Ubicado en higuerita y Ramponi, Guaymallén, es un lugar nefasto para los abuelos. Por Néstor Bethencourt.
El geriátrico “Alegría del Vivir”: un escándalo que no cesa. Lo contamos en esta otra nota.
Desde el 2012, el geriátrico “Alegría del Vivir”, rebautizado “Vivir con alegría”, ubicado en la calle Higuerita 1705 del Barrio Santa Ana, Guaymallén, ha sido un emblema de la negligencia y el desamparo.
Andrea Regules, su titular, no es apta para el cuidado de ancianos, definitivamente.
Año tras año, las irregularidades se acumulan como una ominosa pila de denuncias y actas que nadie parece querer revisar con seriedad.
Incredulidad e indignación se fusionan al observar que, pese a su historial, este establecimiento sigue abierto y funcionando aun clausurado, sin restricciones reales definitivas. Regules maneja muy bien el arte de utilizar los errores burocráticos en su provecho, casi en forma delincuencial.
Un historial plagado de infracciones
Desde su apertura, el geriátrico ha operado al margen de la legalidad. Durante solo dos años, obtuvo habilitaciones que nunca debió recibir.
Los expedientes municipales están repletos de advertencias, denuncias y sanciones, pero poco ha cambiado. A lo largo de estos doce años, el establecimiento acumula:
- Más de 11 actas municipales solicitando documentación y modificaciones.
- Más de 9 actas ordenando el cese de actividades, sin cumplimiento.
- Más de 5 multas municipales por diversas infracciones.
- Más de 3 pedidos de clausura definitiva.
- Más de 3 solicitudes de intervención del Ministerio de Salud.
- Mas de 9 actas de incumplimiento de cierre.
- Más de 2 inspecciones con fuerzas policiales y personal del Ministerio de Salud.
- Más de 2 actas por impedimento de ingreso a inspectores.
- Más de 3 actas por ruptura de fajas de clausura, con una denuncia penal.
- Más de 3 clausuras definitivas. (No tan definitivas)
- 2 Denuncias penales en el Ministerio Público Fiscal por romper fajas de Clausura.
Este desolador panorama se complementa con la información de que la titular, Andrea Regules, figura como insolvente en los informes del BCRA y tiene dos denuncias penales activas por su accionar.
En cualquier lugar del mundo, esta mujer sin escrúpulos estaría procesada, y tal vez presa.
Un refugio convertido en pesadilla
El hacinamiento, la falta de higiene y la sobrepoblación son solo el principio de los problemas.
Los ancianos viven en condiciones que desafían cualquier noción de dignidad humana.
No hay sistema contra incendios, los planos del edificio no están aprobados y muchos baños simplemente no funcionan.
La suciedad se ha convertido en un estándar y los incidentes de fuga y desaparición de residentes son frecuentes.
En casos extremos, los fallecidos permanecieron horas sin certificación debido a la falta de personal autorizado para firmar los documentos.
Una impunidad que desafía la lógica
La insólita permisividad de las autoridades provinciales y municipales ha llevado a un punto crítico.
El Ministerio de Salud provincial y la Municipalidad de Guaymallén conocen al detalle cada infracción, cada denuncia y cada acto de resistencia del geriátrico frente a las medidas impuestas.
El monitoreo y las sanciones parecen solo simulacros de control.
En lugar de cerrar sus puertas, “Alegría del Vivir” ha extendido sus operaciones como si las normas no aplicaran con una impunidad que apesta.
La realidad es aún más escalofriante: las actitudes negativas que iniciaron en 2012 no solo persisten, sino que se han multiplicado. Las multas y sanciones siguen sin pagarse, y la titular se ha beneficiado de la ineficacia burocrática.
Con un pedido de clausura definitiva vigente, el silencio oficial y la inacción son cómplices.
Resalta la actitud de la funcionaria Sosa, de la Dirección de Industria y Comercio, quién ha vuelto a efectuar la última denuncia penal correspondiente.
Urgencia de acción
La sociedad ya no puede tolerar la pasividad. Cada día que pasa sin una acción decisiva es un día más en que los residentes del geriátrico sufren.
La intervención de la gestión de Marcos Calvente como intendente, como de la Dirección de Comercio, debe transformarse en algo más que una declaración de intenciones.
El clamor es claro: este lugar no debe seguir operando.
No es una cuestión de papeleo ni de dilaciones, es una urgencia moral y social. ¿Cuántas pruebas más son necesarias?
El cierre definitivo es la única opción.
Se trata de vidas, de respeto y de justicia para los ancianos que no pueden defenderse por sí mismos.
El expediente, uno de ellos, aquí debajo expuesto no está actualizado a la fecha, pero allí podrán determinar las irregularidades que allí se cometen.
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