Mientras los expedientes muestran descontrol, chatarra con GPS, seguros sospechosos, viandas millonarias, censos truchos, digitalización a ciegas y un hipermercado municipal social, los funcionarios de Guaymallén cobran sueldos millonarios y eligen el silencio. No es solo un problema administrativo: es una humillación moral que algún día también se discutirá en tribunales.
Señores funcionarios: ¿de verdad esto no les humilla?
Esta nota no es para el vecino, que bastante hace intentando entender el laberinto de expedientes, pólizas, GPS, viandas, censos, licitaciones y depósitos sociales que Ecos Mendocinos viene mostrando hace más de un año.
Hoy el mensaje va dirigido a ustedes, funcionarios de Guaymallén, con nombre, apellido y cargo.
Ustedes leen todo.
Desde adentro llegan relatos de reuniones tensas, gritos, culpas cruzadas y teléfonos que arden cada vez que se publica una nota.
Luego, hacia afuera, el libreto se repite: silencio, bloqueo, ninguneo o mensajes de WhatsApp que se deshacen frente al primer decreto, a la primera póliza o al primer acta de eliminación.
La pregunta, a esta altura, es imposible de esquivar:
¿no se sienten humillados por la evidencia que dejan sus propios expedientes?
Lo publicado no se basa en chismes.
Son decretos, auditorías, pedidos de baja de GPS, listados de chatarra, pólizas de seguros, licitaciones de viandas por cientos de millones, contratos de “modernización” y un depósito social rebautizado como “hipermercado municipal”.
Mientras tanto, hacia adentro, la muletilla favorita es que “a este diario no lo lee nadie”.
Resulta extraño: para un medio supuestamente insignificante, dedican bastante energía a intentar explicar lo que ustedes mismos firmaron.
Raddi no está solo: el club de socios del descalabro
Sería cómodo cargar todo sobre Pablo Raddi.
Sería también profundamente injusto.
Los últimos quince meses en Guaymallén muestran un esquema más amplio: irregularidades repartidas como franquicia entre varias áreas.
En viandas, por ejemplo, aparecieron contratos por más de cien millones de pesos en pocas semanas, con proveedores que se repiten, circuitos cerrados y una estructura que prioriza negocios antes que necesidades reales.
En paralelo, el Censo de Comercios terminó siendo un relato carísimo: menos censistas de los declarados, ejecución deficiente, sanción tibia al proveedor y la misma gente a cargo, como si nada hubiera ocurrido.
Dentro del rubro “modernización” también sobran ejemplos.
Se licitaron sistemas informáticos con funciones superpuestas: expediente electrónico, consultoría integral de “rediseño municipal” y tableros de gestión por decenas de millones, como si la prioridad fuera sumar contratos antes que ordenar la comuna.
Los montos acumulados superan varios miles de millones sin un diagnóstico serio que justifique semejante inversión.
Todo eso convive con la saga de la flota: GPS para chatarra, camiones que desaparecen, vehículos de terceros que ya no trabajan para el municipio y aun así figuran activos, aseguradoras que cubren unidades siniestradas que el propio municipio declaró inútiles, bajas patrimoniales ignoradas y un secretario de Gobierno peleado con sus propios decretos.
Raddi, en este contexto, es apenas el rostro más expuesto de una lista larga.
Desarrollo Social: hipermercado municipal y clientelismo a cielo abierto
Si hablamos de socios, Desarrollo Social no puede quedar afuera.
En la calle Tirasso, el depósito municipal transformado en “hipermercado municipal” se volvió símbolo de algo más grave que un simple desorden de stock.
Allí deberían guardarse colchones, frazadas, membranas, alimentos y materiales para personas vulnerables; sin embargo, las denuncias describen un saqueo sistemático, pasillos llenos, entregas discrecionales y una estructura que se perfeccionó con el tiempo.
La responsable política es Silvia Donati, directora de Desarrollo Social desde 2015.
Pese a las denuncias, continúa en su cargo, sin sanciones visibles, impulsando compras millonarias de colchones y zapatillas por más de $324 millones, en un contexto donde ella misma se proyecta como candidata a concejal.
La combinación es letal: recursos sociales de alto impacto territorial, licitaciones enormes y una funcionaria en modo campaña.
Las notas sobre Desarrollo Social no se quedan en el depósito.
La escena de personas en situación de calle acampando en la plaza Belgrano, frente a la propia Dirección, durante semanas, sin respuestas visibles del área, mostró otra cara del mismo problema: hay plata para colchones, pero no hay gestión real para quienes duermen a metros del despacho de la directora.
A eso se suma el clientelismo: el área manejada como almacén político, punteros que distribuyen módulos, entregas sin respaldo documental y planillas maquilladas.
Ecos Mendocinos ya describió a Donati como “reina del clientelismo”, con un depósito social convertido en caja de herramientas electorales y una estructura familiar insertada en cargos públicos, mientras la asistencia genuina queda supeditada a la fidelidad política.
Todo esto ocurre bajo el mismo paraguas político que protege a Raddi, a su control de gestión selectivo y a varios otros nombres que completan el mapa de complicidades.
El sueldazo, los extras y la dignidad que se deja en ventanilla
Conviene hablar de plata, porque también define prioridades.
Los cargos que ustedes ocupan no son trabajos mal pagos.
Son puestos con sueldos que superan ampliamente los cuatro millones de pesos mensuales, sin contar adicionales, viáticos, extras y otras ventajas.
Nadie les exige vivir como monjes.
Lo mínimo esperable, a cambio de esos ingresos, sería un estándar diferente de responsabilidad, decencia y respeto por quienes sostienen el sistema con impuestos cada vez más pesados.
Sin embargo, los papeles cuentan otra historia:
- GPS instalados en camiones desarmados y vehículos que hace tiempo dejaron de ser operativos.
- Equipos “sustraídos” que el municipio termina pagando como si nada, solo para cerrar cuentas con la empresa proveedora.
- Vehículos siniestrados, declarados destrucción total, que reaparecen asegurados y con seguimiento satelital activo.
- Camiones contratados que figuran como “Activos” en Sitrack mientras el propio municipio admite no saber si siquiera siguen teniendo contrato.
- Viandas y compras sociales por cientos de millones que se solapan con campañas electorales y clientelismo.
Cada una de esas decisiones suma gasto.
Cada factura pagada sale del mismo lugar: bolsillos de gente que nunca va a cobrar lo que ustedes cobran por mes.
La discusión ya no es si el sueldo les alcanza.
La pregunta incómoda es si vale la pena cobrarlo a cambio de sostener este nivel de desorden y mirar para otro lado.
La justicia puede tardar, pero la prescripción no es un blindaje eterno
En Argentina todos sabemos que la justicia es lenta, selectiva y muchas veces funcional al poder de turno.
Eso no es novedad.
Lo que sí conviene recordar es que las causas por corrupción no prescriben tan fácil como algunos suponen y que los expedientes que hoy parecen dormir pueden convertirse mañana en pruebas centrales.
Cuando se firman pólizas para vehículos destruidos, se paga GPS para chatarra, se sostienen depósitos sociales en modo hipermercado, se inflan licitaciones de colchones y zapatillas en plena campaña o se contratan sistemas millonarios sin control, nada de eso desaparece por arte de magia.
Los decretos siguen ahí.
Las actas también.
Las facturas no se borran.
Las notas internas donde se admite no saber qué camiones contratados siguen trabajando quedan en los archivos.
Hoy quizá confíen en que “no pasa nada”, que el Ministerio Público está saturado, que el Tribunal de Cuentas mira para otro lado o que la política de siempre termina tapando todo.
Justamente por eso hace falta subrayar que el tiempo no siempre juega a favor de quienes dejan un rastro tan prolijo de irregularidades.
No alcanza con ganar tiempo: algún día tendrán que explicar todo esto
Tal vez piensen que mientras se conserve cierta mayoría, mientras exista pauta para medios dóciles y mientras los que denuncian sigan siendo pocos, el daño será limitado.
Quizá crean que lo peor que puede ocurrir es una nota viral, algunos días de ruido en redes y luego el silencio.
Sin embargo, cada decreto de baja patrimonial ignorado para asegurar un vehículo destruido, cada GPS pagado sobre chatarra, cada contrato social atado a un armado electoral y cada licitación inflada suma un ladrillo a una pared de evidencia.
Esos ladrillos no dependen de este diario, sino de su propia caligrafía.
En unos años, cuando el clima político cambie, cuando algunos ya no estén en sus cargos y los sueldos queden en el recuerdo, habrá expedientes con sus nombres listos para ser leídos con otra lupa, la judicial.
En ese escenario, frases como “no sabíamos”, “no era tan grave” o “así se hizo siempre” pesan muy poco frente a una cronología de papeles que describen negligencia, clientelismo y posibles delitos contra la administración pública.
Tal vez hoy miren para otro lado; mañana tendrán que mirarse al espejo
Esta columna no pretende convencerlos.
Seguramente ya definieron hasta dónde están dispuestos a tolerar con tal de conservar el cargo y los privilegios.
Lo que sí busca es dejar asentado que nadie podrá decir que no fue advertido.
Los expedientes existen, las notas fueron publicadas, los mensajes se enviaron y las preguntas quedaron planteadas.
Si hoy eligen el silencio, el bloqueo, la burla o la soberbia, es su decisión.
Más adelante, también será una elección explicar ante quién corresponda por qué se administró así la flota, los seguros, Desarrollo Social, las viandas, el censo de comercios, la “modernización” y el resto del catálogo.
Las causas por corrupción pueden tardar, la justicia puede dormirse, pero el tiempo siempre acomoda las cosas de alguna manera.
Cuando los cargos y los sueldos ya no alcancen como escudo, quedará una sola pregunta realmente importante:
¿valió la pena vivir de un sueldazo a cambio de firmar expedientes que los marcarán para siempre como socios de este desorden?
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