicación oficial de Guaymallén habló de miles de personas en el Predio de la Virgen. Las redes municipales fueron más lejos y aseguraron que habían participado “miles de corredores”.
Los resultados de la propia empresa contratada muestran solamente 1.153 llegadas. La propaganda municipal habló de miles, pero la empresa contratada solamente registró 1.153 llegadas.
Los empleados pagaron, algunas autoridades corrieron gratis y el proveedor cobró nuevamente pese a una rendición llena de agujeros. Nadie explicó los privilegios, nadie concilió las bases y nadie verificó todos los ingresos.
Guaymallén presentó la carrera como una fiesta del esfuerzo y la competencia saludable. Su documentación muestra algo bastante más conocido: reglas para los trabajadores, beneficios para los funcionarios e impunidad para quienes manejan el dinero público.
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