La causa avanza. Por Néstor Bethencourt
Bajo fuego.
La justicia ha puesto la lupa sobre un caso que promete sacudir los cimientos de la gestión pública en Mendoza: el escándalo en torno al manejo irregular de fondos públicos por parte del Departamento General de Irrigación (DGI) y su conexión con la Municipalidad de Guaymallén.
En el centro de la tormenta se encuentra Alejandro Currenti, inspector de cauce, acompañado por figuras polÃticas como el exintendente Marcelino Iglesias junto a funcionarios de su gestión.
El caso no solo revela manejos cuestionables de recursos públicos, sino también una cadena de negligencias y encubrimientos que ahora se enfrenta al escrutinio del fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli.
AuditorÃas, oficios y el ¿papelón? de Pablo Raddi.
Ayer, la oficina de Asuntos JurÃdicos de Guaymallén recibió un oficio de la justicia, ver pie de página, solicitando las auditorÃas realizadas por la comuna y los dictámenes del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC). (Ver al pie de página)
El blanco principal: Pablo Raddi, director de Control de Gestión. Bajo fuego.
¿Control de gestión? ¡Qué ironÃa! Raddi parece ser más un espectador que un controlador. Su incapacidad para supervisar adecuadamente lo posiciona como el epÃtome de la negligencia. Mientras se hace el valiente entre sus empleados, su inacción deja un agujero negro de explicaciones que alguien tendrá que llenar.
Un verdadero sinvergüenza que ahora busca una salida laboral en la Terminal del Sol. ¿Lo aceptarán allà con los antecedentes que siguen sumando a su trabajo?
El concejal José Pozzoli, de UxP, ya puso la denuncia inicial sobre la mesa, apuntando directamente a los desmanejos administrativos. Pero la justicia no parece dispuesta a conformarse con nombres menores.
El caso Currenti: Fondos perdidos y obras fantasma.
El núcleo del escándalo radica en los manejos de Alejandro Currenti, inspector de cauce suspendido. El faltante inicial de $1.368.232,74 en la rendición de cuentas de la inspección de Corralitos durante 2021 fue solo la punta del iceberg. Desde entonces, el descontrol ha crecido exponencialmente. Bajo fuego.
Se identificaron al menos dos obras nunca realizadas y una tercera incompleta, con una pérdida adicional de más de $30 millones entre 2022 y 2023. El superintendente de la DGI, Sergio Marinelli, intentó justificar el desastre culpando a la inflación. ¿Inflación? Claro, porque los fondos desaparecen mágicamente cuando los precios suben.
Marinelli buscó cerrar el caso internamente en el Honorable Tribunal Administrativo, pero dos consejeros se negaron a tapar el desastre.
Finalmente, Currenti fue suspendido, aunque con una tibieza que solo alimentó las sospechas de encubrimiento. Hoy bajo fuego.
La conexión Guaymallén: Iglesias y la sombra de la corrupción.
La causa ahora salpica directamente a la administración de Guaymallén. El exintendente Marcelino Iglesias firmó los acuerdos que permitieron a Currenti manejar fondos y materiales.
¿El resultado? Materiales como cemento, hierro y hormigón, que debÃan ser destinados a la construcción de canales de riego, desaparecieron o fueron mal utilizados.
Y las auditorÃas municipales brillaron por su ausencia o insuficiencia, permitiendo que el descontrol siguiera su curso.
Pozzoli, Difonso y otros: El frente legislativo contra el descontrol.
Mientras tanto, las denuncias avanzan también en el ámbito legislativo. José Pozzoli presentó una denuncia penal por administración fraudulenta, mientras que el diputado Jorge Difonso oportunamente impulsó un pedido de informes al HTC.
Ambos buscan respuestas sobre los balances de la Inspección Variante Corralitos, donde se registraron déficits de $22 millones en 2022 y $12 millones en 2023. Estos montos, sumados a las irregularidades en obras, conforman un esquema de administración pública que deja mucho que desear.
El expediente interno iniciado en septiembre de 2023 por la Dirección de Fiscalización de Irrigación será clave. Este documento contiene los detalles de las irregularidades cometidas en tres obras financiadas, donde la municipalidad también puso fondos. ¿Quién rinde cuentas por esto?
Marinelli: La defensa débil de la DGI.
En un intento desesperado por justificar lo injustificable, Sergio Marinelli defendió su gestión señalando los “logros” del DGI. Según él, entre 2019 y 2023 se construyeron más de 32 kilómetros de canales con una inversión de $56 millones.
Pero los números no cuadran. La falta de dos obras completas y una tercera al 75% de ejecución expone que, lejos de ser un modelo de eficiencia, la administración de Currenti fue un desastre.
Marinelli insiste en que la inflación lo explica todo, pero la falta de aviso sobre el desvÃo de fondos solo refuerza las sospechas de irregularidades. Bajo fuego.
La justicia tiene la última palabra.
El caso Irrigación-Municipalidad de Guaymallén es un testimonio contundente de cómo la negligencia, la falta de control y el encubrimiento pueden crear un cóctel explosivo de corrupción.
Con la FiscalÃa de Delitos Económicos en el centro de la investigación, la sociedad mendocina espera respuestas claras y acciones contundentes. Los desmanejos de Currenti, el silencio cómplice de Marinelli y la negligencia de funcionarios municipales como Raddi no pueden quedar impunes.
La justicia tiene una oportunidad única de marcar un precedente. Ahora queda en sus manos demostrar que los recursos públicos no son botÃn de nadie, sino una responsabilidad sagrada hacia la ciudadanÃa.
Mientras tanto, desde aquà seguiremos atentos, porque si algo quedó claro este año es que la corrupción no descansa. Y nosotros tampoco.
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