Guaymallén: el poder aprieta y los cómplices callan

La crisis municipal se descarga sobre los empleados mediante amenazas de nuevos recortes. Quienes administraron los recursos ahora convierten al trabajador en sospechoso.

Por Néstor Bethencourt | Editorial

Marcos Calvente, su secretario de Gobierno, Ignacio Conte, y Javier Guardia recorrieron oficinas municipales para observar la productividad del personal. Al menos tres fuentes confirmaron esas visitas, reiteradas durante los últimos días junto con amenazas de nuevas pérdidas salariales. Desde distintas direcciones, los trabajadores reciben advertencias atribuidas a órdenes de Conte, incluso después del acuerdo por los bonos.

Quienes administraron las cuentas y repartieron beneficios ahora descargan sobre el empleado las consecuencias de sus propias decisiones. El trabajador no eligió proveedores, no autorizó contrataciones ni calculó los ingresos municipales. Sin embargo, es quien termina haciendo cuentas para saber cuánto dinero conservará su familia después del próximo recorte.

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Años de descontrol, amenazas para el empleado

Mientras aumentan los aprietes, circulan instrucciones para respaldar adicionales con detalles elementales: tareas realizadas, motivos y tiempo de trabajo extraordinario. La conducción empieza a reforzar controles básicos sobre un sistema que ella misma administró durante años.

Carlos Gatica conduce Recursos Humanos desde 2015, atravesando las gestiones de Marcelino Iglesias y Calvente. Esa continuidad lo vincula directamente con la responsabilidad administrativa por los controles del personal y sus liquidaciones. El desorden también tiene responsables sentados del otro lado del escritorio.

Ecos Mendocinos examinó diez expedientes de servicios extraordinarios y encontró responsables que firmaban planillas donde también figuraban como beneficiarios. Había personas incluidas en dos áreas y asignaciones sin identificación suficiente. Los testimonios actuales agregan horarios incumplidos por favorecidos y beneficios distribuidos según cercanías políticas.

Sobre esa desigualdad avanza ahora el castigo: quienes manejaron las excepciones se presentan como guardianes de la productividad ajena. Usar la incertidumbre salarial para obtener obediencia es una forma de disciplinamiento político.

Los millones tuvieron otras prioridades

La crisis no comenzó cuando decidieron tocar los sueldos: estuvo precedida por gastos y contrataciones que este medio viene documentando. El festival de boxeo costó $63,3 millones, mientras la administración de las entradas quedó en manos del promotor. La última maratón mostró gratuidades para autoridades y una rendición con duplicaciones e identificaciones deficientes. Después llegó la compra de 407 muebles por $102,35 millones, incluidos 116 sillones ejecutivos.

Hubo recursos para esas decisiones; cuando las cuentas se estrecharon, el sacrificio cayó sobre los trabajadores. El recorte político del 10% aprobado en octubre no borra esa distribución de prioridades ni los privilegios denunciados. Calvente encabeza la gestión y conserva la responsabilidad política por sus funcionarios, sus decisiones y sus resultados.

La austeridad que predican hacia abajo convive con vehículos oficiales, choferes y gastos de movilidad pagados por el municipio. Según testimonios recibidos por Ecos Mendocinos, hay funcionarios con autos disponibles las 24 horas, muchos sin identificación municipal y sin GPS activo. Mientras al empleado le revisan cada adicional, parte de la conducción conserva comodidades financiadas por los mismos recursos que declara insuficientes. Ese parasitismo del presupuesto vuelve obsceno el discurso del sacrificio compartido.

Otros $14.000 millones para cubrir personal

El contador Manuel Moreno Serrano, concejal de Fuerza Justicialista Mendoza, describió otro síntoma del problema presupuestario en declaraciones a Ecos Mendocinos. El jueves 5 de noviembre informó el ingreso al Concejo de una propuesta para agregar aproximadamente $14.000 millones al presupuesto 2026 de personal. Sumados a los incrementos anteriores, estimó un refuerzo acumulado cercano a $28.000 millones.

Según explicó, los recursos saldrían de numerosas áreas, con posibles dificultades posteriores para sostener sus servicios. Los expedientes pasaron a la comisión de Hacienda y el concejal esperaba su tratamiento en el recinto durante la semana siguiente. Mientras los funcionarios inspeccionan escritorios, sus propias previsiones presupuestarias vuelven a quedar expuestas.

La cuerda se tensa y el poder conserva sus privilegios

Ecos Mendocinos presentó denuncias y documentación ante la Justicia; la falta de respuestas prolonga las condiciones que este medio viene denunciando. El silencio mediático también reduce el costo público de los aprietes y deja al relato oficial ocupando la escena. La inmovilidad beneficia a quienes conservan el mando mientras los denunciantes siguen esperando.

Los trabajadores describen una presión que empieza a resultar insoportable, entre necesidades familiares y amenazas transmitidas por sus superiores. Jugar con esa estabilidad desde un despacho es crueldad política, aunque la presenten como una revisión de productividad. Seguir tensando esa cuerda agrava el deterioro laboral y abre escenarios que la conducción no controla.

El acuerdo por los bonos no terminó con los aprietes ni resolvió las dificultades que obligan a redistribuir partidas. Hoy conviven amenazas, controles tardíos y gastos cuestionados: una administración que pierde capacidad de ofrecer certezas mientras conserva capacidad para castigar.

Calvente puede seguir haciendo videos; dentro del municipio, la incertidumbre sobre los ingresos continúa marcando la vida cotidiana. Si este rumbo persiste, los próximos meses encontrarán trabajadores más desgastados y servicios presionados por las mismas dificultades financieras. El fracaso ya tiene un costo: lo pagan quienes no administraron los recursos ni disfrutaron de los privilegios. Cada nueva amenaza profundiza ese daño y compromete políticamente a quienes la ordenan, la ejecutan y la sostienen.