Guaymallén: la carta judicial que nadie usa en la crisis salarial y el antecedente de la Suprema Corte
Mientras el municipio y los gremios negocian bonos y recortes, existe una herramienta judicial para cuestionar descuentos presuntamente ilegales. Un fallo de la Suprema Corte de Mendoza aporta un antecedente concreto.
Por Néstor Bethencourt
El conflicto salarial de Guaymallén volvió a quedar en suspenso hasta este viernes 23 de octubre. Mientras el Ejecutivo de Marcos Calvente y los representantes sindicales discuten montos y condiciones, surge una pregunta diferente: ¿por qué no se plantea públicamente recurrir a la Justicia para examinar la legalidad de los recortes?
La controversia no comenzó con la eliminación del bono compensatorio. Los empleados municipales vienen atravesando modificaciones en distintos componentes de sus ingresos, con consecuencias sobre la economía familiar.
📌 LO QUE TENÉS QUE SABER DE ESTA NOTA:
- La herramienta: La Ley 9001 permite a los trabajadores afectados presentar una acción de amparo ante decisiones manifiestamente ilegales o arbitrarias, sin depender exclusivamente de los sindicatos.
- El antecedente: La Suprema Corte de Mendoza ya le dio la razón a un empleado municipal (Caso Bravo) y ordenó devolverle adicionales recortados.
- El impacto: En la documentación presentada durante la audiencia del miércoles 21, la Municipalidad consignó 731 trabajadores excluidos del bono, frente a los 142 informados públicamente.
La última audiencia de conciliación, documentada por Ecos Mendocinos, terminó sin acuerdo. La Municipalidad ofreció bonos escalonados de hasta $400.000, mientras el sindicato reclamó $325.000 para todos durante octubre y noviembre.
El documento presentado por el municipio también dejó una contradicción: consignó 731 trabajadores excluidos del beneficio, frente a los 142 informados públicamente por la comuna.
Sin embargo, más allá de las cifras, existe otro aspecto que merece atención: ¿todos los descuentos y modificaciones salariales dispuestos por la administración municipal tienen respaldo legal suficiente?
El recurso de amparo también existe para los empleados municipales
El artículo 219 de la Ley 9001 de Mendoza contempla la acción de amparo frente a decisiones de organismos municipales que lesionen derechos con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.
La legislación también permite recurrir a esta herramienta cuando los procedimientos ordinarios pueden ocasionar daños graves e irreparables por su demora.
Esto adquiere particular relevancia cuando la controversia involucra remuneraciones, aunque no todas las modificaciones salariales constituyen necesariamente una vulneración de derechos.
El artículo 220 establece además una cuestión poco mencionada: el amparo no es una facultad exclusiva de las organizaciones sindicales. También pueden promoverlo los propios trabajadores afectados, con la correspondiente representación o asistencia jurídica.
En determinados casos pueden solicitarse medidas cautelares para impedir que una decisión continúe produciendo perjuicios mientras se resuelve el conflicto. Su procedencia depende de los fundamentos presentados y de la evaluación judicial.
Por lo tanto, las posibilidades de actuación no se agotan en las reuniones paritarias ni dependen exclusivamente de los acuerdos alcanzados entre funcionarios y dirigentes gremiales.
La Suprema Corte de Mendoza ya resolvió un caso semejante
El antecedente más significativo corresponde a Juan Carlos Bravo, empleado de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
El trabajador presentó una acción de amparo después de sufrir descuentos en los adicionales de mayor dedicación, operativos de fin de semana y presentismo.
La controversia atravesó distintas instancias judiciales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
El 31 de marzo de 2022, el máximo tribunal provincial rechazó el recurso extraordinario presentado por la Municipalidad y confirmó una sentencia favorable al empleado.
La resolución ordenó liquidar las diferencias salariales correspondientes al período reconocido judicialmente, con los intereses legales respectivos.
El fallo puede consultarse íntegramente en el sitio oficial del Poder Judicial de Mendoza, bajo el expediente 13-05438030-9/1.
Aquel caso estaba relacionado con una licencia especial durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Sus circunstancias no son idénticas a las actuales de Guaymallén.
Sin embargo, el antecedente demuestra que una acción de amparo permitió discutir descuentos de adicionales salariales municipales y obtener una resolución favorable, confirmada por la Suprema Corte.
Negociar los salarios no impide discutir su legalidad
Las organizaciones sindicales cumplen una función central en la defensa de los trabajadores y en las negociaciones colectivas. Pero la actuación gremial y la intervención judicial responden a mecanismos diferentes.
Una negociación busca alcanzar acuerdos económicos y laborales. Una acción judicial permite determinar si determinadas decisiones administrativas respetan la legislación vigente.
También corresponde distinguir entre adicionales sujetos a tareas efectivamente realizadas y conceptos remunerativos garantizados por normas o acuerdos aplicables.
Esa diferencia resulta fundamental para evaluar los recortes que viene implementando Guaymallén.
La discusión salarial tampoco comenzó en octubre. Ecos Mendocinos documentó los acuerdos paritarios de marzo a mayo, además de los posteriores cuestionamientos sobre las decisiones del Ejecutivo.
Más recientemente, el análisis presupuestario presentado por el concejal Manuel Moreno Serrano incorporó nuevos interrogantes sobre los recursos destinados a remuneraciones.
El archivo especial de empleados municipales de Ecos Mendocinos reúne antecedentes de conflictos, acuerdos y reclamos laborales que permiten reconstruir esta situación.
Una alternativa que merece entrar en la discusión
Existen herramientas judiciales para examinar decisiones administrativas, así como antecedentes concretos de trabajadores que recurrieron exitosamente a ellas.
En un conflicto que involucra a miles de empleados, autoridades municipales y organizaciones sindicales, resulta llamativa la escasa presencia de estas alternativas en el debate público.
¿Se evaluó presentar una acción de amparo, solicitar una medida cautelar o promover algún otro reclamo judicial frente a los recortes?
Y, si esas posibilidades fueron consideradas, ¿cuáles fueron las razones jurídicas para utilizarlas o descartarlas?
No se trata de reemplazar la negociación colectiva ni de interferir en las conversaciones que continúan este viernes. Se trata de incorporar una dimensión que merece atención cuando están comprometidos los ingresos de los trabajadores.
Porque mientras las partes negocian cuánto se paga, cuánto se reduce y qué conceptos pueden recuperarse, la legalidad de las decisiones municipales también puede ser sometida al control de un juez.
El salario se negocia. Sus derechos también se defienden ante la Justicia.
💬 ¿Sos empleado municipal de Guaymallén o vecino afectado por los recortes de servicios? Dejanos tu testimonio o envianos tu consulta de forma anónima a nuestra línea de WhatsApp de Ecos Mendocinos: 261 2327760
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