Guaymallén: $61,5 millones, boxeo televisado y VIP en plena bronca salarial municipal

Por redacción

Una noche de boxeo, televisión y vidriera oficial

Guaymallén realiza hoy el festival boxístico “Cuna de Campeones – Capítulo 7” en el Polideportivo Poliguay, con una contratación directa que vuelve a poner sobre la mesa las prioridades de la gestión de Marcos Calvente.

El expediente EXP-11633-2026 autoriza la contratación de PANMAR S.A.S. por $61,5 millones, para organizar integralmente un evento deportivo que incluye logística, sonido, iluminación, difusión, seguros, viandas, traslado de boxeadores y transmisión televisiva en vivo.

El dato no aparece en el vacío. Mientras el municipio prepara una noche de ring, cámaras y sector VIP, entre los trabajadores municipales crece la bronca por una actualización salarial que consideran casi inexistente frente al costo de vida. La discusión, entonces, no pasa por cuestionar al boxeo ni a los deportistas, sino por preguntar si una administración que ajusta hacia adentro puede gastar semejante cifra en una vidriera deportiva con marca privada.

La postal es políticamente incómoda porque combina tres elementos difíciles de explicar juntos: plata pública, exposición oficial y malestar salarial. En tiempos donde cada peso municipal debería tener una justificación clara, el expediente muestra una decisión que parece pensada también para la foto, la transmisión y el lugar reservado donde a la política le gusta mostrarse.

La marca privada como puerta de entrada

El municipio no contrata un festival de boxeo genérico, abierto a la competencia y definido por necesidades propias de Guaymallén. La contratación se arma alrededor de “Cuna de Campeones – Capítulo 7”, una marca vinculada al privado que resulta adjudicatario del servicio. Esa decisión cambia todo, porque cuando el Estado elige una marca concreta, también reduce de antemano las posibilidades reales de competencia.

Ese mecanismo puede presentarse como una cuestión de exclusividad, pero también funciona como una forma elegante de cerrar el juego antes de que empiece. Guaymallén debería explicar por qué necesitaba este festival específico, con esta marca y este proveedor, en lugar de convocar una contratación más amplia para una actividad deportiva municipal.

El millón que no cierra en el expediente

Uno de los puntos más llamativos aparece al comparar los montos del propio expediente. El presupuesto presentado por PANMAR S.A.S. fija el costo total del evento en $60.500.000, con IVA incluido. Sin embargo, la solicitud de servicios municipal y la imputación presupuestaria avanzan por $61.500.000, es decir, un millón de pesos más que lo indicado en el presupuesto del proveedor.

La diferencia puede tener una explicación administrativa, contable o documental, pero esa explicación no surge con claridad del expediente disponible. Y cuando se trata de fondos públicos, un millón de pesos no debería quedar flotando como una diferencia menor, especialmente en una comuna donde los empleados municipales reclaman por salarios que siguen muy lejos de acompañar la inflación real.

Televisación en vivo y zona VIP

Guaymallén no paga únicamente una actividad deportiva, sino una producción completa con pantalla, relato, imagen y alcance público. Esa decisión tiene un valor político evidente, porque transforma un evento boxístico en una vidriera institucional, justo en un momento donde la gestión necesita mostrar movimiento, cercanía y presencia territorial.

A ese esquema se suma otro detalle que no pasa inadvertido: el expediente establece que la zona VIP queda a disposición del organizador. La frase parece técnica, pero deja una imagen fuerte. Mientras los empleados municipales acumulan bronca por la falta de recomposición salarial, la administración garantiza un espacio reservado en un evento financiado con recursos públicos.

La recaudación que necesita una respuesta

El expediente es muy detallado al momento de describir los gastos que deberá cubrir el adjudicatario con fondos municipales. Allí aparecen aranceles, honorarios, bolsas de boxeadores, traslados, seguros, viandas, publicidad, televisación, sonido e iluminación. Sin embargo, no aparece con la misma claridad qué ocurre con los ingresos vinculados al evento.

Si el festival tiene entrada gratuita, el municipio debería informarlo de manera expresa y explicar el criterio de oportunidad del gasto. Si existen entradas pagas, auspicios, publicidad o ingresos comerciales, entonces corresponde aclarar quién cobra, cómo se rinde y qué parte vuelve al Estado municipal. Esa información es indispensable porque el municipio financia una estructura completa, en un edificio público y con una marca ajena.

La pregunta es concreta: ¿Guaymallén paga todo y alguien más administra la caja? Sin una respuesta documentada, el punto queda abierto y merece ser explicado antes, durante o después del evento. La transparencia no se agota en mostrar el gasto; también exige mostrar los ingresos, sus beneficiarios y su destino final.

La pelea que no se ve en el ring

La administración de Marcos Calvente puede defender el evento como una política deportiva, pero deberá explicar por qué destina $61,5 millones a una velada con marca privada, televisación en vivo y VIP reservado, mientras puertas adentro crece el enojo por la casi nula actualización salarial. Esa contradicción no la resuelve una campana ni una foto desde la primera fila.

En Guaymallén, el expediente del boxeo deja una pregunta más grande que el propio evento. No se trata solamente de cuánto cuesta una noche deportiva, sino de qué prioridades revela una gestión cuando decide dónde pone la plata, dónde pone las cámaras y para quién reserva los mejores lugares.