Guaymallén: Irrigación se reunió con vecinos y admitió que no hay solución definitiva

Durante dos horas y media, Irrigación expuso obras parciales, protocolos pendientes y financiamiento todavía inaccesible. Además, confirmó que el primer tramo alternaría agua de riego y líquidos cloacales dentro del mismo caño.

Por Néstor Bethencourt

A comienzos de agosto, el Departamento General de Irrigación reunió a vecinos para discutir el colapso de las cloacas en Los Corralitos. El encuentro ocurrió en un galpón frío de la Inspección de Cauce Canal Vertientes, un ámbito impropio para semejante emergencia.

Durante dos horas y treinta y tres minutos, Sergio Marinelli y su equipo respondieron preguntas, explicaron obras y defendieron los controles oficiales. Enfrente, vecinos y regantes describieron años de desbordes, olores, cañerías abiertas, daños productivos y una confianza institucional completamente quebrada.

La reunión aportó información importante, aunque su conclusión fue mucho más incómoda que cualquier promesa. Irrigación no presentó una solución definitiva, sino una administración prolongada del desborde y sus consecuencias. Esa lectura surge de la grabación completa y del Informe Técnico 028/2026, firmado por la propia estructura de control del organismo.

El mismo caño para riego diurno y líquidos cloacales nocturnos

El momento más delicado apareció después de una pregunta sobre los tubos colocados en calle Severo del Castillo. Una primera respuesta oficial aseguró que las cañerías transportarían solamente líquidos cloacales y que el agua de riego circularía separadamente. Segundos después, otra integrante del equipo explicó un funcionamiento diferente para el primer tramo.

Durante doce horas diurnas circularía agua de riego; luego limpiarían el conducto y, durante la noche, pasarían los efluentes cloacales. Ante nuevas preguntas, la explicación oficial disipó cualquier ambigüedad: “En el primer tramo el agua va a ir por el mismo caño en distintos horarios”. Recién después del cruce de calle, ambos recorridos quedarían independizados completamente.

La grabación describe algo igualmente trascendente: dos fluidos incompatibles utilizarían alternadamente la misma superficie interior, con una limpieza entre ambos turnos.

El equipo sostuvo que AySAM había garantizado una limpieza capaz de no dejar rastros entre ambos usos. Sin embargo, durante la charla no detalló método, duración, desinfección, muestreo, criterio de liberación ni responsable de verificar el resultado. La explicación terminó con una salvedad todavía más inquietante: “Puede ser que en algunos momentos algo pase”.

Los vecinos respondieron que las garantías anteriores de AySAM habían fallado y cuestionaron qué significaba concretamente limpiar esos tubos. El problema también posee una dimensión jurídica y documental decisiva. El convenio interinstitucional firmado en mayo exige una conducción “cerrada, estanca, independiente y completamente segregada” del agua destinada al riego agrícola.

El acuerdo también ordena evitar contacto, mezcla, infiltración y cualquier posibilidad de contaminación cruzada. La alternancia dentro del mismo caño contradice, como mínimo, el significado ordinario de una conducción independiente y completamente segregada.

Obras terminadas que el propio informe considera ineficientes

El Informe Técnico 028/2026 fue emitido el 24 de julio por la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento. Su objetivo declarado fue contrastar los avances informados por AySAM con inspecciones, muestras y acciones propias de Irrigación.

El documento registra dos trabajos concluidos: un bypass de 830 metros hasta la boca 24 y un aliviador de 650 metros. Ambos figuran con un avance del cien por ciento, aunque esa cifra solamente acredita la ejecución física informada.

Una inspección realizada el 20 de julio tampoco encontró rebalses en las bocas críticas 9 y 11. Sin embargo, el control duró apenas quince minutos, entre las 21.30 y las 21.45 horas. Ese recorte sirve como observación puntual, pero no demuestra el comportamiento continuo del sistema durante distintos horarios, lluvias o aumentos extraordinarios del caudal.

El mismo expediente incorpora una conclusión mucho más severa sobre la infraestructura de 2 de Mayo. Allí describe “un entubamiento precario y discontinuo”, acompañado por acumulación visible de aguas servidas. Tres páginas después, Irrigación afirma que ese entubamiento fue finalizado, pero agrega una evaluación decisiva: “No es eficiente el sistema de entubado”.

Finalización y funcionamiento aparecen como dos realidades completamente distintas dentro del mismo documento.

El Ramo 12 sobre Severo del Castillo registraba 1.810 metros colocados y un avance del 98 por ciento. El municipio todavía retiraba árboles, mientras el Ramo 15 acumulaba solamente 110 metros instalados.

Durante la reunión, vecinos dijeron que varios tubos seguían abiertos, separados entre puentes o sin conexión entre sí. Los funcionarios respondieron que la obra todavía no estaba terminada, confirmando que la segregación prometida aún no funcionaba integralmente.

El informe también comprobó que las barreras colocadas alrededor de las bombas no aislaban el ruido. Además, el perímetro permanecía abierto, pese a tratarse de instalaciones utilizadas para contener una contingencia sanitaria.

Las cloacas en Los Corralitos y una “solución pasajera”

Marinelli explicó que la Colectora Máxima Noreste arrastra un deterioro estructural y una capacidad insuficiente. Cuando limpian sectores obstruidos, el punto de mayor presión puede desplazarse y aparecer más abajo.

Consultado por la obra de largo plazo, estimó un plazo de “tres años, cuatro años”. Cuando le preguntaron si sería definitiva, la calificó como una solución “definitiva parcial”, porque todavía quedaría infraestructura aguas arriba por renovar.

La definición central llegó después, ante una pregunta directa sobre la existencia de una salida real. “Solución definitiva no hay. Hay soluciones parciales para minimizar el impacto”, respondió el titular de Irrigación. También admitió que el inconveniente puede continuar sobre el Ramo 12 y llamó “solución pasajera” al esquema vigente.

La respuesta actual procura impedir que los líquidos vuelvan a brotar en las mismas esquinas residenciales. Sin embargo, su lógica consiste en conducirlos hacia otros tramos y terrenos, mientras la infraestructura estructural permanece incompleta. No se elimina inmediatamente la causa, sino que se intenta controlar dónde aparece su consecuencia.

Un humedal con terreno identificado, pero sin anexos técnicos

Para los productores ubicados aguas abajo, el desplazamiento de los efluentes tampoco representa una solución territorialmente neutral. Como complemento, Marinelli describió un humedal artificial y una planta destinada a completar la depuración antes del uso final.

Sin embargo, la propuesta ya poseía una ubicación concreta y un trámite legislativo iniciado días antes de la reunión. El senador radical Leonardo Yapur presentó el expediente 83408/2026 el 7 de agosto de 2026.

La iniciativa propone expropiar un inmueble sobre carril Godoy Cruz, en Los Corralitos, para construir un sistema de humedales artificiales. La parcela posee 93.040,45 metros cuadrados según mensura, pertenece a Juan Eduardo Dutto y figura como propiedad rural cultivada. Irrigación actuaría como organismo expropiante y afrontaría los gastos si la Legislatura aprobara el proyecto.

Los fundamentos estiman un tratamiento de 500 metros cúbicos por hora y mencionan 32 establecimientos industriales de Maipú y Guaymallén. También afirman que una prueba piloto funciona desde septiembre de 2022 y consiguió reducir diferentes contaminantes.

Pero existe una diferencia decisiva: el proyecto se refiere a efluentes industriales del Colector Pescara, no al tratamiento directo de cloacas domiciliarias de AySAM. Su relación con la emergencia aparece porque ese sistema recibe descargas excepcionales cuando la infraestructura cloacal vuelve a desbordarse.

El expediente invoca estudios técnicos, aptitud del terreno y compatibilidad municipal, pero declara expresamente que no posee archivos adjuntos. No incorpora esos informes, un cronograma de ejecución, costos estimados ni una evaluación ambiental completa.

Al presentarse la iniciativa, había un terreno identificado y una expropiación propuesta, pero todavía no una ley sancionada ni una obra ejecutada.

El humedal se proyecta donde ya hubo alertas ambientales y sanitarias

El croquis ubica el terreno junto a carril Godoy Cruz y calle Sánchez, dentro de un sector con circulación vehicular intensa. Sobre Sánchez también existen barrios privados y establecimientos avícolas instalados desde hace años.

La zona permanece además bajo la influencia histórica de Verallia, antigua Rayén Curá, dedicada a fabricar envases de vidrio. Durante años, vecinos atribuyeron molestias respiratorias al polvo levantado desde materias primas almacenadas al aire libre por la cristalería.

En 2017, la Municipalidad de Guaymallén realizó un relevamiento sanitario que comprendió aquel vecindario. El estudio registró una presencia elevada de enfermedades respiratorias y otros problemas entre la población consultada. Carril Godoy Cruz y calle Sánchez fueron precisamente el epicentro territorial de aquellas denuncias.

Ese relevamiento no permite atribuir por sí solo las enfermedades a una empresa determinada. Sin embargo, acredita que el lugar ya arrastraba antecedentes sanitarios y reclamos ambientales antes de proyectarse el humedal.

No puede evaluarse esta iniciativa como si fuera instalada sobre un territorio vacío y sin antecedentes. Cualquier análisis ambiental deberá considerar conjuntamente viviendas, tránsito, actividad avícola, emisiones industriales, olores y tratamiento de efluentes.

Durante la reunión, los vecinos no recibieron esos antecedentes ni parámetros suficientes para evaluar riesgos, funcionamiento y mantenimiento. Su temor fue que la iniciativa terminara convertida en otro piletón abierto cerca de sus viviendas.

La gravedad fue reconocida por el propio Marinelli mediante una frase brutalmente directa. Dijo que los problemas ambientales de Mendoza “son la caca y serán por muchos años la caca”. Esa afirmación coincide con una posición que el funcionario había expuesto anteriormente ante legisladores.

Irrigación reconoció en 2025 que los vuelcos cloacales constituyen el mayor problema ambiental provincial.

Cuando llegue una tormenta, “no queda otra que volcar”

La charla también reveló qué ocurriría ante una tormenta importante y un aumento extraordinario del caudal. Marinelli explicó que las cloacas reciben agua por distintos motivos y pueden superar nuevamente la capacidad programada. Su respuesta fue inequívoca: “Ahí no queda otra que volcar”.

Según agregó, Irrigación estaba redactando un protocolo para limitar esas descargas y evitar decisiones discrecionales de AySAM. El protocolo todavía aparecía como una tarea en elaboración. Marinelli también reconoció que faltaban mediciones horarias para conocer qué sucedía realmente dentro de los colectores.

Esta clase de contingencia cuenta con antecedentes oficiales perfectamente documentados. Una resolución de Irrigación de 2025 definió los vuelcos al canal Pescara como una respuesta extraordinaria, transitoria y precaria.

La excepcionalidad, sin embargo, terminó convirtiéndose en una herramienta recurrente para sostener un sistema sobrecargado. El convenio de mayo volvió a habilitar traslados temporales, sujetos a controles, planes de contingencia y responsabilidad directa de AySAM.

Ese acuerdo exige guardia permanente, mantenimiento integral, reparación inmediata y un seguro de caución frente a eventuales daños. La reunión no exhibió esos instrumentos ni precisó su estado de cumplimiento ante los vecinos presentes.

La paradoja institucional también quedó expuesta durante la propia charla. Irrigación recordó que denunció a AySAM por romper el Ramo 12 y volcar sin autorización. Sin embargo, ahora debe controlar una mitigación ejecutada por esa misma empresa.

La causa judicial ya produjo imputaciones, aunque ninguna imputación equivale a una condena. Ecos Mendocinos informó ese avance contra la conducción de AySAM y continuará siguiendo el expediente con esa diferencia fundamental.

Un colector para 180.000 personas que hoy recibe más de 526.000

El convenio firmado en mayo reconoce el núcleo estructural de la crisis. La Colectora Máxima Noreste fue diseñada para 180.000 habitantes, pero actualmente recibe efluentes correspondientes a más de 526.000 personas.

La diferencia supera ampliamente cualquier margen razonable de funcionamiento y mantenimiento. También explica por qué cada bypass o aliviador ofrece alivio temporal, sin devolverle equilibrio al sistema completo.

Para el mediano plazo, Irrigación inició servidumbres destinadas a un nuevo colector de 1.600 milímetros. El informe menciona pliegos terminados y una consultora ambiental contratada, pero todavía no describe una obra ejecutándose sobre toda esa traza.

Para el largo plazo, Nación priorizó un Programa de Seguridad Hídrica por 150 millones de dólares. AySAM sería el organismo ejecutor y el programa incluiría etapas pendientes del colector Colonia Segovia. Según el informe, la primera etapa acumulaba un avance del 71,73 por ciento.

Las etapas segunda y tercera dependerían del programa de financiamiento todavía pendiente de disponibilidad efectiva. Durante la reunión, los vecinos preguntaron si ese dinero ya podía utilizarse inmediatamente. Marinelli respondió que “no está disponible la plata” y explicó que la aprobación bancaria debía superar diferentes pasos administrativos.

El expediente oficial aporta una dificultad financiera adicional y determinante para esta crisis. Una estación elevadora considerada necesaria para atender la emergencia quedó incorporada a una etapa del colector Colonia Segovia que “aún no tiene financiamiento”.

El mismo informe advierte que Maipú y Luján otorgaron factibilidades para aproximadamente 10.000 nuevas conexiones. Esas incorporaciones podrían efectivizarse durante los próximos dos años y aumentar todavía más la presión sobre la infraestructura.

La ecuación oficial resulta alarmante: un colector triplicado en población servida, obras incompletas, una estación sin financiamiento y nuevas conexiones próximas. Por eso, el documento termina reclamando atención para una “grave emergencia social y ambiental”.

Agua potable: controles oficiales frente a una confianza destruida

Irrigación sostuvo que controla semanalmente las redes de cuatro prestadores comunitarios y que sus parámetros permanecen dentro de la normativa. El informe concluye que el agua suministrada por esas redes resulta apta para consumo humano.

Esa posición también fue publicada en un comunicado oficial sobre Los Corralitos. Allí se distinguen las redes tratadas de los pozos particulares poco profundos, que no poseen potabilización garantizada.

Los vecinos confrontaron esa seguridad con estudios financiados por la comunidad y atribuidos a la Universidad Nacional de Cuyo. Ecos Mendocinos publicó los resultados y el origen de las muestras, mientras Irrigación solicitó precisiones sobre trazabilidad y procedencia.

La reunión no resolvió esa controversia técnica, pero dejó compromisos concretos que permiten evaluar responsabilidades. El organismo prometió un puesto territorial dos días por semana, análisis accesibles y relevamiento de viviendas sin agua de red.

Marinelli también propuso incorporar a la Universidad Nacional de Cuyo como fiscalizadora independiente. Además, prometió publicar resultados sobre aguas superficiales, subterráneas y potables. Esas medidas necesitan continuidad, datos comparables y acceso público, no solamente anuncios verbales.

No corresponde trasladar nuevamente a los vecinos el costo de demostrar qué agua reciben. La obligación de controlar, identificar cada muestra y comunicar los riesgos pertenece a los prestadores y organismos estatales competentes.

La desconfianza tampoco nació por falta de explicaciones científicas, sino por experiencias acumuladas. El mismo equipo que garantizó una limpieza sin rastros admitió después que, ocasionalmente, podría pasar algo por la cañería compartida.

Productores castigados y una respuesta con “vinagre de alcohol”

Los productores describieron un daño que excede la calidad medida dentro del canal. Según un representante citado por Marinelli, algunos compradores reducen precios cuando conocen el origen territorial de las verduras ofrecidas.

El funcionario reconoció que semejante castigo termina recayendo sobre el productor más vulnerable. Como alternativas, mencionó evitar la llegada de efluentes, trasladar la tarifa de cauce a AySAM y promover reclamos económicos.

Ninguna de esas opciones apareció acompañada por un mecanismo operativo, un plazo o un fondo de reparación. El convenio establece responsabilidad empresarial, pero no resuelve automáticamente pérdidas productivas, depreciación comercial ni gastos ya soportados.

Cuando una vecina preguntó por quiénes consumen esas verduras, Marinelli respondió desde su experiencia doméstica. Dijo que, con cuidado, había que lavarlas bien y echarles “un chorrito de vinagre de alcohol”.

La reacción vecinal frente a semejante respuesta fue inmediata y contundente. Una mujer respondió irónicamente que quedaba más tranquila, mientras otros participantes exigieron seriedad. Interpretaron el comentario como una minimización de un problema que afecta alimentos, producción y confianza pública.

La frase no demuestra por sí sola una política sanitaria, pero revela la distancia comunicacional de la reunión. Frente a una pregunta colectiva sobre alimentos y contaminación, la respuesta derivó hacia una práctica doméstica sin respaldo técnico presentado allí.

Los productores necesitan reglas verificables, trazabilidad, alertas oportunas y una reparación concreta cuando la contaminación afecta su trabajo. Después de años de perjuicios, los ejemplos personales y las soluciones caseras resultan claramente insuficientes.

Una reunión extensa que confirmó la insuficiencia de la respuesta

La charla ofreció explicaciones técnicas, reconocimientos importantes y varios compromisos que deberán comprobarse. También confirmó que las medidas actuales dependen de obras incompletas, limpiezas no detalladas, protocolos pendientes y financiamiento todavía inaccesible.

El dato principal no es solamente que riego y cloacas utilizarían el mismo caño durante horarios diferentes. Lo decisivo es que esa determinación integra una respuesta declarada parcial, transitoria y vulnerable frente a lluvias o nuevas obstrucciones.

Tampoco alcanza con informar porcentajes de avance cuando el propio organismo califica una obra terminada como ineficiente. Una inspección de quince minutos tampoco puede reemplazar controles continuos sobre un problema que cambia con caudales y horarios.

Ecos Mendocinos viene documentando esta crisis mucho antes de aquella noche en el galpón. En marzo de 2025 ya publicó el colapso cloacal y los reclamos desoídos en Severo del Castillo y 2 de Mayo.

Desde entonces aparecieron nuevos desbordes, estudios vecinales, actuaciones administrativas, compromisos interinstitucionales y una causa penal. La secuencia demuestra que Los Corralitos no enfrenta un episodio aislado, sino una falla estructural prolongada.

Después de dos horas y media, Irrigación no pudo ofrecer una respuesta proporcional al acontecimiento. Presentó mitigaciones para convivir con la emergencia mientras una solución estructural permanece distante y financieramente incierta.

El lugar frío e inadecuado terminó funcionando como una metáfora involuntaria de esa distancia. Los vecinos llevaron años de experiencia territorial; el Estado llevó obras parciales, porcentajes y promesas todavía condicionadas.

La conclusión más seria surge de sumar todas las explicaciones oficiales, no de recortar solamente una frase escandalosa. El sistema sigue sobrecargado, la segregación continúa discutida y la emergencia reconocida carece de una solución definitiva financiada.