El Concejo Deliberante de Guaymallén declaró una “emergencia ambiental y sanitaria” para el basural de Puente de Hierro, pero el problema tiene décadas y pocas respuestas reales. Por Néstor Bethencourt
Guaymallén cierra
El expediente A-EE-7288-2025, iniciado el 20 de mayo por la Dirección de Ambiente y Energía de la Municipalidad de Guaymallén, derivó en la aprobación acelerada de la Ordenanza N° 10209, que el 5 de junio declaró la emergencia ambiental y sanitaria en la gestión de residuos del departamento. La votación de la Ordenanza fue aprobada por unanimidad.
El texto pretende poner fin al desastre que representa el basural a cielo abierto de Puente de Hierro, una postal crónica de contaminación, informalidad y omisiones. Varias notas al respecto hemos publicado en Ecos Mendocinos.
La ordenanza establece —al menos en el papel— el cierre inmediato y definitivo del vertedero, la remediación del predio, la toma de posesión del terreno mediante compra o expropiación, y el traslado de los residuos al relleno sanitario de El Borbollón, en Las Heras.
También se menciona una serie de promesas recicladas: más campañas de concientización, puntos verdes, fortalecimiento del reciclaje y un programa de inclusión social para los cartoneros.
Pero lo que se presenta como un “nuevo comienzo” en la política ambiental de Guaymallén, huele más a maquillaje verde que a transformación estructural.
La pregunta es inevitable: ¿por qué recién ahora se declara una emergencia por un basural que lleva más de veinte años en funcionamiento irregular, sin controles serios y con impacto ambiental comprobado?
Veinte años de pasividad no se borran con una ordenanza
Según el propio expediente, el basural ocupa unas 25 hectáreas y funciona sin medidas de contención: no hay impermeabilización del suelo, ni cobertura diaria, ni control de lixiviados, ni gestión de gases. La napa freática está a apenas tres metros de profundidad y ya se constató la contaminación de aguas subterráneas.
Las quemas, espontáneas o no tanto, liberan gases tóxicos y las plagas proliferan en medio del caos: roedores, insectos, aves carroñeras. Una bomba sanitaria que todo el mundo vio explotar en cámara lenta.
A esto se suma el aspecto social. Más de 100 personas —se calcula entre 100 y 150— sobreviven como recicladores informales en ese predio, sin registro, sin cobertura, sin derechos.
El manejo de los residuos tiene un claro patrón de informalidad extrema, y la comercialización de materiales reciclables ha sido históricamente controlada por los propietarios del predio, lo que alimenta un circuito de precarización que nunca fue auditado ni interrumpido por el Estado.
Legalidad selectiva: entre las leyes y la inercia
La normativa ambiental vigente es clara, y Guaymallén la incumple desde hace años. La Constitución Nacional, la Ley 25.916, la Ley Provincial 5970 y múltiples resoluciones provinciales prohíben expresamente la existencia de basurales a cielo abierto y exigen sistemas de gestión integral, certificados anuales de habilitación y sitios aprobados para disposición final. Nada de eso se cumple en Puente de Hierro.
Ya en agosto de 2023, la Municipalidad fue intimada por la Subsecretaría de Ambiente de Mendoza a cerrar el basural en 45 días, con fundamento en la Resolución RESOL-2023-343-E-GDEMZA-SAYOT. No lo hizo. Ni en 45 días ni en 450.
Ahora, dos años después y frente a un escenario más complicado, aparece esta ordenanza que no introduce novedades técnicas ni plazos demasiado ambiciosos, pero permite declarar una emergencia… sin hacerse cargo del tiempo perdido.
¿Expropiación o maquillaje legal?
Uno de los puntos más llamativos de la ordenanza es el mandato de tomar posesión del terreno en un plazo de 60 días. Ya sea por compra o por expropiación, se busca legalizar el uso de un predio privado que la Municipalidad ha utilizado irregularmente durante años, sin pagar y sin rendir cuentas.
La medida parece más una jugada para evitar futuros litigios o denuncias judiciales que una política ambiental genuina. Convertir una apropiación de hecho en una tenencia legal es hábil, pero no necesariamente legítimo.
Además, el expediente incluye documentación que intenta mostrar solidez técnica y respaldo institucional: informes del INTI sobre un parque solar, proyectos de ArgenINTA, antecedentes de ordenanzas municipales, pedidos de informes de la Cámara de Diputados, e incluso un oficio de la Unidad Fiscal de Delitos no Especializado.
Hay una carta documento enviada por los dueños del terreno y menciones al convenio con AVINA, ONG que desde hace años promueve el reciclaje inclusivo. Pero todo ese andamiaje documental no disimula lo esencial: el Estado municipal actuó en la más absoluta irregularidad durante décadas.
La solución mágica: trasladar la basura
La ordenanza también autoriza a enviar los residuos de Guaymallén al relleno sanitario de El Borbollón. Pero no está claro si hay un convenio vigente, si hay capacidad operativa para asumir ese volumen, o si se hizo algún estudio de costos logísticos.
Además, el traslado no elimina el problema ambiental ni lo “cura”: remediar un basural de más de dos décadas implica una inversión millonaria, estudios de impacto ambiental, seguimiento de napas, control de gases y años de trabajo técnico sostenido. Nada de eso aparece detallado en el expediente. Solo se menciona que el Ejecutivo deberá presentar un plan de saneamiento en 30 días. Un plazo tan simbólico como improbable.
Emergencia sin responsables
Ni en la ordenanza ni en el expediente se señala a funcionarios responsables por el estado del basural. Nadie firma un mea culpa. Nadie responde por las intimaciones ignoradas, los años de pasividad ni la permisividad que permitió a particulares lucrar con un basural ilegal.
El texto tampoco menciona mecanismos de control externo ni auditoría independiente. La “emergencia” se decreta desde el mismo poder político que la permitió crecer.
En este contexto, la medida se parece más a un movimiento para evitar sanciones provinciales, limpiar el expediente municipal y descomprimir la presión judicial y mediática, que a un verdadero giro de política ambiental. El mensaje es claro: se declara la emergencia no cuando el ambiente colapsa, sino cuando el costo político se vuelve intolerable.
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Por qué nadie dice nada del estacionamiento “privado” que la municipalidad le construyó al restaurante “Don Mario”?????? Le construyeron en un espacio verde, dónde sacaron los árboles, un estacionamiento exclusivo para la gente que va a comer ahí con la plata de todos nosotros y yo que tengo un quiosco no puedo ni poner un cartel que tengo que pagar más impuestos.
El intendente lo único q le preocupa y lo ocupa, es la ampliación de el acceso NUEVO CABALLO DE BATALLA CON MIRA A LAS PROXIMAS ELECCIONES
NADA LE IMPORTA Y NINGUNA MEDIDA TOMA CON la cantidad de denuncias que habrían por acosos, persecuciones, ostigamiento, corrupción, ventas ilegales,
Hoy agregamos a la larga lista una muerte, sumada a otras
Un listado extenso de ABERRANTES hechos de corrupción y con gran cantidad de NOMBRES para investigar
PERO NO ESTARIA LA DESICIÓN Y MUCHO MENOS LA AUTORIZACION DE LAS ALTAS ESFERAS PARA QUE ACTÚE LA SRA. J U S T I C I A,