Guaymallén: la imputación de Currenti sería inminente y resurgen las preguntas sobre Iglesias y Calvente

Currenti fue destituido tras comprobarse graves irregularidades y su imputación sería inminente. La investigación vuelve a poner bajo análisis los convenios con Guaymallén.

Por Néstor Bethencourt

Alejandro Currenti fue destituido e inhabilitado después de una investigación administrativa que comprobó graves irregularidades en la Inspección Vertiente Corralitos.

Ahora, según información a la que accedió Ecos Mendocinos, su imputación penal sería inminente dentro de una causa que permanece abierta desde 2024. El nuevo escenario también vuelve a colocar bajo análisis lo ocurrido durante la gestión de Marcelino Iglesias en Guaymallén, cuando Marcos Calvente, actual intendente, ocupaba la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

El Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación resolvió destituir a Currenti e inhabilitarlo durante cinco años para ejercer cargos vinculados con la administración del agua. También se establecieron consecuencias económicas que superarían los 30 millones de pesos, mientras los elementos reunidos serán incorporados al expediente penal existente. MDZ informó este jueves 20 de agosto que Irrigación consideró acreditados al menos siete hechos de particular gravedad.

La decisión administrativa representa un cambio sustancial respecto del escenario existente cuando comenzaron las denuncias y publicaciones periodísticas. Ya no se trata únicamente de balances cuestionados, sospechas sobre obras o acusaciones realizadas por dirigentes enfrentados con Currenti. Después de aproximadamente dos años de investigación interna, el organismo decidió aplicar las máximas sanciones contra quienes conducían aquella inspección.

De las primeras denuncias a una destitución contundente

Ecos Mendocinos comenzó a publicar esta trama durante 2024, cuando todavía resultaba difícil establecer hasta dónde podían llegar las responsabilidades. El 1 de junio mostramos una conflictiva rendición de cuentas donde Marcelino Iglesias defendió públicamente las obras realizadas durante su intendencia. Aquella reunión terminó además con Currenti intentando agredir al entonces concejal José Pozzoli después de varios cuestionamientos relacionados con las cuentas presentadas.

Posteriormente, Ecos Mendocinos informó sobre el avance de la investigación judicial y los vínculos existentes entre Irrigación y la Municipalidad de Guaymallén.

La investigación administrativa conocida ahora detectó irregularidades mucho más profundas. Entre ellas aparece la utilización de credenciales pertenecientes a una persona fallecida para concretar operaciones bancarias, además de viáticos observados, contrataciones cuestionadas y aportes patronales impagos. También surgieron obras cobradas que no habrían sido ejecutadas y utilización de recursos institucionales en beneficio del entonces inspector.

Otro punto particularmente llamativo fue la construcción de la sede de la inspección sobre un inmueble perteneciente al propio Currenti. La auditoría también cuestionó el alquiler de maquinaria vinculada personalmente con el exinspector y distintos gastos afrontados mediante recursos institucionales.

Guaymallén, Iglesias y el rol que tenía Marcos Calvente

La historia nunca quedó encerrada entre las paredes de la Inspección Vertiente Corralitos, porque una parte sustancial de los recursos cuestionados provenía directamente de la Municipalidad de Guaymallén. Durante la intendencia de Marcelino Iglesias, la comuna celebró convenios mediante los cuales aportó hierro, hormigón, combustible, encofrados y otros materiales destinados a diferentes obras hídricas.

La nueva información conocida permite dimensionar mucho mejor aquella relación. José Pozzoli afirmó este jueves que el valor actualizado de los materiales entregados por Guaymallén rondaría los $10.000 millones, aunque esa cifra y el destino denunciado deberán ser determinados finalmente dentro de la investigación penal.

Según explicó el exconcejal, esos recursos constituyen un capítulo diferente de las irregularidades internas que Irrigación ya consideró acreditadas contra Currenti.

Pozzoli sostiene que los materiales municipales no habrían ingresado a los registros contables de la inspección y denunció que parte de ellos habría sido desviada y revendida ilegalmente.

En ese punto aparece un dato institucional que adquiere especial relevancia frente al avance de la causa. Durante los ocho años de Marcelino Iglesias como intendente, Marcos Calvente ocupó la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Guaymallén; desde diciembre de 2023 es quien conduce el municipio.

Calvente no ocupaba un área periférica dentro de aquella administración, sino precisamente la secretaría relacionada con la obra pública municipal. Documentos oficiales muestran numerosas actuaciones firmadas por Iglesias como intendente y Calvente como secretario de Obras y Servicios Públicos durante aquel período.

Este antecedente no supone atribuir responsabilidad penal a Calvente, sobre quien no se conoce una imputación vinculada con estos hechos. Sin embargo, su función resulta necesariamente relevante al reconstruir cómo se entregaban, ejecutaban y controlaban los recursos municipales destinados mediante aquellos convenios.

Dos investigaciones y una diferencia millonaria

Las declaraciones realizadas ahora por Pozzoli introducen una distinción fundamental para comprender el verdadero alcance de la causa. Una parte corresponde al manejo interno de la Inspección Vertiente Corralitos, donde Irrigación ya determinó irregularidades que terminaron con la destitución e inhabilitación de Currenti.

La otra parte se concentra sobre los recursos entregados desde la Municipalidad de Guaymallén, cuyo destino todavía integra la investigación penal. Según Pozzoli, la resolución administrativa conocida esta semana no resolvió ese segundo capítulo.

Esa diferencia explica también la enorme distancia entre los aproximadamente 30 millones de pesos reclamados administrativamente a Currenti y los cerca de $10.000 millones que Pozzoli calcula actualmente sobre los materiales aportados por Guaymallén. La segunda cifra corresponde a una estimación expresada por el denunciante y deberá ser corroborada judicialmente.

Pozzoli también sostuvo que aquellos convenios fueron firmados por Marcelino Iglesias sin intervención del Concejo Deliberante. Ese aspecto forma parte de los cuestionamientos incorporados a una investigación que ahora podría adquirir una dimensión considerablemente mayor.

Marcelino Iglesias ya fue denunciado penalmente

Tampoco Marcelino Iglesias aparece ahora en esta historia solamente por haber sido intendente durante los años investigados. José Pozzoli lo denunció penalmente en julio de 2024 por su posible responsabilidad en el manejo y control de recursos municipales destinados mediante aquellos convenios.

La presentación buscaba determinar qué ocurrió con materiales entregados por Guaymallén y si las obras correspondientes fueron realizadas en las condiciones previstas. También planteaba interrogantes sobre los mecanismos utilizados por el municipio para comprobar posteriormente el destino efectivo de esos recursos públicos.

Por eso, una eventual profundización judicial sobre Iglesias no comenzaría con los acontecimientos conocidos esta semana. Su nombre ya aparece dentro de las actuaciones iniciadas hace dos años, aunque hasta ahora no se conoce públicamente una imputación en su contra.

Lo novedoso es que aquella investigación judicial podría recibir ahora documentación producida por el propio Departamento General de Irrigación. Los hechos que inicialmente aparecían denunciados o bajo sospecha terminaron, en algunos casos, considerados acreditados dentro del procedimiento administrativo.

Ecos mostró videos y documentos mientras la causa seguía abierta

Durante aquellos meses, Ecos Mendocinos continuó aportando información mientras públicamente parecía disminuir la intensidad de la investigación. En agosto de 2024 publicamos videos donde aparecía dinero siendo contado en un lugar presuntamente relacionado con la Inspección Vertiente Corralitos, junto con otras imágenes que alimentaban interrogantes sobre el funcionamiento del organismo.

Más tarde, Ecos Mendocinos publicó un nuevo oficio judicial que confirmaba la continuidad del expediente y sus conexiones con Guaymallén. Después llegó un extenso período de escasa información pública, aunque las actuaciones administrativas continuaron avanzando dentro de Irrigación.

La resolución conocida ahora demuestra que aquella investigación interna no quedó archivada y terminó produciendo consecuencias institucionales extremadamente graves.

La imputación de Currenti sería inminente y la causa ya reunió testigos

Según información conocida por Ecos Mendocinos, la imputación penal de Alejandro Currenti sería inminente, aunque hasta el cierre de esta publicación todavía no existía una comunicación judicial oficial que permitiera presentarla como consumada.

La investigación penal, sin embargo, habría avanzado bastante más de lo que públicamente pudo conocerse durante los últimos meses. Pozzoli afirmó que aproximadamente diez testigos ya declararon ante la Fiscalía de Delitos Económicos, entre ellos empleados, responsables administrativos y funcionarios vinculados con los organismos de control hídrico.

También señaló que existe una pericia contable oficial relacionada con el desvío interno de fondos, uno de los elementos que habría respaldado posteriormente las sanciones administrativas aplicadas por Irrigación. La incorporación de esos antecedentes permite explicar por qué el expediente podría ingresar ahora en una etapa procesal mucho más visible.

Hasta el momento no existe información suficiente para afirmar que Marcelino Iglesias será imputado junto con Currenti, aunque su nombre ya aparece dentro de la denuncia penal presentada en 2024. El capítulo relacionado con los recursos municipales mantiene entonces una pregunta todavía abierta: qué ocurrió con los materiales entregados por Guaymallén y qué controles se realizaron para verificar efectivamente su destino.

Una causa que puede volver a abrir preguntas incómodas

Dos años después de las primeras publicaciones, el escenario es considerablemente diferente. Currenti perdió definitivamente su cargo, recibió una inhabilitación de cinco años y enfrenta consecuencias económicas después de una investigación administrativa particularmente extensa.

Ahora podría comenzar la etapa más sensible, porque la Justicia recibirá elementos que no existían cuando se realizaron las primeras denuncias. La eventual imputación de Currenti podría convertirse solamente en el comienzo de una nueva fase destinada a establecer hasta dónde alcanzaban las responsabilidades.

Para Guaymallén queda una cuestión que nunca recibió una explicación pública suficiente: quién controló efectivamente los materiales y recursos aportados mediante aquellos convenios. La causa Currenti comenzó dentro de una inspección de cauce, aunque parte de las respuestas todavía podrían encontrarse en la administración municipal de aquellos años.