El municipio adjudicó $13 millones a un nuevo proveedor de eventos, mientras sigue sin dictamen el sumario por supuestas sillas con detalles en la fiesta vendimial departamental. Por Néstor Bethencourt
Guaymallén licitó
Una nueva contratación con viejos problemas: el expediente A-EE-774-2025 en la mira
La Municipalidad de Guaymallén vuelve a quedar bajo la lupa por la adjudicación millonaria de servicios para eventos. Esta vez, mediante el expediente A-EE-774-2025, contrató al proveedor Sebastián Luis Suárez por $13.407.000 para la prestación de servicios de banquete y mobiliario para el año 2025.
El proceso podría haber pasado desapercibido si no fuera porque aún sigue sin resolverse el escándalo de las sillas con supuestos detalles suministradas durante la Fiesta Departamental de la Vendimia 2025, contratadas a otro proveedor, Joel Alexis Adamo, en la licitación anterior.
Aquel episodio terminó en una denuncia formal interna, un sumario administrativo sin dictamen, y un nuevo foco de tensión dentro del área de la Dirección de Cultura del municipio.
En el sumario ya desfilaron casi una decena de funcionarios municipales, sin que nadie haya visto irregularidades que parece, solo vio Pablo Raddi (a) “El que recuperó la vista”.
La pregunta que vuelve con fuerza es:
¿Puede una gestión seguir adjudicando contratos millonarios sin cerrar sus cuentas pendientes?
Un proveedor con sumario fue desplazado, sin sanción previa
El nuevo proveedor, Suárez, fue seleccionado en una nueva licitación donde también se presentó Joel Adamo, el mismo que había sido adjudicado en la Fiesta de la Vendimia departamental 2025.
Sin embargo, esta vez fue descalificado por tener un sumario abierto, solicitado por el polémico Pablo Raddi, director de Control de Gestión.
Según consta en el expediente, la Comisión de Preadjudicación consideró que Suárez ofrecía una “mejor calidad del servicio”, aunque su oferta era superior a la de Adamo. Pero la calidad nunca fue debidamente acreditada.
(Nda: nos llegó fotos sobre el estado de freezer de Suarez en pésimas condiciones)
La ironía no pasa desapercibida: Adamo fue apartado sin una sanción firme en su contra, y Suárez fue favorecido pese a no cumplir con requisitos clave como la inscripción en el Registro Único de Proveedores (RUP).
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Criterios sin criterio: así se evalúan las contrataciones en Guaymallén
Una de las mayores críticas a este nuevo proceso es la falta de parámetros objetivos en el pliego licitatorio. Si bien se pidió que los oferentes adjuntaran fotos del mobiliario, no se definieron criterios técnicos para evaluar la calidad.
De hecho, la comisión evaluadora basó su decisión en la “presentación visual” de las imágenes, sin aportar ningún documento sobre la experiencia previa ni los antecedentes de Suárez. No hubo informes técnicos, ni verificaciones presenciales, ni ensayos de durabilidad del mobiliario ofrecido.
La falta del RUP también fue pasada por alto. La Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio argumentó que Suárez estaba “en trámite de regularización”, y validó su contratación pese a que la normativa exige tener el RUP vigente al momento de la adjudicación.
Mientras tanto, el recurso de revocatoria presentado por Adamo se rechazó, con el argumento de que existía una investigación en curso, como si eso bastara para eliminar a un competidor sin derecho a defensa.
Contratar sin cerrar sumarios: una costumbre con nombre propio
Lo más alarmante del caso no es solo la decisión puntual, sino la reiteración de una lógica institucional preocupante. Guaymallén adjudica nuevos contratos sin cerrar los anteriores, como si cada expediente fuera un universo paralelo sin conexión ni memoria.
Así ocurrió con el expediente A-NE-24316-2024, iniciado por la denuncia del estado deplorable de las sillas en la Vendimia 2025. Pasaron meses sin dictamen ni sanción formal. Pero ese mismo expediente se utilizó como excusa para desplazar a Adamo en la siguiente licitación, aunque el proveedor aún figura como habilitado en los registros municipales.
La gestión de Marcos Calvente parece repetir la receta: abrir sumarios, dilatar los cierres, y adjudicar a discreción sin enfrentar los conflictos anteriores.
Una práctica que erosiona la transparencia, y que permite excluir oferentes sin asumir el costo político de una sanción formal.
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Un proveedor sin antecedentes, un contrato millonario y muchas preguntas
Hasta ahora, no se conocen antecedentes públicos de Sebastián Suárez como proveedor de eventos para el Estado. Tampoco hay constancia de que haya prestado servicios similares en otros municipios.
Sin embargo, fue favorecido con un contrato superior a los 13 millones de pesos, con una evaluación basada únicamente en fotos.
¿Cómo se mide la calidad en Guaymallén?
¿Quién verifica si las sillas llegarán en buen estado esta vez?
¿Por qué no se exigen todos los requisitos legales antes de adjudicar?
Son preguntas básicas, pero fundamentales para cualquier municipio que aspire a una gestión ordenada, transparente y justa. Sin embargo, en Guaymallén, las respuestas siguen siendo difusas.
La calidad, como argumento de selección, termina siendo una excusa sin medición real, usada para validar decisiones tomadas de antemano.
Un municipio sin memoria y una gestión sin explicaciones
El caso del expediente A-EE-774-2025 no es un hecho aislado. Es parte de un patrón de funcionamiento donde la urgencia operativa justifica omitir controles y donde la falta de dictámenes se convierte en estrategia de impunidad administrativa.
Mientras tanto, la ciudadanía —que merece eventos bien organizados, mobiliario en condiciones y cuentas claras— recibe opacidad, silencios y nuevas adjudicaciones sin explicaciones públicas.
Y la gestión de Marcos Calvente sigue acumulando controversias sin cerrar las anteriores, en una especie de fuga hacia adelante institucional.
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