El concejal de Guaymallén sigue en el centro de la polémica. Por Néstor Bethencourt
Burgoa resiste
Miqueas Nahum Burgoa, concejal del bloque Cambia Mendoza en el departamento de Guaymallén, enfrenta una nueva oleada de cuestionamientos institucionales, judiciales y políticos, pero aún se resiste a dejar su banca.
La situación ha generado tal nivel de tensión que desde el propio gobernador provincial hasta el intendente Marcos Calvente han declarado públicamente que el concejal debe renunciar.
Lejos de dar un paso al costado, Burgoa redobla la apuesta y se mantiene en su cargo, incluso en medio de una investigación del Honorable Concejo Deliberante (HCD), que ya resolvió enviar al Ministerio Público Fiscal un acta policial donde el edil aparece involucrado en un hecho de presunto abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Burgoa resiste, del púlpito al patrullero: cuando el cargo se usa como escudo
El incidente que detonó la tormenta ocurrió el 10 de mayo de 2025 en el distrito Bowen (General Alvear), cuando la policía detuvo un vehículo en el que se encontraba el concejal. De acuerdo con el Acta de procedimiento N° 241/25, Burgoa habría intentado evitar el control, invocando su condición de funcionario junto a tres acompañantes politicos, quienes chapearon tener influencias de peso ante la policía
Esta actitud podría configurar no solo una conducta incompatible con la función pública, sino también delitos como resistencia a la autoridad, encubrimiento o tráfico de influencias. El hecho fue considerado lo suficientemente grave como para que el Concejo actuara formalmente.
El Concejo pide intervención judicial
Los concejales José Pozzoli (Unión por la Patria) y Pedro Bastías (Mejor Mendoza) fueron quienes impulsaron la resolución que solicita:
- El envío del acta policial al Ministerio Público Fiscal de Mendoza.
- La evaluación de posibles delitos de acción pública.
- Una notificación a la Presidente del Concejo en un plazo de 48 horas sobre el cumplimiento del envío y su eventual respuesta.
Los concejales Pozzoli y Bastías dejaron en claro que ningún cargo electivo otorga impunidad, y que utilizar la investidura política para evadir la ley atenta contra los principios republicanos.
Hartazgo político
En los pasillos del HCD, se barajan posibles pedidos de juicio político, mientras crecen las voces que exigen transparencia y responsabilidad.
El gobernador Alfredo Cornejo fue categórico al declarar que no puede haber funcionarios que utilicen su cargo como salvoconducto ante la ley. Por su parte, el intendente Marcos Calvente también expresó que el concejal debería dar un paso al costado.
La acumulación de inconductas
Este nuevo capítulo, es un episodio que pone en tela de juicio su idoneidad y ética pública. La pregunta que flota en el aire de Guaymallén es: ¿hasta cuándo se tolerará esta situación?
Mientras tanto, sectores del oficialismo que responde a Marcelino Iglesias optan por el silencio o la evasiva, lo que alimenta el enojo ciudadano y la sospecha de encubrimiento institucional.
¿Política o encubrimiento?
El caso de Miqueas Burgoa es una prueba de fuego para las instituciones de Guaymallén. No se trata solo de un concejal polémico, sino de la posibilidad de que los representantes utilicen su cargo para evadir controles, torcer normas o ejercer influencia indebida.
La resolución del Concejo y el envío del acta al Ministerio Público son pasos en la dirección correcta, pero insuficientes si no se acompañan de una verdadera vocación por limpiar las instituciones de personajes que solo buscan resguardo político.
La ciudadanía merece saber si Guaymallén va a ser gobernado por funcionarios responsables o por figuras que confunden la gestión con el privilegio. Burgoa aún tiene la posibilidad de rectificar, pero cada día que pasa sin una renuncia voluntaria, empeora su ya desgastada imagen pública.
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