Lo permitido en Guaymallén también dice demasiado sobre la Justicia mendocina

Por Néstor Bethencourt.

Mientras Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Mendoza, defiende la independencia judicial, José Valerio, ministro del mismo tribunal, lo cruza públicamente, y Alejandro Pérez Hualde, exintegrante de la Corte, habla de organismos “capturados” y de una “mayoría automática”. En ese marco, Guaymallén se volvió una prueba incómoda de todo lo que hoy parece tolerarse.

La discusión ya no está afuera de la Justicia

En Mendoza ya no alcanza con discutir la independencia judicial como una sospecha periodística. El debate ya se metió dentro del propio universo judicial. Y eso vuelve todo más grave.

El 31 de marzo, Alejandro Pérez Hualde, exministro de la Suprema Corte y constitucionalista, denunció falta de independencia en la Corte y en otros organismos de control. Habló de una “mayoría automática” y sostuvo que el Ejecutivo había “capturado” organismos clave. Fuente: MDZ Diario

El 7 de abril, en la apertura del año judicial, Dalmiro Garay, actual presidente de la Suprema Corte, destacó una baja de la litigiosidad y elogió medidas tomadas “en asocio con el Poder Ejecutivo”. Fuente: Diario los Andes.

Al día siguiente, en Diario los Andes, José Valerio, ministro de la Suprema Corte, cruzó a Garay por sus dichos sobre la prensa y respaldó el derecho de Pérez Hualde a expresar su preocupación sobre la institucionalidad mendocina.

El 12 de abril, Garay volvió sobre el tema en Diario Los Andes. Defendió la independencia de la Corte, dijo que presidía “una Corte independiente” y pidió a la prensa abordar el tema “con seriedad”.

La independencia no se mide en discursos

Una Justicia no se define por lo que dice sobre sí misma. Se define por su capacidad de poner límites reales al poder. Y ahí Mendoza empieza a mostrar una debilidad demasiado visible.

La independencia judicial no se prueba con discursos cuidados ni con llamados a la prudencia. Se prueba cuando el poder político sabe que enfrente tiene un freno. Cuando ese freno no aparece, la sospecha deja de ser una exageración y empieza a parecer sentido común.

Guaymallén se volvió una prueba incómoda

Ahí entra Guaymallén. No como anécdota municipal, sino como síntoma provincial. Porque si alguien quiere medir cuánto se tolera hoy antes de que la Justicia reaccione, alcanza con mirar ese departamento.

Guaymallén arrastra desde hace tiempo una secuencia demasiado pesada, contada con detalles en Ecos Mendocinos. Sistemas superpuestos, expedientes bajo amenaza, caída de Rentas, promesas tecnológicas incumplidas y, finalmente, un incendio sobre el corazón del área informática. Después llegó la emergencia administrativa, tecnológica y operativa, la vuelta al papel y una parálisis que dejó a buena parte del municipio semivacío y sin capacidad real de trabajo.

La pregunta ya no es solo qué se quemó o qué dejó de funcionar. La pregunta es más incómoda: qué más tiene que pasar para que la reacción judicial se vea con el peso que una situación así exige. No es lo único, hubo cientos de notas que hablan de un Guaymallén muy sospechado de corrupción.

Las denuncias existen, los avances no se ven

A ese cuadro se suma una experiencia directa imposible de ignorar. Ecos Mendocinos presentó denuncias que, incluso con pericias realizadas por la propia fiscalía y confirmatorias del motivo denunciado en una de ellas, iniciada hace dos años y medio, no muestran avances significativos.

En ese expediente, además, la fiscal a cargo negó a este medio la posibilidad de acceder a copia o siquiera tener vista de las actuaciones. En los otros casos impulsados por Ecos, tampoco aparecen progresos visibles.

Por eso, cuando se habla de una Justicia que no termina de actuar como límite, ya no se trata solo de una lectura política. También se trata de una experiencia concreta de opacidad, lentitud y ausencia de respuestas.

Lo permitido en Guaymallén también habla de Mendoza

Cuando un municipio ofrece ese nivel de deterioro y aun así no aparece una reacción institucional visible, firme y proporcionada, lo que queda en duda no es solo la gestión municipal. También queda en duda la capacidad de la Justicia para funcionar como límite.

Por eso Guaymallén también dice tanto sobre Mendoza. Porque en ese municipio no solo se ve una administración en crisis. También se ve cuánto puede tolerarse antes de que el sistema institucional reaccione de un modo que vuelva creíble la idea de independencia judicial.

Si lo permitido en Guaymallén ya no escandaliza a la Justicia mendocina, entonces el problema no es solo municipal. Es provincial.