Guaymallén: la intervención de Bomberos terminó envuelta en su propio incendio

Por Néstor Bethencourt

La intervención de Bomberos de Guaymallén sumó otro capítulo. Una denuncia apunta a compras a Cantón Congelados, firma que el escrito vincula al hijo de Mónica Elías. Días después, Franco Pivato fue removido, suspendido y sumariado.

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La intervención de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén ya no puede presentarse como una simple normalización administrativa. Lo que empezó bajo el discurso de ordenar papeles, balances y funcionamiento interno terminó convertido en una guerra abierta por poder, caja, compras, denuncias cruzadas y control del cuartel.

La crisis no empezó con esta denuncia. Ecos Mendocinos ya había reconstruido la cronología de la intervención de Bomberos de Guaymallén. También informó la renuncia total de la Comisión Directiva. Luego mostró cómo Bomberos terminó pidiendo alimentos tras meses de intervención.

El nuevo capítulo es tan incómodo como revelador. Ecos Mendocinos accedió a documentación atribuida a una presentación administrativa realizada por Franco Hipólito Pivato el 27 de mayo de 2026. En ese escrito, Pivato denuncia a la interventora Mónica Beatriz Elías por presunto conflicto de intereses, violación de la Ley de Ética Pública, fraude fiscal, desviación de poder y maniobras de coacción administrativa.

El punto central apunta a compras realizadas por la Asociación a Cantón Congelados, firma que la propia presentación vincula familiarmente con Elías. Según el escrito, el titular de esa distribuidora sería hijo biológico de la interventora.

El dato es explosivo por una razón sencilla. Elías no era una compradora más dentro de la institución. Era la persona designada para intervenir, ordenar y controlar Bomberos. Por eso, la pregunta deja de ser menor: quién controlaba las compras de quien había llegado para controlar el cuartel.

De la cercanía a la guerra sin cuartel

Hay un antecedente que vuelve esta crisis todavía más incómoda. Pivato no apareció de golpe en la intervención ni era un actor desconocido para Elías. Ecos Mendocinos ya había mostrado la relación inicial entre Elías y Pivato dentro del proceso interno

Aquella imagen no era un detalle. Mientras se discutía el rumbo de Bomberos, Elías parecía consultar o mantener línea directa con quien después ocuparía un lugar central dentro del nuevo esquema. En ese momento, la relación mostraba una cercanía funcional que hoy contrasta brutalmente con el desenlace.

Porque esa misma trama terminó convertida en una guerra sin cuartel. Pivato pasó de orbitador cercano al proceso de intervención a denunciante de Elías por presunto conflicto de intereses, compras familiares y manejo cuestionado de fondos. Cuatro días después, fue removido, suspendido y sometido a sumario administrativo.

La pregunta política surge sola. ¿La intervención se quebró por las faltas disciplinarias atribuidas a Pivato, por la denuncia contra Elías o porque ambos sectores terminaron disputando el control real de Bomberos?

Congelados, facturas y una explicación tardía

La documentación acompañada incluye facturas y referencias a compras de productos congelados para el consumo del cuerpo activo. También aparece un comunicado interno fechado el 23 de mayo, donde la intervención intentó explicar la adquisición de esos alimentos.

Según ese comunicado, las compras buscaban brindar una respuesta alimentaria rápida al personal bomberil después de intervenciones operativas extensas o regresos nocturnos. Sin embargo, el mismo texto reconoce que, al advertirse que no estaban dadas las condiciones para sostener esa modalidad, se decidió suspenderla.

Ese reconocimiento abre una pregunta evidente. Si la compra era correcta, transparente y necesaria, ¿por qué se suspendió cuando empezaron los cuestionamientos internos?

La denuncia de Pivato interpreta ese comunicado como una confesión administrativa. Sostiene que la propia intervención reconoció compras a una firma vinculada familiarmente con Elías y luego intentó cerrar el tema bajo el argumento de evitar interpretaciones maliciosas.

La documentación también incorpora un detalle de compras realizadas. Allí figuran cuatro facturas: una del 16 de enero por $244.000, otra del 4 de febrero por $325.000, otra del 5 de marzo por $352.500 y una última del 13 de abril por $133.500. El total informado asciende a $1.055.000.

La devolución que no cierra el caso

El paquete documental incluye además una nota atribuida a Distribuidora Cantón Productos Congelados, fechada el 23 de mayo. Allí se afirma que la provisión fue entendida como una respuesta rápida y práctica para cubrir necesidades alimentarias del personal bomberil.

Pero el mismo escrito agrega otro dato central. El proveedor reconoce que la interventora sería su madre y comunica la decisión de realizar una transferencia por el total de las compras, ofreciendo esos productos como una donación a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

También se incorpora un comprobante de transferencia por $1.055.000 y una captura donde aparece acreditado un movimiento por ese importe en la cuenta de la Asociación. El dato, lejos de cerrar la discusión, la agranda.

Porque si el proveedor devuelve o dona el total luego de que el tema estalla, la pregunta no desaparece. Al contrario, se vuelve más fuerte: por qué se compró primero, quién autorizó, cómo se eligió al proveedor y por qué la devolución aparece recién después del conflicto interno.

En una intervención que llegó prometiendo transparencia, no alcanza con devolver plata cuando la situación queda expuesta. La transparencia verdadera exige explicar todo el circuito: pedido, autorización, factura, pago, recepción, destino de la mercadería y posterior devolución.

La remoción de Pivato

La secuencia temporal es imposible de ignorar. El 27 de mayo aparece la denuncia administrativa atribuida a Pivato contra Elías. El 31 de mayo, la Asociación le notificó a Pivato su remoción del cargo de Jefe de Cuerpo, suspensión como integrante del Cuerpo Activo y apertura de sumario administrativo.

La notificación sostiene que la remoción fue resuelta por votación de las jerarquías presentes. También afirma que existían irregularidades constatadas, hechos acreditados y agravantes posteriores a una sanción disciplinaria previa.

Entre esos agravantes aparecen puntos sensibles. El documento habla de utilización de investidura jerárquica para exponer aspectos personales vinculados a una persona que habría formulado informes en su contra. También menciona revictimización, situaciones vinculadas a género, falta de presentación de documentación médica, inconsistencias posteriores y modificación unilateral de jerarquías del personal.

La medida además le impide ingresar al cuartel sin autorización expresa, actuar como Jefe de Cuerpo o Bombero Activo, e invocar representación institucional en cualquier ámbito.

Esto no es menor. La documentación contra Pivato también es grave y no puede ser usada como decoración. La propia intervención ya había informado a Personas Jurídicas una sanción previa vinculada a “hostigamiento hacia personal femenino”, además de pedidos de epicrisis médica, ascensos en RUBA sin procedimiento y posibles interferencias institucionales.

Dos crisis dentro del mismo cuartel

Una cosa no borra la otra. La denuncia contra Elías no limpia automáticamente la situación disciplinaria de Pivato. Pero la remoción de Pivato tampoco borra las preguntas sobre las compras a una firma que la denuncia vincula familiarmente con la interventora.

En Bomberos de Guaymallén parecen convivir dos crisis al mismo tiempo. Por un lado, una interna disciplinaria con acusaciones sensibles, género, jerarquías, documentación médica y restricciones institucionales. Por otro, una crisis administrativa que involucra compras, facturas, alimentos, vínculos familiares y una transferencia de más de un millón de pesos.

El caso también debe leerse dentro del marco de la Ley Nacional 25.054 de Bomberos Voluntarios. También corresponde observar la Ley Provincial 7.679 de Bomberos Voluntarios de Mendoza. Ambas normas refuerzan la importancia pública del servicio y del control institucional sobre asociaciones que cumplen una tarea esencial.

Por eso la pregunta ya no es quién tiene razón en la pelea interna. La pregunta es más profunda: cómo una intervención que decía venir a ordenar terminó produciendo más zonas oscuras que respuestas claras.

Si Pivato cometió faltas graves, debe investigarse y resolverse con debido proceso. Si Elías autorizó compras a una firma vinculada a su propio hijo, también debe investigarse con la misma vara. La transparencia no puede funcionar según el nombre del acusado.

Una intervención atrapada en su propio incendio

La crisis golpea directamente el corazón del relato oficial. La intervención llegó porque supuestamente había desorden administrativo, falta de balances, problemas internos y necesidad de reencauzar la institución. Meses después, el cuartel pidió alimentos, aparecieron fondos sin explicación pública, se denunció una compra familiar y el jefe del cuerpo terminó removido, suspendido y sumariado.

El problema de Bomberos ya no se resuelve con comunicados internos. Hace falta documentación completa, auditoría, balances, rendiciones y respuestas públicas. También hace falta que Personas Jurídicas explique qué control real ejerció sobre una intervención que ahora aparece salpicada por denuncias cruzadas.

La comunidad no necesita otra guerra de papeles. Necesita saber si el cuartel funciona, quién maneja la caja, quién autoriza compras, qué pasó con los fondos y si las denuncias sensibles fueron tratadas con seriedad.

Porque si la intervención vino a ordenar, debería poder mostrar el orden. Si no puede hacerlo, lo único que queda es una postal cada vez más difícil de defender: Bomberos de Guaymallén intervenido, pidiendo ayuda, con denuncias cruzadas y una caja que volvió a encender todo.