Guaymallén: bajo presión por los salarios, el Ejecutivo responde con aprietes y errores

18 noviembre, 2026 • Política, Portada
Fachada de la Municipalidad de Guaymallén y documentos ilustrativos, con la leyenda «Aprietes con errores», sobre el conflicto salarial municipal.

El secretario de Gobierno, Ignacio Conte, distribuye un memorándum que la secretaria de Hacienda, Alicia Zárate, exige cumplir bajo responsabilidad. Entre advertencias de descuentos y posibles sanciones, el Ejecutivo responde al reclamo salarial con instrucciones imprecisas y contradictorias.

Por Néstor Bethencourt | Investigación y análisis

El conflicto salarial en Guaymallén tiene una nueva respuesta del Ejecutivo: instrucciones para controlar al personal, advertencias de descuentos y posibles sanciones administrativas. La gestión del intendente Marcos Calvente exige cumplimiento estricto mediante un documento que no alcanza esa misma precisión. El memorándum interno mezcla criterios de descuento, advertencias amplias y fundamentos que dejan cuestiones centrales sin resolver. La comunicación circuló hoy 18 de noviembre, antes de las medidas anunciadas por ASEMUG para el jueves 19, desde las 6:00.

Su contenido aparece incorporado en la NEE-20510-2026, vinculada con las actuaciones del EXP-22583-2026. El dictamen lleva la firma de Armando Omar Chalabe, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Guaymallén. También lo suscribe Estefanía Sabrina Laura Giarrizzo, coordinadora general de esa Dirección, según consta en su firma electrónica. Martín Ignacio Conte, secretario de Gobierno y Desarrollo Social, ordenó comunicarlo y proceder conforme a sus instrucciones. Hacienda reforzó después esa exigencia con una frase que merece leerse completa.

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Conflicto salarial en Guaymallén: la advertencia de Zárate

El Memorándum 16/2026 lleva la firma de Alicia Zárate, secretaria de Hacienda municipal. Dispone notificar al personal de sus dependencias y cumplir lo dictaminado por Jurídicos. Después incorpora esta advertencia: “Quedan debidamente notificados siendo su responsabilidad el no cumplimiento”. La frase está dirigida a las jefaturas que deben ejecutar las instrucciones. La presión baja desde la conducción y encuentra en los directores a sus transmisores hacia el personal. Ese mecanismo adquiere otro significado frente a los antecedentes publicados por este medio. Ecos Mendocinos ya informó sobre recorridas y amenazas de nuevas pérdidas salariales, confirmadas entonces por al menos tres fuentes.

Aquella publicación identificó a Calvente y Conte junto con Javier Guardia, secretario privado del intendente, en recorridas por oficinas municipales. También recogió distintas advertencias que los trabajadores atribuían a órdenes de Conte. El memorándum llega sobre un terreno donde la amenaza salarial ya forma parte de los testimonios laborales. Desde esa perspectiva, funciona como respaldo institucional para una presión que el medio viene denunciando.

Descontar proporcionalmente o descontar el día: la precisión que falta

El dictamen indica que Recursos Humanos y Contaduría deberán descontar proporcionalmente los haberes correspondientes al tiempo sin prestación efectiva. Sin embargo, también reproduce el Decreto 818/17 y exige su estricto cumplimiento. Esa disposición contempla descontar el día en determinadas circunstancias cuando la asamblea supera la mitad de la jornada. El documento no explica cómo armonizar ambos criterios cuando el empleado trabajó una parte del día. Tampoco precisa cómo impedir que una liquidación alcance horas efectivamente cumplidas. El conflicto salarial en Guaymallén se agrava cuando una instrucción ambigua puede traducirse en nuevas pérdidas de ingresos. Un instrumento destinado a producir consecuencias salariales necesita instrucciones inequívocas, especialmente cuando su cumplimiento se exige bajo responsabilidad. Aquí ocurre lo contrario: la advertencia es terminante y el criterio que deben aplicar las jefaturas queda insuficientemente aclarado.

Una reforma para restringir y otra versión para representar

La fundamentación sindical también presenta una inconsistencia que el dictamen deja sin explicar a sus destinatarios. Jurídicos incorpora restricciones de la reforma laboral de 2026 sobre asambleas y prácticas desleales. Al analizar la representación colectiva, en cambio, reproduce una limitación del artículo 23 anterior a esa reforma. El texto actualizado oficial de la Ley 23.551 reconoce a las asociaciones inscriptas la representación colectiva de sus afiliados. El reconocimiento corresponde a sus respectivos ámbitos personales y territoriales de actuación.

El dictamen no explica por qué utiliza aquella condición anterior junto con restricciones incorporadas por la misma reforma. Además, dedica extensos párrafos a impedir que ASEMUG sustituya una representación paritaria general. La presentación sindical reclama una mesa de diálogo, sin pedir expresamente ocupar de manera exclusiva esa representación. Defender reclamos colectivos y suscribir un convenio general son actuaciones diferentes. La respuesta municipal no identifica qué pedido concreto demostraría la sustitución paritaria que objeta.

Controlar servicios no habilita cualquier interpretación

El dictamen advierte sobre permanencias indebidas, obstrucciones y afectaciones al funcionamiento normal de las dependencias públicas. Invoca posibles sanciones mediante una referencia general a la Ley 5.892. La amplitud de esa redacción exige límites que el documento no desarrolla suficientemente. Una huelga altera la actividad mediante la abstención de tareas; un bloqueo supone una conducta diferente. Tampoco analiza separadamente el trabajo a reglamento incluido entre las alternativas anunciadas. Ese punto resulta especialmente relevante después de los nuevos recortes de Mayor Dedicación y unidades de servicio informados por Ecos Mendocinos.

Si el municipio reduce prestaciones adicionales, debe establecer con claridad qué tareas y horarios continúan siendo obligatorios. La reglamentación de asambleas tiene respaldo en el fallo provincial de marzo de 2025 citado por Jurídicos, que rechazó el recurso sindical. Pero esa misma sentencia exige respetar los derechos fundamentales y evitar restricciones irracionales. El precedente tampoco convierte cualquier aplicación posterior en una actuación automáticamente legítima.

El rigor de Hacienda y los privilegios que conserva la conducción

Alicia Zárate, como secretaria de Hacienda, conduce las cuentas municipales y tiene responsabilidad política en la crisis financiera que atraviesa Guaymallén. Sus funciones la colocan en el centro de una gestión donde los empleados cobran cada vez menos y hay proveedores sin cobrar. Por eso, su intervención exige examinar también las decisiones y prioridades de Hacienda, además de las obligaciones que ahora impone al personal. Quien administra los recursos y organiza los pagos también debe responder por los resultados de esa administración.

Su nombre también aparece desde hace años en las publicaciones sobre el uso de movilidades municipales. En septiembre, Ecos Mendocinos volvió a recoger testimonios sobre el móvil P103, dominio AD 017 DN, asignado a la funcionaria. Las fuentes señalaron disponibilidad con chofer durante las 24 horas, sin ploteo ni GPS. Los antecedentes publicados incluyen señalamientos sobre utilización particular y desplazamientos ajenos a las necesidades del servicio. La contradicción política es evidente: quienes endurecen el control sobre ingresos laborales arrastran cuestionamientos sobre los recursos públicos que utilizan. Conte tampoco ocupa un lugar secundario en esta respuesta: firma y distribuye las instrucciones desde la Secretaría de Gobierno. La responsabilidad política alcanza a ambos funcionarios y a Calvente, que encabeza la administración municipal. Las jefaturas ejecutan instrucciones cuya conducción tiene nombres, cargos y firmas.

Las firmas también muestran una secuencia desprolija

El expediente agrega otra discordancia que conviene señalar con precisión, sin atribuirle causas que los documentos no demuestran. Chalabe firmó el dictamen el 18 de noviembre a las 9:51. Conte firmó su distribución a las 12:33 de ese mismo día. Sin embargo, su pedido formal de intervención a Jurídicos quedó firmado recién a las 14:17. El pedido aparece formalizado después del dictamen y de la orden de comunicarlo. Una firma tardía podría explicar esa secuencia; los movimientos electrónicos permitirían determinarlo. Aun con esa posibilidad, el expediente exhibe una tramitación cuya prolijidad queda por debajo de la severidad exigida a sus destinatarios.

El conflicto salarial en Guaymallén y el apriete por escrito

El memorándum acredita controles, advertencias salariales y responsabilidad trasladada a las jefaturas. Por sí solo, no demuestra una orden expresa de cometer abusos. Su lectura política cambia cuando se incorpora el contexto de amenazas previamente denunciadas por trabajadores. En ese escenario, la cobertura jurídica puede reforzar el disciplinamiento desde cada dirección. El documento enumera consecuencias para el personal, pero no transmite instrucciones expresas para prevenir intimidaciones o represalias desde las jefaturas. Calvente, Conte y Zárate responden al conflicto endureciendo las instrucciones mientras dejan sin resolver sus propias imprecisiones. La exigencia de rigor debería comenzar por quienes administran, redactan y firman las decisiones. El salario de los trabajadores no puede quedar sujeto a instrucciones ambiguas ni al criterio intimidatorio de una jefatura.

Mientras tanto, entre viñedos

Mientras los empleados hacen cuentas para llegar a fin de mes, Marcos Calvente y Melisa Villarroel, directora de Comunicación y Asuntos Institucionales, aparecen en otra escena. Esta vez estuvieron en la inauguración de Espacio Delfina, según las fotografías publicadas en Instagram por Familia Rubino. Para el personal, advertencias de descuentos y sanciones; para el intendente y su directora de Comunicación, una jornada entre viñedos.

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