Guaymallén pide anular multas, pero la Provincia ya cobró $300.000 en el Acceso Este
Un vecino de Guaymallén pagó $300.000 por una multa provincial en las laterales del Acceso Este, mientras el municipio intenta anular sanciones. Por Néstor Bethencourt
Mientras la Municipalidad de Guaymallén abrió un expediente para anular sanciones en las laterales del Acceso Este, surgió un dato que empeora el cuadro. La Policía de Mendoza labró un acta el 11 de febrero de 2026 y el infractor pagó la multa con descuento. El acta invocó la Ley Provincial de Tránsito 9024 y consignó la infracción “circular a contramano” en jurisdicción de Guaymallén.
El acta fijó un importe de $500.000. El pago voluntario aplicó un descuento del 40% y llevó el monto final a $300.000. El vecino pagó dentro del plazo y el Estado provincial cobró el dinero. La sanción no quedó en un papel: el Estado ya recaudó.
El cobro ocurrió mientras el municipio intenta retroceder
Este cobro llega en el mismo contexto en que el municipio intenta dar marcha atrás. El expediente NEE-3091-2026 pide anular sanciones administrativas aplicadas en ese sector.
El documento no deja dudas: el propio municipio busca anular sanciones aplicadas en ese sector.
El documento reconoce reclamos vecinales y justifica la anulación por la etapa de adaptación.Además, solicita directamente la anulación de sanciones impuestas en el área mencionada.
La secuencia institucional ya no admite maquillaje. Primero comenzaron las multas. Luego Ecos Mendocinos mostró que la ordenanza todavía no había sido votada (Click acá).
Después el municipio abrió un expediente para anular sanciones. Pero la Provincia ya multó y ya cobró.
La pregunta ahora se impone sola. Qué hará el Estado con el dinero que ya cobró en ese mismo contexto.
El municipio no solo recula: además pide recién ahora saber cuántas multas emitió.
Esa solicitud, incorporada como actualización del expediente, expone una gestión improvisada y sin control mínimo del daño causado.
Primero sancionaron vecinos, después anunciaron revisión, y recién al final preguntaron cuántas actas habían labrado.
El Estado no puede administrar sanciones como si fueran papelitos, sin registro claro y sin rendición inmediata.
La escena es brutal por simple: el municipio busca anular sanciones, pero todavía necesita dimensionar el volumen real del problema.
Cuando la administración pide “ver cuántas multas se emitieron”, admite que multó sin trazabilidad pública inmediata y sin control de impacto.
En cualquier esquema serio, el registro de actas no es una novedad: es el punto de partida del control.
Y mientras el municipio cuenta, los vecinos ya pagaron, ya reclamaron y ya quedaron expuestos al manoseo institucional.
La Provincia multó y el municipio no puede borrar esas actas
La Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad de Mendoza emitió el acta bajo normativa provincial. La multa no salió de un inspector municipal, sino de un policía provincial. Dicha policía acompañaba a preventores municipales. Por eso, el expediente municipal no puede “borrar” esa sanción ni devolver dinero por sí solo.
El expediente municipal lo firmó la Dirección de Servicios Comunitarios y Seguridad Vial de Guaymallén. Ese organismo puede actuar sobre sanciones municipales, pero no sobre las provinciales. El municipio puede anular sus propias multas, pero no puede anular las que labra la Policía.
Así aparece una desigualdad evidente. Un vecino recibe una multa municipal anulable. Otro paga una multa provincial que el municipio no toca.
El expediente no explica qué pasará con lo ya pagado
El expediente NEE-3091-2026 pide anular sanciones, pero aún no define qué hará con multas ya pagadas. Tampoco menciona devoluciones, compensaciones ni un procedimiento para reintegrar montos cobrados. Esa omisión golpea directo en el bolsillo de los vecinos.
El pago voluntario cierra el trámite desde lo recaudatorio, pero no cierra el problema institucional. El municipio reconoce reclamos y habla de “etapa de adaptación”, pero el dinero provincial ya quedó cobrado. El Estado cobró primero y ahora discute después.
Ecos Mendocinos empujó la revisión institucional
La investigación de Ecos Mendocinos expuso una contradicción central. El municipio aplicó cambios y sanciones sin una ordenanza votada que los respaldara plenamente. Luego, el municipio abrió un expediente para anular sanciones en ese mismo sector.
Ahora aparece el caso concreto que completa el cuadro. La Provincia también multó y además cobró $300.000 a un vecino. El conflicto dejó de ser teórico: ya se convirtió en recaudación efectiva.
El dato final es simple y demoledor
La Policía labró el acta.
El vecino pagó $300.000.
El Estado cobró.
El municipio ahora intenta anular sanciones del mismo contexto.
Guaymallén retrocede, pero la Provincia ya recaudó en el Acceso Este.
¿Y ahora?
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