Guaymallén: subsidios para emprendedores terminan en hogares de empleados municipales, otra vez
Una denuncia anónima, contundente y cargada de nombres llegó a Ecos Mendocinos sobre el reparto de subsidios para emprendedores en Guaymallén. La información advertía sobre empleados, parejas y personas vinculadas con la estructura comunal entre quienes recibieron beneficios económicos. No es el único caso.
Por Néstor Bethencourt
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Según esa denuncia, el caso que hoy podemos documentar no sería el único dentro de un fondo extraordinariamente apetecible para cualquier estructura política. Son $190 millones destinados durante 2026 a emprendedores, mediante entregas directas que requieren evaluación social, técnica y económica de cada beneficiario.
El primer nombre comprobado es Georgina Gisel Guardia, quien recibió $400.000 para fortalecer un emprendimiento dedicado a productos sublimados. La planilla oficial la ubica como beneficiaria número 18 y asigna al pago el recibo 001905.
Hasta allí podría parecer una ayuda más entre decenas de expedientes. El problema aparece cuando se observa quién integraba su hogar.
Guardia convive con Iván Maximiliano Morel López, empleado de la propia Municipalidad de Guaymallén. La relación fue confirmada por testimonios recibidos por este medio y mediante perfiles personales públicos consultados durante la investigación.
La propia Municipalidad había asentado la convivencia dentro del informe socioeconómico utilizado para evaluar la ayuda.
El Municipio sabía que Morel era su pareja
El relevamiento socioeconómico incorporó a Morel dentro del grupo familiar de Guardia, consignándolo como pareja, empleado y aportante de ingresos propios. El formulario registra $600.000 correspondientes a Guardia y otros $700.000 mensuales atribuidos a Morel, además de asignaciones familiares.
Por lo tanto, nadie puede alegar seriamente desconocimiento sobre la composición económica del hogar. Quienes evaluaron el expediente tenían delante el vínculo, el empleo de Morel y los ingresos declarados.
Después aparece una contradicción difícil de explicar como simple torpeza burocrática. El resumen APROS incorporado posteriormente sostiene que Guardia tenía “cónyuge o pareja: NO”, aunque el relevamiento anterior afirmaba exactamente lo contrario.
No hablamos de una dirección mal escrita ni de un error tipográfico irrelevante. Desaparece del registro una pareja que además era empleado municipal y aportaba $700.000 mensuales al hogar.
La documentación de ANSES tampoco muestra una certificación negativa limpia, porque el sistema informa liquidaciones de asignaciones familiares registradas para Guardia. Nada de esas circunstancias impidió que finalmente cobrara los $400.000.
El responsable del manejo del fondo también tiene nombre y apellido. Joel Antonio Infante, entonces Subdirector de Desarrollo Económico, fue designado responsable del manejo y rendición de los $190 millones.
Infante aparece además personalmente en el recibo oficial de Guardia, certificando la entrega y la firma colocada por la beneficiaria. La posterior orden de pago vuelve a identificarlo como responsable de aquella caja municipal.
Por encima estaban Marcos Calvente e Ignacio Conte, quienes firmaron el Decreto 314/2026 que habilitó originalmente semejante fondo.
Morel ya había trabajado dentro del área de Comercio
Morel tampoco es un empleado recién llegado a este circuito municipal. Años atrás ya estuvo bajo la órbita de Comercio y cumplió funciones incluso vinculadas con Bromatología, según antecedentes reconstruidos por Ecos Mendocinos.
Posteriormente pasó por Servicios Comunitarios y Seguridad Vial, según la documentación laboral incorporada al expediente municipal presentado recientemente. Para julio de 2026 volvió a encontrarse dentro de Desarrollo Comercial, manteniendo además una Mayor Dedicación del 70%.
La propia página oficial de credenciales de Guaymallén actualmente identifica a Morel López Iván Maximiliano, legajo 9416, como inspector de Desarrollo Comercial e Industrial.
No tenemos documentación que demuestre que Morel haya intervenido personalmente para conseguir el subsidio entregado meses antes a su pareja. Tampoco hace falta inventar semejante participación para comprender la dimensión política y administrativa de lo sucedido.
Su pareja pidió dinero, declaró la convivencia y el Municipio conoció formalmente esa relación antes de entregar los fondos.
Además, la misma administración conocía el ingreso declarado de Morel y posteriormente incorporó documentación donde aquella pareja directamente dejó de existir.
Eso coloca la responsabilidad donde corresponde: sobre quienes evaluaron, aprobaron, administraron y rindieron el beneficio, no sobre una supuesta casualidad documental.
La normativa provincial tampoco permite mirar hacia otro lado. La Ley 5892 prohíbe al personal municipal recibir directa o indirectamente determinados beneficios otorgados por la administración pública.
La Suprema Corte mendocina analizó recientemente una incompatibilidad vinculada con subsidios públicos y recordó que estas prohibiciones buscan evitar conflictos entre intereses particulares y administrativos.
Por eso, aunque el dinero haya sido entregado formalmente a Guardia, la condición de Morel obligaba como mínimo a analizar expresamente la posible incompatibilidad. En las actuaciones revisadas por Ecos Mendocinos no aparece una explicación jurídica que justifique semejante decisión.
La ley estaba vigente, la convivencia estaba declarada y el beneficio fue pagado igualmente.
Una caja de $190 millones demasiado tentadora para la política
Desarrollo Económico administra algo mucho más poderoso políticamente que escritorios, expedientes y habilitaciones. Administra dinero directo capaz de llegar individualmente a personas y familias elegidas mediante evaluaciones internas.
Eso convierte semejante fondo en un botín especialmente preciado cuando los controles comienzan a aflojarse. Una política pública legítima puede transformarse rápidamente en una herramienta de construcción política, favores y agradecimientos personales.
La propia rendición afirma que la Jefatura de Desarrollo Emprendedor debía evaluar técnicamente cada proyecto antes de considerarlo económicamente viable.
Entonces corresponde preguntar quién evaluó concretamente a Guardia, quién revisó su composición familiar y quién consideró irrelevante que conviviera con un empleado municipal.
Cuando unos vecinos atraviesan meses esperando ayuda y otros hogares vinculados con empleados municipales reciben fondos, la sospecha de favoritismo deja de ser caprichosa.
Muchos empleados municipales conocen además una realidad bastante diferente. Sueldos deteriorados, descuentos, conflictos salariales y pérdida de adicionales forman parte del panorama registrado durante los últimos años.
Ecos Mendocinos reunió esos antecedentes en su archivo sobre salarios, conflictos y condiciones laborales de empleados municipales de Guaymallén. Mientras numerosos trabajadores hacen cuentas para llegar a fin de mes, determinados hogares encuentran otros caminos para recibir dinero municipal.
Eso no representa igualdad frente a la administración. Representa un privilegio que quienes manejan esos fondos tienen la obligación de explicar.
Lorenzo Nieva y una Dirección nuevamente bajo sospecha
Esta tampoco es la primera investigación que coloca bajo cuestionamiento a Desarrollo Comercial e Industrial, actualmente conducida por Lorenzo Nieva Dinerstein.
Ecos Mendocinos publicó anteriormente “¿Dónde está Lorenzo Nieva? Se preguntan en Guaymallén”, después de numerosos testimonios sobre su escasa presencia cotidiana dentro de las dependencias.
Aquella Dirección unificó áreas sensibles y acumuló cuestionamientos sobre personal, expedientes, controles comerciales y manejo interno. El archivo de investigaciones sobre Comercio en Guaymallén muestra que los problemas tampoco comenzaron esta semana.
Sabemos además que a Nieva Dinerstein no le agrada aparecer mencionado en publicaciones periodísticas. Su molestia, sin embargo, no convierte los expedientes en menos públicos ni las responsabilidades en optativas.
Un funcionario puede disgustarse con una nota periodística, pero no puede exigir desaparecer de historias ocurridas dentro de la Dirección que conduce.
La pregunta ya no es solamente dónde está Lorenzo Nieva. También corresponde preguntarle qué controles existen dentro de un área donde aparecen estas contradicciones y estos beneficiarios.
Desarrollo Social: otra caja, otras anomalías
El problema tampoco parece limitarse a Desarrollo Económico. Las cajas de Desarrollo Social ya dejaron antecedentes igualmente difíciles de defender.
Ecos Mendocinos reveló recientemente cómo se gastó el fondo destinado a personas en situación de calle. Allí aparecieron casi tres kilos de palomita-colita de cuadril a $20.990 por kilo, entre otros consumos cuestionables.
La rendición tampoco identificaba claramente quién recibió aquella carne ni cómo se justificaba semejante compra dentro del programa. Esperanza del Carmen Farías era responsable del fondo y Patricia Lorena Vargas conformó las erogaciones junto con ella.
Cambia el área, cambia el destino formal del dinero, pero aparece una característica común. Son cajas que permiten manejar recursos directamente vinculados con personas en situaciones económicas sensibles.
Para cualquier administración, esas herramientas deberían tener controles extraordinarios. Para una estructura política, en cambio, pueden convertirse en instrumentos extraordinariamente útiles cuando nadie controla suficientemente quién recibe.
Ahí está el verdadero problema.
Calvente, las cámaras y las explicaciones que nunca llegan
Mientras estas irregularidades aparecen una detrás de otra, Marcos Calvente mantiene una exposición pública que contrasta brutalmente con las explicaciones pendientes.
Ecos Mendocinos ya analizó esa obsesión comunicacional en “Calvente, el yoísmo y las pérdidas que pagan otros”. Inauguraciones, actividades, viajes y escenarios favorables suelen encontrar al intendente perfectamente ubicado frente a una cámara.
La misma facilidad para aparecer no existe cuando los documentos muestran problemas económicos, administrativos o directamente incompatibles con el relato oficial.
Guaymallén acumula proveedores reclamando, empleados con salarios deteriorados, sistemas fallidos y expedientes que exhiben gastos cada vez más difíciles de justificar.
Mientras algunos trabajadores municipales cuentan monedas para terminar el mes, otros hogares vinculados con agentes municipales aparecen beneficiados por decisiones que chocan contra reglas elementales de control.
Ese contraste ya no admite maquillaje institucional.
Calvente puede producir todos los videos que quiera y Nieva puede indignarse cada vez que su nombre aparece publicado. Ninguna cámara borra que la pareja de un empleado municipal recibió $400.000 de una caja administrada por su propia Municipalidad.
Tampoco borra que el vínculo estaba declarado antes de entregar el dinero, ni explica por qué después desapareció del registro APROS.
La denuncia recibida por Ecos Mendocinos asegura que Morel y Guardia no serían los únicos. Esa parte continuará siendo investigada persona por persona y expediente por expediente.
Si aparecen nuevos empleados, parejas o familiares beneficiados, ya no podrá hablarse seriamente de una excepción administrativa.
Habrá que hablar de una caja pública utilizada con criterios que favorecieron a personas vinculadas con la propia estructura municipal.
Y entonces la pregunta será mucho más incómoda que cualquier título periodístico:
¿Cuántos necesitados quedaron afuera mientras adentro se repartían los beneficios entre conocidos, vinculados y hogares de empleados municipales?
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