Guaymallén: Calvente sacude al empleado y esquiva las denuncias

Calvente golpea al trabajador con fuertes recortes y pretende justificar el ajuste proponiendo una quita miserable para él y su gabinete. Los empleados empiezan a exigir investigaciones sobre hechos bochornosos de una administración que vuelve a reclamarles sacrificios.

Por Néstor Bethencourt

Marcos Calvente vuelve a sacudir el sueldo del empleado municipal y pretende presentar como gesto solidario una reducción política del 10%. El ajuste salarial en Guaymallén suma otro hachazo al trabajador, mientras el intendente intenta salir del cuestionamiento con un sacrificio desproporcionadamente menor.

Calvente no impulsa investigaciones sobre las denuncias que comprometen a su conducción y su gabinete, mientras decide cuánto quitarle al personal. Los empleados empiezan a reclamar explicaciones sobre posibles hechos de corrupción, gastos superfluos y controles fallidos denunciados mediante documentación del propio municipio.

La bronca salarial comienza a convertirse en una exigencia de rendición de cuentas, dirigida a quienes administran los recursos públicos.

Mayor Dedicación, unidades de servicio y otro hachazo

El comunicado municipal conserva los básicos, congela nuevos aumentos y suspende el bono compensatorio para parte del personal; unos 500 trabajadores continuarán percibiéndolo. Sin embargo, el ingreso completo reúne múltiples ítems remunerativos y no remunerativos, necesarios para afrontar comida, alquiler, servicios y gastos familiares.

Fuentes laborales estiman que el básico de la clase más alta rondaría los $550.000, una categoría que pocos empleados alcanzan. Preservar ese componente permite, igualmente, reducir el dinero que una familia recibe y necesita para vivir durante el resto del mes.

Además, el personal ya había sufrido restricciones sobre Mayor Dedicación y unidades de servicio, antes de este último recorte. En muchos casos, esos extras permitían alcanzar un salario apenas digno; ahora, la nueva quita se acumula sobre las pérdidas anteriores.

Para un trabajador que percibía $1,2 millones con bono incluido, retirar $300.000 significa terminar con $900.000: una pérdida del 25%. Esa cuenta corresponde al nuevo golpe, que se agrega a restricciones previas sobre otros componentes de su remuneración.

Los empleados comienzan a ponerse en contra de una conducción que les mutila ingresos mientras mantiene sin esclarecer múltiples cuestionamientos administrativos. El reclamo empieza a unir la defensa del sueldo con otra pregunta: qué decisiones tomó Calvente frente a las denuncias.

El 10% político frente al recorte sobre los empleados

Diario UNO, que recogió declaraciones de Calvente en Canal 7, informó $720 millones mensuales de recorte sobre empleados y $60 millones sobre la conducción política. Sobre esas cifras, los trabajadores aportarían el 92,3% del ahorro conjunto y los funcionarios, apenas el 7,7%: una relación de doce a uno.

La reducción política todavía requiere aprobación del Concejo; los seis meses informados por UNO representarían $360 millones, utilizando su estimación mensual. Una remuneración de $7 millones alcanzada íntegramente por el 10% conservaría $6,3 millones, frente al trabajador del ejemplo que termina con $900.000.

Algunos empleados perciben apenas una décima parte de determinadas remuneraciones políticas, según los testimonios; esa distancia vuelve todavía más hiriente el reclamo de austeridad. Calvente intenta mostrar empatía, pero termina exponiendo cuánto conserva su conducción después del sacrificio que presenta como respuesta al malestar del personal.

Calvente intenta mostrar empatía, pero su anuncio profundiza el cuestionamiento sobre quién paga la crisis y quién conserva mayor margen económico. Políticamente, parece haberse tirado un tiro en el pie con una bazooka: la comparación que ofrece termina exponiendo su propia conducción.

Vehículos nuevos y una mudanza al Club de Campo Mendoza

Fuentes consultadas por Ecos Mendocinos describen un contraste adquisitivo que los trabajadores perciben como una ostentación sin vergüenza en medio del ajuste. Según esos testimonios, Calvente adquirió un vehículo cero kilómetro en enero, mientras Melisa Villarroel también incorporó un automóvil nuevo.

La directora de Comunicación y Asuntos Institucionales celebra, según las fuentes, una reciente mudanza al exclusivo Club de Campo Mendoza. Antes residía en los edificios Procrear de Ciudad, con una vivienda recientemente adquirida mediante un crédito que los informantes atribuyen al IPV.

Las fuentes municipales le atribuyen una relación de pareja con Calvente, aunque ninguno de los dos la confirmó públicamente. También cuestionan cómo compatibiliza su remuneración con el vehículo nuevo, el compromiso habitacional anterior y los costos de trasladarse al barrio privado.

Ese cuestionamiento sobre su financiación corresponde a las fuentes, que reclaman explicaciones sobre recursos y compromisos económicos asumidos por la funcionaria.

Diego Lucero, excuñado del intendente, percibiría más de $3 millones y exhibiría un BMW negro recientemente adquirido, según los mismos testimonios. Trabajadores aseguran verlo habitualmente durante horario laboral en un café de una esquina del bulevar Dorrego y cuestionan su cumplimiento de funciones.

Fabricio Lucero, también excuñado, preside el HCD y percibiría cerca de $7 millones, según información aportada a esta redacción. Además, ocupa el primer lugar para reemplazar provisionalmente al intendente en los supuestos previstos por la Ley Orgánica de Municipalidades.

Los funcionarios y casi once años de controles cuestionados

También deben responder, según sus competencias, Pablo Raddi, Silvia Donati, su hijo Pablo Álvarez Donati, Alicia Zárate, Lorenzo Nieva Dinerstein e Ignacio Conte, entre otros. Zárate conduce Hacienda y Álvarez Donati, Educación y Deportes; Silvia Donati, actual concejal y antigua responsable de Desarrollo Social, integra esa continuidad política.

Fuentes laborales sostienen que Nieva Dinerstein conduce su área desde una oficina en Ciudad y cuestionan su presencia en Guaymallén. Sobre Conte, señalan actividades vinculadas con la administración de barrios privados y lo comparan, irónicamente, con un “Nacho Lotes” municipal.

Los empleados describen a ciertos funcionarios como casi “terratenientes”, mientras ellos necesitan completar sus ingresos mediante adicionales para sostener sus hogares. Los señalamientos requieren revisar patrimonio, actividades privadas y cumplimiento de funciones, además de la estructura de familiares, colaboradores y contrataciones ya publicada.

Ramiro García, secretario de Obras y Servicios Públicos, y Daniel Morales, director de DOA, deben responder por las dependencias bajo su conducción. Los propios empleados señalan a DOA como uno de los sectores más comprometidos por presuntas prácticas corruptas.

La nómina oficial confirma que Raddi dirige Control de Gestión desde noviembre de 2015, atravesando las dos gestiones de Iglesias y la actual de Calvente. Casi once años de permanencia obligan a explicar los resultados de controles reiteradamente cuestionados, con responsabilidades individualizadas y correcciones que puedan verificarse.

Las denuncias existentes exigen decisiones, no otro recorte

Ecos Mendocinos ronda las 560 notas; muchas investigaciones quedaron organizadas en un archivo documental que permite consultar antecedentes, expedientes y seguimientos. La conducción conoce numerosos cuestionamientos que requieren investigaciones capaces de esclarecer responsabilidades, más allá de auditorías parciales y respuestas sobre actuaciones aisladas.

Hilton/KLP arrastra atrasos denunciados desde marzo; los documentos publicados muestran deuda elevada y cero en apremio y gestión judicial. La administración debe actualizar saldos, explicar criterios de cobranza y reconstruir las contrataciones proyectadas con esa misma firma mientras reclamaba austeridad.

Los problemas de Nómade fueron advertidos antes del incendio: atribuir la crisis recaudatoria al fuego deja pendientes las decisiones y fallas anteriores. La saga del Parque Automotor exige esclarecer vehículos, GPS, seguros y actuaciones sobre móviles municipales C54, C65 y C74, distinguiendo cada situación.

La auditoría reciente de DOA registró faltantes en 72 de apenas 113 clases de productos; la denuncia sobre combustible agrega otro frente sobre García. El caso Currenti exige reconstruir el destino de materiales municipales aportados cuando Calvente era secretario de Obras de Marcelino Iglesias, sin trasladarle automáticamente las sanciones impuestas al inspector.

También están el boxeo, con $63,3 millones pagados, la pintura vial, las grúas, el Cine Recreo y la nómina de 173 contratos. Los importes deben distinguir gastos evitables, deudas cobrables y daños reclamables; todavía falta una cuenta integral que cuantifique cada posibilidad.

El empleado perdió tanto que empieza a perder el miedo

Dos presentaciones llegaron al Concejo: el pedido de informes por el boxeo y la solicitud sobre una comisión investigadora de sistemas. Fabricio Lucero debe explicar su tratamiento, mientras otros frentes requieren investigaciones sobre recursos, contrataciones, patrimonio y cumplimiento efectivo de funciones.

Los empleados describen un rechazo extendido por casi toda la comuna; hasta la habitual defensa de los trolls parece apagada. El récord de lecturas de Ecos Mendocinos acompaña esa crisis: trabajadores y vecinos buscan información sobre decisiones que afectan directamente sus ingresos y servicios.

Los próximos días serán cruciales para una conducción que profundiza su propia crisis, mientras crecen los reclamos de quienes sostienen el funcionamiento municipal. También deben examinarse las actuaciones de quienes miraron para otro lado, silenciaron advertencias o dejaron sin resolver cuestiones bajo su responsabilidad.

El trabajador empieza a reclamar que se investigue por dónde sale el dinero público antes de volver a mutilarle el salario. Calvente debe responder por esa exigencia: rendir cuentas, impulsar investigaciones y terminar con las complicidades que sus propios empleados denuncian.

A los empleados municipales

Ecos Mendocinos no puede defender solo lo que los propios trabajadores no se animan a defender con pruebas. La catarsis privada sirve para descargar bronca, pero no alcanza para frenar un sistema que avanza sobre el salario mientras los expedientes muestran por dónde se va la plata.

Quienes tengan documentación, expedientes, remitos, órdenes, pagos, fotos, audios, movimientos de vehículos, contrataciones o pruebas verificables sobre irregularidades en Guaymallén pueden comunicarse de manera reservada con este medio.

No se publicarán nombres de fuentes ni datos personales sin consentimiento. Pero si hay documentación seria, Ecos Mendocinos la va a trabajar, verificar y publicar como corresponde, como siempre.