Guaymallén: Calvente manda a todos al psicólogo, menos a su gabinete

Por Néstor Bethencourt

Guaymallén cita empleados al psicólogo en medio de descuentos, traslados y miedo interno. La gestión Calvente lo presenta como salud laboral, pero los testimonios hablan de control, apriete y persecución encubierta.

La Municipalidad de Guaymallén encontró una nueva herramienta para tapar el apriete interno: mandar empleados al psicólogo. La gestión de Marcos Calvente avanza con exámenes médicos y charlas psicológicas en pleno clima de miedo municipal, con descuentos, traslados, pérdida de horas extras y órdenes que bajan sin explicación. Según empleados consultados, las citaciones llegan como bajada seca: “mañana tenés psicólogo”. Sin reglas claras, sin cuidados visibles y sin saber quién leerá después ese informe.

Guaymallén recorta, mueve personal, castiga en silencio y después mide el daño emocional provocado por ese mismo sistema. Eso tiene más de control político que de salud laboral. Mientras el empleado queda bajo lupa, el funcionario queda afuera. Esa postal resume bastante bien el método Calvente.

Psicólogos para domesticar

La ley permite controles médicos en casos concretos, dentro del sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, la Resolución SRT 37/2010 no habilita una caza psicológica sobre cualquier empleado de oficina. Muchos agentes citados cumplen tareas comunes: atienden vecinos, cargan expedientes, controlan papeles o hacen trabajos internos sin riesgo especial. No manejan maquinaria pesada, no conducen camiones, no operan equipos peligrosos ni trabajan en altura.

Entonces la pregunta cae sola: ¿qué riesgo justifica mandar empleados de oficina al psicólogo? La respuesta no aparece. En cambio, aparece la orden, aparece el miedo y aparece la sospecha. Con ese método marcan territorio. La charla psicológica laboral es un control pedido por el empleador, y en Guaymallén ese empleador maneja horas extras, adicionales, destinos, castigos y traslados.

Un empleado angustiado puede entregar datos delicados creyendo que recibe ayuda. Después, esa información puede volver como marca en el legajo: “conflictivo”, “angustiado”, “resistente”, “poco adaptable” o “no tolera presión”. En un municipio normal, esos datos deberían estar blindados. En Guaymallén, los empleados temen que terminen en manos equivocadas.

No regalar la cabeza

Los trabajadores deberían cuidar cada palabra. Mentir sería un error, pero regalar intimidad también. Conflictos familiares, angustias personales, opiniones políticas, internas gremiales o problemas con jefes no pertenecen a un control laboral oscuro. La Ley 25.326 protege datos delicados sobre salud, vida privada, política y gremios. Además, exige decir para qué se juntan y quién los usa.

Por eso, Guaymallén debe explicar qué datos junta, quién los guarda, quién los lee y para qué los usa. Mientras no lo haga, cada entrevista queda bajo sospecha. Si un empleado tiene diabetes, problemas cardíacos, medicación o restricciones físicas, corresponde certificado médico propio. No una confesión emocional ante un sistema municipal oscuro. La salud laboral cuida trabajadores. La persecución busca puntos débiles.

El ajuste también pasa por la cabeza

El operativo psicológico cae sobre un municipio donde obedecer vale más que trabajar bien. Quien agrada al jefe puede conservar horas extras, sumar ítems o esquivar traslados incómodos. Quien no entra en la rosca queda expuesto, cobra menos, pierde margen y termina movido como pieza descartable. Mientras algunos funcionarios rondarían ingresos millonarios, muchos empleados sobreviven con sueldos muy inferiores. Esa diferencia ordena el poder interno.

El premio no siempre llega por trabajar mejor. Llega por callarse, sonreír y no molestar al círculo correcto. Así aparece el psicólogo municipal: no como cuidado, sino como parte del engranaje. Primero ajustan. Después observan quién se quiebra.

Traslados que enferman

La contradicción se vuelve más grosera con los cambios de función. Fuentes municipales hablan de decenas de empleados movidos o en proceso de reubicación. Algunos serían trabajadores mayores, con diabetes, problemas cardíacos u otros problemas de salud. Aun así, pasarían de tareas internas a controles de calle, tránsito o puestos más duros. Guaymallén habla de salud laboral mientras empuja personal vulnerable hacia trabajos más pesados.

La ley prevé controles previos cuando un cambio trae nuevos riesgos. Ese examen debe hacerse antes del traslado, no después del daño. Si alguien pasa de una oficina a la calle, no alcanza una orden verbal. Debe existir control médico serio y cuidado real. Otra vez aparece la misma lógica: a los empleados los examinan, los mueven y los aprietan; a los funcionarios no les revisan ni la coherencia.

Conte, Echevarrieta y Calvente

En este esquema aparece Ignacio Conte, secretario de Gobierno, como figura clave del manejo político interno. También aparece Mariana Echevarrieta, señalada por fuentes municipales como persona de peso dentro del armado. Un episodio reciente pinta el clima: tras una publicación de este periodista sobre sus vínculos políticos, Echevarrieta preguntó por WhatsApp si iba a “ultrajar” su integridad como mujer. También cuestionó por qué era necesario nombrarla.

La respuesta es simple: se la nombra porque aparece dentro de una trama de poder municipal. No por su vida privada. No por su condición de mujer. No por una cuestión personal. Por poder.

Según fuentes internas, Echevarrieta y equipo operarían para Luis Petri y Marcos Calvente al mismo tiempo, mientras Ignacio Conte sigue de cerca a Marcelino Iglesias. Varios huevos en distintas canastas, una misma obsesión: seguir prendidos a la teta del Estado y ocupar cada espacio posible de poder, incluso los micrófonos de radio.

Por eso la reacción importa. En Guaymallén, cuando el poder es nombrado, no explica. Se ofende, cambia el eje y pide silencio. Calvente cree que conduce, Conte opera y Echevarrieta aparece señalada dentro del esquema. Abajo quedan los empleados: observados, medidos, trasladados y advertidos. Mientras el discurso oficial vende bienestar, los testimonios hablan de miedo.

El diagnóstico está arriba

La gestión Calvente debe explicar quién ordenó los exámenes, qué profesionales actúan, qué informes producen y quién accede a esos datos. También debe aclarar si las charlas psicológicas son obligatorias para empleados de oficina, y si esos resultados pueden pesar en traslados, adicionales, horas extras o nuevos puestos.

Mientras esas respuestas no aparezcan, la acusación queda planteada: Guaymallén ensaya persecución médica y psicológica contra empleados bajo presión. En Guaymallén, los empleados van al psicólogo. Los funcionarios siguen sin rendir examen.

El verdadero psicotécnico debería empezar por los cargos jerárquicos del ejecutivo; tal vez ahí aparezca el diagnóstico que Guaymallén no quiere mirar.

El problema no está en la cabeza de los trabajadores. El problema está mucho mas arriba.