Escándalo en Guaymallén: El concejal electo que intentó cobrar un subsidio por un bien que ya tenía seguro

Por Néstor Bethencourt.

La ética pública en Guaymallén enfrenta una de sus pruebas más oscuras. Una investigación profunda sobre el expediente administrativo EXP-4559-2026 revela una trama de presunto ocultamiento, celeridad selectiva y privilegios que involucra a Luis Antonio Giménez, el concejal electo (LLA) que en pocos días debería jurar su banca, pero que hoy se encuentra en el centro de un escándalo por una maniobra que roza la tentativa de fraude a la administración pública.

Crónica de un “beneficio” bajo sospecha

Todo comenzó el 25 de febrero de 2026. Mientras decenas de puesteros del Mercado Cooperativo de Guaymallén intentaban procesar las pérdidas del incendio intencional sufrido meses atrás, Luis Antonio Giménez, propietario del galpón APVN 3-A, movía sus hilos con una eficacia envidiable en el edificio municipal.

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Referencias Políticas de Luis Antonio Giménez

• Elecciones 2025: Giménez (LLA) fue candidato en las pasadas elecciones legislativas de octubre de 2025, donde resultó electo como Concejal de Guaymallén en el Frente Cambia Mendoza.
• Fuerza Política: Integró la lista de La Libertad Avanza (LLA), el espacio liderado a nivel provincial por Facundo Correa Llano.
• Situación Institucional: Actualmente se encuentra en la etapa de transición, con fecha de asunción prevista para los próximos días de abril de 2026.
• Contradicción Política: Su discurso de campaña se centró en la “transparencia” y el “control del gasto público” de la gestión de Marcos Calvente, lo que vuelve aún más escandaloso que, antes de jurar, haya tramitado un subsidio millonario con irregularidades ante el mismo Ejecutivo que deberá controlar.

A través de una nota dirigida al Secretario de Gobierno, Ignacio Conte, el Director de Desarrollo Comercial e Industrial, Lorenzo Nieva Dinerstein envió una ayuda vinculada al programa “Guaymallén Invierte con Vos”, o la que en el futuro la reemplace. El pedido fue concreto: El valor de un auto elevador marca Hangcha nuevo, valuado en $27.052.575,00. Lo más llamativo no fue solo la cifra, sino la modalidad exigida: el “adelanto del 100%” del monto, mediante transferencia bancaria directa a su cuenta personal.

El dictamen que desnudó la maniobra del seguro

El trámite avanzó con una celeridad asombrosa que cualquier vecino de a pie envidiaría. En apenas 24 horas, el 26 de febrero, Nieva Dinerstein, firmó electrónicamente para dar continuidad al acto administrativo. Para el 2 de marzo, un informe técnico de su misma dirección ya sugería otorgar la asistencia económica, alegando una “relación directa y proporcional” con los daños.

Sin embargo, al llegar a la Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ), la verdad documental detuvo el engranaje. En un dictamen lapidario con fecha 06 de marzo de 2026, el Dr. Armando Chalabe expuso la inconsistencia que hoy pone a Giménez en la cuerda floja: el bien afectado estaba asegurado.

Según consta en las fojas del expediente, Giménez había hecho un reclamo ante la compañía Federación Patronal Seguros. El dictamen legal es una sentencia ética: “No correspondería hacer lugar al otorgamiento del beneficio solicitado”, reza el documento. La ley prohíbe que un privado cobre dos veces por el mismo siniestro (Seguro + Estado), lo que constituiría un enriquecimiento sin causa a costa del vecino de Guaymallén.

Lo que agrava la situación es la evidencia: en la Declaración Jurada original, Giménez omitió la existencia de la póliza. Pero a su vez, aparecieron en el expediente agregados manuscritos en lapicera intentando “blanquear” la situación, más el reclamo a la aseguradora.

El expediente que “duerme” en Intendencia

A pesar del rechazo categórico de Legales emitido el 6 de marzo, el expediente EXP-4559-2026 no fue enviado al archivo de trámites denegados. Según información obtenida, la pieza administrativa se encuentra actualmente en la Intendencia, bajo la órbita directa de Marcos Calvente.

Que un expediente con dictamen jurídico negativo por intento de doble cobro permanezca en el despacho del Intendente en lugar de ser clausurado, enciende todas las alarmas. El estancamiento del trámite en la máxima oficina municipal sugiere una voluntad política de mantener viva una solicitud que, por derecho, debería estar muerta.

Vendimia Solidaria: El patrón de los pagos “fantasma”

Este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de gestión que parece haberse instalado en la Secretaría de Gobierno bajo la tutela de Ignacio Conte. Bajo la lupa también se encuentra el expediente de contratación de Vendimia Solidaria, donde el municipio se dispone a pagar 9.000 dólares por el paquete de un evento que fue suspendido oficialmente por razones climáticas. El incumplimiento de la contraprestación es casi total. En Ecos Mendocinos te lo contamos, ver nota acá

Ignacio Conte: La “Vía Rápida” y los antecedentes

El denominador común en ambos expedientes es la firma y la voluntad política del Secretario de Gobierno, Ignacio Conte. Es quien recibe las solicitudes, valida la urgencia de los pagos y, en el caso de Vendimia Solidaria, permite que el trámite avance sin exigir la auditoría de los servicios realmente prestados.

La gestión de Conte no es nueva en polémicas. Sus antecedentes ya habían despertado suspicacias sobre el manejo de fondos públicos. Estos favorecen intereses específicos y falta de transparencia en las licitaciones, (también tiene mucho que ver con la contratación de sistemas).

Mientras el municipio empapela el Acceso Este con cartelería de un costo sideral —poste por medio durante 8 kilómetros— alegando una supuesta “transparencia”. Sumado los expedientes que benefician a aliados políticos y grupos de poder se manejan bajo un hermetismo absoluto. Y Conte, quien mantiene bloqueada la comunicación con la prensa independiente, deberá explicar ahora por qué la “Vía Rápida” solo funciona para quienes están cerca del mostrador oficial.

¿Idoneidad para asumir la banca?

El artículo 16 de la Constitución Nacional establece la idoneidad como condición exclusiva para el acceso a los cargos públicos. No se trata solo de idoneidad técnica, sino fundamentalmente de idoneidad moral.

Si un ciudadano intenta obtener 27 millones de pesos, y si una gestión permite que un expediente con dictamen negativo siga circulando en el despacho del Intendente mientras se apresta a pagar “almuerzos fantasma” de 9.000 dólares, la crisis no es solo administrativa, es de valores.

El Concejo Deliberante se enfrenta hoy a un dilema institucional: convalidar la asunción de un hombre que, según su propio departamento jurídico, intentó un cobro improcedente mediante una presentación desprolija, o aplicar la Ley de Ética Pública y frenar esto. Los vecinos de Guaymallén, aquellos que realmente perdieron todo en un incendio y no tienen “vía rápida” en la Secretaría de Gobierno, exigen una respuesta que no sea el silencio cómplice.

EL PEDIDO DE INFORMES: Tras el dictamen del 6 de marzo la Dirección de Asuntos Jurídicos desaconsejó el pago. El expediente EXP-4559-2026 quedó en un sugerente estado de parálisis. Ecos Mendocinos presentó formalmente un pedido de informes amparado en la Ley N° 9070. El municipio tendrá que aclarar si el trámite será archivado definitivamente o si existe la intención de avanzar ignorando la advertencia legal.

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