Viernes 20 de noviembre de 2026
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Ecos Mendocinos denunció una compra médica y Guaymallén activó el trámite para pagarla

Después de 24 días sin nuevas actuaciones visibles, la compra médica avanzó hasta una orden de pago. La denuncia ingresada en Intendencia sigue sin respuesta conocida.

Ilustración editorial de una orden de pago por $20.541.300 con parches para desfibrilador sobre una cinta, mientras una denuncia queda debajo.
La compra avanzó hasta una orden de pago, mientras el pedido de suspensión seguía sin respuesta conocida. Ilustración editorial: Ecos Mendocinos.

Actualización — 20 de noviembre 10.45 Hs.: Tras la publicación de esta nota, el secretario de Gobierno, Ignacio Conte, informó a Ecos Mendocinos: “No se ha pagado, estamos por notificar al proveedor para que haga las aclaraciones correspondientes”.

La respuesta confirma, según el funcionario, que el desembolso todavía no se concretó, aunque el expediente contiene una orden de pago del 18 de noviembre. Conte anunció una próxima notificación a JMG S.A., sin precisar qué aclaraciones solicitarán ni informar una resolución sobre la suspensión pedida por este medio.

El expediente llevaba 24 días sin nuevas actuaciones visibles. El lunes ingresó una denuncia para suspender la compra de parches para desfibriladores. El miércoles ya tenía orden de pago por $20,5 millones. Conte alegó falta de tiempo para revisar la presentación.

Por Néstor Bethencourt

Después de que Ecos Mendocinos denunciara una compra de insumos médicos y solicitara suspender los pasos pendientes, Guaymallén activó el tramo administrativo para pagarla. La presentación ingresó a Intendencia el lunes 16 de noviembre al mediodía, pero las actuaciones posteriores avanzaron hacia el desembolso de $20.541.300. La documentación consultada no contiene una resolución sobre el pedido de suspensión.

La contratación corresponde a 26 juegos de parches para desfibriladores, utilizados para conectar estos equipos con una persona durante una emergencia cardíaca. Fueron adjudicados a JMG S.A., cuyos antecedentes sanitarios y documentación habían sido cuestionados por este medio. La novedad está en cómo se movió el expediente después de la denuncia, mientras la advertencia formal seguía sin respuesta conocida.

La administración encontró velocidad para tramitar una orden de pago, pero no ofreció explicaciones sobre los controles reclamados. El contraste expone las prioridades de una gestión que recorta ingresos de sus trabajadores y vuelve a descargar sobre ellos el ajuste.

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Veinticuatro días sin actuaciones y una rápida llegada al pago

La última actuación anterior correspondía al 23 de octubre, cuando JMG S.A. aceptó la orden de compra. Pasaron 24 días sin nuevas actuaciones visibles hasta la factura y el remito fechados el lunes 16 de noviembre. Ese mismo día, a las 12:42, la denuncia quedó radicada en Intendencia bajo el número NEE 20305-2026.

El martes 17, Camila Daffunchio y Cristina Lucía Giménez, directora de Salud, firmaron la conformidad de la factura. El miércoles 18, Compras controló la documentación, Finanzas registró el devengado y se emitió la orden de pago 9797. El jueves 19 se incorporó el alta de los 26 juegos de parches, nuevamente con firma de la directora.

El resultado concreto fue acercar la operación a su consumación mientras el pedido de revisión permanecía sin respuesta documentada. La copia acredita que el importe fue mandado a pagar, aunque todavía no demuestra una transferencia bancaria efectiva. Precisamente por eso, resultaba urgente establecer si el desembolso seguía pendiente y qué intervención había recibido la solicitud de suspensión.

La denuncia tampoco podía convertirse en un papel recibido sin explicaciones sobre su tratamiento. Si el dinero sale antes de resolver los cuestionamientos, el control posterior encuentra una operación consumada y recursos públicos desembolsados.

Documentos de la compra de parches en Guaymallén: aceptación del 23 de octubre, denuncia del 16 de noviembre y orden de pago del 18.
Tras 24 días sin nuevas actuaciones visibles, el expediente avanzó hasta una orden de pago dos días después del ingreso de la denuncia.

Conte recibió la denuncia y respondió con la “vorágine”

El jueves 19, a las 12:53, este periodista informó directamente al secretario de Gobierno, Ignacio Conte, sobre la denuncia y la orden de pago. Solicitó verificar si el dinero había sido transferido y suspender el desembolso si todavía estaba pendiente.

Dos minutos después, Conte respondió: “Hola Nestor, no he visto la denuncia ni el expediente, ahora lo pido y lo leo”. La presentación fue adjuntada inmediatamente y, a las 16:13, se reiteró la consulta sobre el pago y la intervención municipal.

A las 19:16, más de seis horas después del primer mensaje, el secretario contestó:

“Nestor, no pude. Imposible realmente que con la vorágine del día a día te dé una respuesta con la inmediatez que necesitas. Saludos.”

La urgencia estaba marcada por una orden de pago emitida el día anterior y una suspensión solicitada desde el lunes. Conte no contestó si el dinero había salido ni qué tratamiento recibió la denuncia, pero presentó el requerimiento como una exigencia personal del periodista.

El secretario había intervenido previamente en esta contratación, como muestran actuaciones del expediente firmadas por él durante agosto. La falta de tiempo apareció cuando hubo que responder por los cuestionamientos; el circuito para ordenar el pago había funcionado.

La impunidad de avanzar y explicar cuando puedan

Esta combinación expresa una impunidad política intolerable: continuar una operación denunciada y tratar como una molestia la exigencia de explicaciones. La coincidencia temporal parecería probar una orden deliberada de acelerar por la denuncia, permite identificar qué avanzó y qué quedó esperando.

Mientras tanto, empleados municipales enfrentan nuevos recortes de Mayor Dedicación y unidades de servicio, que golpean sus ingresos y profundizan el conflicto. El gobierno de Marcos Calvente exige sacrificios al personal, mientras deja sin respuesta pública preguntas concretas sobre una contratación millonaria.

El trabajador soporta el ajuste, el vecino financia la compra y el funcionario parece reservarse el privilegio de responder cuando pueda. La cuestión central es quién decidió continuar, qué controles realizó y cómo se trataron las advertencias antes de emitir la orden. Esas responsabilidades tienen nombres, firmas y fechas que ninguna explicación sobre una agenda cargada puede borrar.

Qué se denunció y quién debería investigar

La investigación de Ecos Mendocinos identificó antecedentes sanitarios de JMG S.A. y una resolución provincial con un CUIT diferente del utilizado por la adjudicataria. La denuncia dirigida a Calvente pidió cotejar el original, verificar los productos y suspender los actos pendientes.

Además, la Disposición ANMAT 4416/2026 canceló el certificado de JMG S.A. para tránsito interjurisdiccional, restringió esa actividad y dispuso un sumario sanitario. El expediente municipal contiene certificados provinciales favorables, por lo que se solicitó evaluar aquellos antecedentes y su incidencia sobre esta provisión.

Se buscan fiscales de esos que hace rato cuesta encontrar en Mendoza: dispuestos a examinar documentos aunque comprometan al poder político. Que determinen si esta secuencia encierra responsabilidades penales y actúen según lo que encuentren, antes de que los hechos pierdan actualidad. El periodismo aportó expedientes, fechas y una denuncia identificada; corresponde que quienes pueden investigar penalmente examinen esos elementos.

La impunidad también crece cuando el poder supone que nadie irá más allá de publicar otra nota. Calvente y Conte pueden empezar por mostrar qué hicieron con la denuncia y responder qué pasó con los $20,5 millones.


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