Ciberataque en Guaymallén activa contrato directo por $125 millones con irregularidades. Por Néstor Bethencourt
La Municipalidad de Guaymallén aprobó un contrato de emergencia por $124.822.500 a favor de la Universidad del Aconcagua para recuperar y mantener el sistema Open Sayges durante un año.
El expediente EXP-19462-2025 evidencia errores administrativos, inconsistencias y un potencial conflicto de responsabilidades. La misma dirección que solicita el contrato también debería controlar su ejecución, debilitando la transparencia.
El contrato incluye una reserva de $13.000.000 para futuras redeterminaciones de precios. Según la Dirección de Innovación y Atención al Vecino, la medida fue urgente tras un presunto ciberataque que comprometía la integridad de los sistemas municipales.
Cronología sospechosa: propuesta antes del expediente
La propuesta técnica de la universidad fue presentada el 8 de agosto de 2025, cuatro días antes de iniciar formalmente el expediente.
Curiosamente, la propuesta se dirigió al Ing. Ramiro García, Secretario de Obras Privadas, y no a Innovación. Esto sugiere que las negociaciones ya estaban en curso antes de la “emergencia”.
El contrato se dividió en dos fases:
- Recuperación inicial (2 meses): $12.348.750 mensuales.
- Soporte y operación (10 meses): $10.012.500 mensuales.
El total, cerca de $125 millones, se pagó sin desglose detallado de tareas, cantidad de horas o recursos requeridos.
Conflicto de intereses: el controlador que también contrata
La Dirección de Innovación y Atención al Vecino, solicitante del contrato, está a cargo de Pablo Raddi, quien también es Director de Control de Gestión.
Raddi actúa como ejecutor del contrato y, al mismo tiempo, como auditor de la legalidad y pertinencia del gasto. Esta superposición anula la separación de funciones, un pilar básico de control interno y transparencia.
Desde la perspectiva legal, esta situación contraviene principios de ética pública y buenas prácticas de gobernanza, al permitir que un funcionario sea juez y parte de un proceso administrativo millonario.
Errores administrativos y fallas de control
El expediente revela desprolijidades críticas:
- Decreto con número incorrecto: Decreto N° 3071-2025 citaba el expediente como A-EE-19462-2024. Se emitió un segundo decreto para corregirlo.
- Objeto del pedido erróneo: un formulario indicaba “alquiler de impresoras”, claramente un error de copia y pega.
- Imputación presupuestaria inconsistente: la reserva de $13.000.000 se asignó a Dirección de Servicios Públicos, área ajena a Innovación.
- Errores de tipeo y cálculo: palabras mal escritas y fórmulas incorrectas reflejan falta de revisión.
Estas falencias muestran que un contrato crítico se aprobó sin controles rigurosos, dejando el sistema vulnerable y el gasto público expuesto.
Responsabilidad parcial y riesgos futuros
Aunque la Universidad del Aconcagua se contrató para recuperar el sistema, la responsabilidad final sobre los backups y políticas de seguridad vuelve al equipo municipal, que inicialmente no pudo gestionarla adecuadamente.
Esto crea una situación de vulnerabilidad a futuro, ya que el pago millonario no asegura que la gestión crítica esté bajo control profesional constante.
Datos duros del expediente EXP-19462-2025
- Monto total contratado: $124.822.500.
- Reserva para redeterminaciones: $13.000.000.
- Inicio formal del expediente: 12 de agosto de 2025.
- Propuesta técnica de la universidad: 8 de agosto de 2025.
- Duración del contrato: 12 meses (2 meses recuperación + 10 meses soporte).
- Responsable solicitante y controlador: Pablo Raddi (Innovación y Control de Gestión).
- Errores documentales: Decreto con número equivocado, objeto del pedido incorrecto, imputación presupuestaria inconsistente, errores de tipeo.
Conclusión
El expediente EXP-19462-2025 no solo registra un contrato millonario de urgencia, sino también fallas de planificación, supervisión y transparencia, junto a un grave conflicto de intereses.
La investigación sugiere la necesidad de revisar el control interno del municipio y garantizar que futuros contratos de emergencia cumplan principios de legalidad, trazabilidad y responsabilidad efectiva.
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