Guaymallén: La sobredosis de Calvente y la patología del “ser” sin “hacer”

Por Néstor Bethencourt

¿De qué se ríe el intendente Marcos Calvente mientras firma un simple comodato por servidores prestados? Es la risa de la impunidad y el cinismo en su máxima expresión. Mientras los líquidos cloacales inundan los barrios y los trabajadores contratados pasan un fin de semana sin cobrar, el jefe comunal posa feliz para la foto, festejando como una victoria lo que es la confirmación de una tragedia administrativa. Se ríe, quizás, porque sabe que una simple foto con una sonrisa impostada es suficiente para desviar la atención de los 7 millones de dólares que se hicieron humo en un data center sin seguro, o de los 18 expedientes con informes negativos que ignoraron para seguir pagando un sistema fantasma. Es la risa de quien prefiere la épica del parche antes que la responsabilidad del hacer.

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En la psicología del poder, existe una frontera peligrosa entre la gestión real y la construcción de un personaje. En Guaymallén, esa línea se borró hace tiempo. El intendente Marcos Calvente parece transitar una “sobredosis” de anuncios rimbombantes, una adicción a la épica comunicacional que intenta compensar una orfandad de gestión alarmante. Es la necesidad imperiosa de “ser” (el intendente moderno, el técnico brillante, el refundador digital) sin la capacidad mínima de “hacer” (pagar sueldos, cuidar el patrimonio de 7 millones de dólares o gestionar con transparencia básica).

El mito del GEN NÓMADE: Crónica de una indigestión anunciada

El proyecto informático GEN NÓMADE es el paciente cero de esta patología. No es un problema nuevo ni producto de un incendio fortuito; es una cadena de fracasos que desde Ecos Mendocinos venimos siguiendo de cerca. Ya en notas anteriores advertíamos que la “indigestión” administrativa de Calvente lo llevaría a un callejón sin salida, e incluso revelamos que desde los sectores más altos de la política provincial ya le habían “soltado la mano”.

La historia de esta contratación es oscura: GEN NÓMADE se paga religiosamente desde “siempre”, pese a que nunca cumplió con las etapas de implementación pautadas. Existen casi 18 expedientes sobre dicha contratación que acumulan informes negativos de las propias direcciones municipales, advirtiendo sobre las fallas críticas y el incumplimiento del software. Aun así, nadie intervino. En Guaymallén, la prioridad no fue que el sistema funcionara, sino que el flujo de pagos no se detuviera. Se anunció su puesta en marcha para octubre de 2025, luego para diciembre, y en la apertura de sesiones del HCD se vendió como un logro consolidado. La realidad es que nunca arrancó y los días sin servicio en Rentas fueron la única constante.

Superposición de sistemas: El negocio de Ignacio Conte y la omisión de Raddi

Detrás de esta arquitectura digital fallida asoman los nombres de siempre. La mayoría de las contrataciones de sistemas —muchas de las cuales se superponen entre sí, haciendo que el municipio pague dos veces por la misma función— fueron impulsadas y gestionadas por Ignacio Conte.

En la otra vereda del mostrador, quien debería haber controlado la legalidad, la eficiencia y la transparencia de estos gastos es el Director de Control de Gestión, Pablo Raddi. Sin embargo, Raddi no solo no controló, sino que permitió que el GEN NÓMADE fuera el caballito de batalla de un relato que naufragó. El incendio del data center no fue la causa del colapso, sino la cortina de humo perfecta para ocultar que el sistema era un cascarón vacío y cuestionado internamente por los propios técnicos municipales.

El “Show de la Cooperación”: DGE y la Suprema Corte

Ante el desastre, la gestión Calvente activó su maquinaria de relaciones públicas. Según consta en las publicaciones oficiales de la web municipal, la Dirección General de Escuelas (DGE) cedió en comodato dos servidores de alta performance para “restablecer servicios”. Poco después, el anuncio se repitió con la Suprema Corte de Justicia, donde se mostró a Calvente junto a Dalmiro Garay firmando convenios de asistencia técnica bajo el lema de “garantizar la transparencia”.

La foto de la risa con Tadeo García Zalazar es el monumento al parche. Calvente celebra que la DGE le preste servidores como si fuera un logro de gestión, cuando en realidad es la prueba de que dejaron al municipio más grande de Mendoza desnudo, sin seguros y con un sistema GEN NÓMADE que es un agujero negro de 18 expedientes con informes negativos. Mientras Tadeo le firma el salvavidas digital, los vecinos siguen chapoteando en líquidos cloacales y los contratados esperan un sueldo que el ‘sistema’ no les quiere devolver.

Sin embargo, estos anuncios suenan vacíos y cínicos. Llama la atención que en la Corte Suprema, Dalmiro Garay no haya indagado sobre cómo está realmente la transparencia en Guaymallén o el estado real de los expedientes antes de prestarse a la foto. El Poder Judicial parece ir de la mano con el Ejecutivo, validando fotos institucionales mientras la ciudadanía sospecha que esta cercanía solo sirve para “dejar pensar” que el control existe. Si el sistema ya tiene servidores de la DGE y apoyo de la Corte, ¿por qué la información sigue sin aparecer para el ciudadano común?

Del anuncio rimbombante al decreto de “reconstrucción”

Es tragicómico observar la contradicción oficial: por un lado, notas en la web municipal sobre servidores nuevos; por el otro, la emisión silenciosa del decreto sobre reconstrucción de expedientes digitales. Pasamos de la grandilocuencia técnica al ruego administrativo.

Pero en los pasillos de la municipalidad el rumor es más oscuro: se dice que se van recuperando “expedientes sensibles”. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿Aparecen porque el sistema funciona o porque el riesgo de tener que rendir cuentas ante la Justicia —si esos papeles no aparecieran— es demasiado alto? La reconstrucción parece ser quirúrgica y política: primero lo que compromete al funcionario, después lo que sirve al ciudadano.

Negligencia millonaria: 7 millones de dólares sin seguro

El escándalo cobra dimensiones penales cuando se analiza la responsabilidad patrimonial. Según el propio Ignacio Conte, responsable de la infraestructura digital, el data center destruido valía casi 7 millones de dólares.

Esos 7 millones representan el esfuerzo de los vecinos y se esfumaron en un galpón que no cumplía con ninguna norma de seguridad e higiene básica. Lo más grave es que trascendió que el centro de cómputos no estaría asegurado. ¿Quién se hace responsable de esta pérdida patrimonial masiva? ¿Cómo se permite que el corazón digital del departamento carezca de protocolos contra incendio? La falta de mantenimiento no es un infortunio, es una negligencia criminal que debería tener responsables con nombre y apellido.

Realidad vs. Relato: Entre el protocolo y las cloacas

Mientras el intendente se pierde en la grandilocuencia de sus anuncios, la realidad del departamento es maloliente y peligrosa. Mientras la gestión se preocupa por reconstruir expedientes que la protejan, los líquidos cloacales fluyen a cielo abierto por varias zonas de Guaymallén sin que existan atisbos de solución o un plan de contingencia serio. Los vecinos conviven con focos de infección y una infraestructura colapsada, una metáfora perfecta de una gestión que prefiere mirar hacia arriba, a los carteles, que hacia abajo, a las necesidades básicas de la gente.

La doble vara: Los 13 millones y el hambre de los contratados

Bajo la órbita de Pablo Raddi, la emergencia tiene criterios selectivos que indignan:

1. Para los amigos: El sistema tuvo la lucidez suficiente para convalidar el pago de $13.230.000 a la Fundación Grupo América por una Vendimia Solidaria que nunca existió (Orden de Compra 322).
2. Para el trabajador: El sistema está “caído” o el “expediente chamuscado” para liquidar los sueldos de los contratados, quienes cierran abril sin un peso en el bolsillo mientras ven cómo la gestión prioriza el protocolo sobre el salario.

Obras cortas, carteles largos: ¿Hasta cuándo?

Mientras el patrimonio de 7 millones de dólares se hace humo y las cloacas desbordan los barrios, el presupuesto sobra para la propaganda. Es obsceno observar el Acceso Este y sus laterales llenas de carteles rimbombantes por una obra de poco más de 10 kilómetros. Guaymallén gasta más en anunciar la obra que en proteger su infraestructura, y más en marketing que en asegurar que su personal cobre y que sus vecinos no vivan entre desechos.

La gestión de Calvente ha logrado usar la “modernización” para esconder el atraso. Si hay servidores de la DGE y apoyo de la Corte, ya no hay excusas técnicas. Lo que queda es la pura voluntad política de una gestión que prefiere las cenizas antes que la luz pública. La necesidad de “ser” un intendente moderno ha chocado de frente con la incapacidad de “hacer” lo básico. En Guaymallén, el relato ya no alcanza para tapar el olor a quemado… ni el olor de las cloacas.