Guaymallén también tiene su Adorni: Pablo Raddi y una declaración jurada que incomoda

Por Néstor Bethencourt

Mientras el país discute patrimonios oficiales, Guaymallén también tiene funcionarios que merecen explicación pública. Pablo Raddi, director de Control de Gestión municipal, aparece con una declaración jurada que abre preguntas sobre bienes, poder interno y transparencia real.

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Cuando la transparencia deja de ser un trámite

La política argentina tiene una habilidad notable para indignarse por turnos, según el color del funcionario observado. Cuando el escándalo toca al adversario, aparece la república con bandera, atril y discurso completo. Cuando el problema se acerca al propio espacio, suele aparecer el silencio, la excusa o la clásica cara de “yo no fui”.

En Guaymallén, esa lógica también tiene versión municipal y nombres propios bastante conocidos. Uno de ellos es Pablo Ángel Raddi, director de Control de Gestión de la Municipalidad de Guaymallén, cuya declaración jurada patrimonial fue presentada el 24 de febrero de 2026. El documento, disponible en el sistema de Ética Pública de Mendoza, muestra bienes que merecen una explicación pública razonable.

No se trata de afirmar delitos, ni de convertir la propiedad privada en sospecha automática. Nadie debería ser señalado solo por tener bienes, viajar o vivir mejor que el promedio. El punto es más simple y bastante más institucional: cuando alguien ocupa un cargo sensible, administra información y participa en circuitos de control, su patrimonio debe poder explicarse sin vueltas.

Raddi no es un empleado perdido en una oficina sin poder de decisión. Es un funcionario que aparece vinculado a respuestas oficiales, expedientes internos y áreas donde se cruzan controles, compras, sistemas y decisiones administrativas. En un municipio atravesado por denuncias, sistemas caídos, expedientes discutidos y contrataciones millonarias, ese lugar no es menor.

Los bienes declarados y la pregunta inevitable

Según la declaración jurada observada por Ecos Mendocinos, Raddi informa participación en dos casas ubicadas en Mendoza. Ambas figuran con fecha de adquisición 1 de enero de 2025 y con titularidad del 50%. Una registra 250 metros de terreno y 245 metros construidos, mientras la otra informa 200 metros de terreno y 141 metros construidos.

La misma declaración incluye otros inmuebles vinculados al cónyuge, con propiedades en San Luis y Mendoza. Entre ellos aparecen departamentos, casas y una propiedad mendocina de 665 metros de terreno y 220 metros construidos. La fotografía patrimonial no prueba una irregularidad por sí misma, pero habilita preguntas razonables para cualquier ciudadano que paga impuestos.

El caso se vuelve más sensible cuando se observa el contexto municipal donde Raddi cumple funciones. Guaymallén no atraviesa precisamente una etapa de prolijidad administrativa ejemplar, ni de transparencia espontánea. Al contrario, en los últimos meses se acumularon expedientes sensibles, pedidos de informes, contradicciones oficiales y problemas operativos que todavía no tuvieron explicaciones.

En ese escenario, el patrimonio de quienes controlan o intervienen en circuitos de control no puede quedar reducido a una formalidad burocrática. La declaración jurada no debería ser un PDF dormido en una página estatal. Debería ser una herramienta concreta para que la ciudadanía pueda mirar, comparar y preguntar.

El país habla de Adorni, Guaymallén debería mirar a los suyos

La comparación con Manuel Adorni no aparece por capricho, sino por clima político y por doble vara. A nivel nacional, el debate público volvió a mostrar cómo los patrimonios oficiales generan ruido cuando las explicaciones no alcanzan. En Mendoza, y especialmente en Guaymallén, también hay funcionarios cuyo crecimiento patrimonial o nivel de vida merece ser explicado con claridad.

Pablo Raddi, por ejemplo, ostenta una propiedad que, por tamaño y ubicación, podría cotizar en valores muy altos dentro del mercado inmobiliario local. Según referencias inmobiliarias de propiedades similares en barrios cerrados, ese tipo de vivienda puede rondar cifras cercanas a los 300.000 dólares. La estimación no reemplaza una tasación oficial, pero sirve para dimensionar la pregunta pública.

Para un director municipal de Control de Gestión, la pregunta no parece menor ni caprichosa. ¿Cuál fue el origen completo de esos bienes? ¿Qué ingresos familiares los explican? ¿Existen actividades privadas, herencias, créditos, ventas previas o antecedentes patrimoniales que permitan entender esa evolución? Si la respuesta existe, debería poder decirse sin dramatismo.

El problema, una vez más, no es tener patrimonio. El problema es que el poder se acostumbre a no explicar nada, especialmente cuando ese poder conoce los secretos internos de una administración municipal. En Guaymallén, ese silencio ya se volvió demasiado frecuente como para no tomarlo en serio.

No se trata de partidos, se trata de personas

Este medio no cree en absoluciones automáticas por pertenencia política, ni en condenas prefabricadas por camiseta partidaria. Cuando alguien se las manda, se las manda. Sea radical, peronista, libertario, kirchnerista o integrante de cualquier sello usado como refugio electoral.

A esta altura, el problema argentino no parece estar solamente en los partidos, sino en quienes los fueron ocupando como si fueran inmobiliarias del poder. Muchos dirigentes se cuelgan de historias ajenas, discursos nobles y banderas conocidas para sacar provecho personal. Después hablan de transparencia, libertad, república o justicia social, según convenga al decorado del momento.

En Guaymallén sobran ejemplos de funcionarios con voz baja, perfil mínimo y habilidad llamativa para moverse dentro del Estado. El caso del recién asumido concejal Luis Giménez ya dejó una muestra inquietante, con el expediente del subsidio tramitado tras el incendio de un vehículo con seguro. Ecos Mendocinos detectó la maniobra y el expediente quedó bajo la lupa pública.

Ahora, el foco vuelve sobre un funcionario de mayor peso interno. Pablo Raddi no es un actor secundario en la estructura municipal, porque su área aparece en temas sensibles y expedientes relevantes. Por eso mismo, su declaración jurada no puede ser leída como un dato menor o una simple curiosidad administrativa.

Viajes, poder interno y explicaciones pendientes

A la información patrimonial se suman otros elementos que también forman parte del interés público. Raddi ha exhibido o realizado viajes al exterior, incluso a destinos turísticos de alto costo, según registros y publicaciones conocidas. En este momento, además, se encontraría nuevamente fuera del país, dato que vuelve más visible el contraste entre cargo público, nivel de vida y explicaciones pendientes.

La observación no apunta contra el derecho a viajar, descansar o gastar dinero propio. Cualquier persona puede hacerlo si sus ingresos lo permiten y si no existen incompatibilidades. Pero cuando se trata de funcionarios con poder administrativo, la vara debe ser más alta que la del ciudadano común.

La misma lógica ya apareció con otros nombres dentro del municipio, como ocurrió con Lorena Cañete, subdirectora de Control de Gestión. Sus viajes, gustos y exposición pública también habían generado comentarios y preguntas dentro del ecosistema municipal. La cuestión de fondo no es moralista, sino institucional: quién controla a quienes dicen controlar.

Guaymallén necesita respuestas simples, no discursos de ocasión. Si todo está en regla, el funcionario puede explicarlo con documentación, fechas, ingresos y antecedentes patrimoniales. Si no lo hace, la duda seguirá creciendo en el único lugar donde el poder no puede mandar: la opinión pública.