Guaymallén: así gastan el fondo para personas en situación de calle

Casi tres kilos de palomita-colita de cuadril, a $20.990 por kilo, encabezan una rendición sin beneficiarios identificados. Patricia Lorena Vargas, responsable de recibir las facturas, conformó las 21 erogaciones junto con Esperanza del Carmen Farías. Farías había solicitado el fondo como coordinadora de Desarrollo Social y firmó la rendición como directora del área. El intendente Marcos Calvente y el secretario de Gobierno y Desarrollo Social Martín Ignacio Conte firmaron el decreto habilitante.

Por Néstor Bethencourt

El corte fue comprado el 2 de agosto, costó $59.821,50 y formó parte de una operación minorista pagada en efectivo. Dentro del expediente EXP-10937-2026 no aparece quién recibió esa carne, dónde fue preparada ni cuántas personas comieron. Guaymallén también compró cafés, filtros, vasos térmicos y cuatro variedades de yerba, sin demostrar que esos productos llegaron a sus destinatarios.

Esta rendición no apareció en el vacío. Ecos Mendocinos reveló que Guaymallén lleva casi quince meses pagando un inmueble destinado a personas en situación de calle que nunca fue inaugurado. Mientras ese centro permanece cerrado, Desarrollo Social recurrió además a alojamientos externos y efectuó las compras analizadas en esta nota.

Un fondo fijo de $12 millones para la emergencia social

Esperanza del Carmen Farías, entonces coordinadora de Desarrollo Social, pidió el 1 de junio un fondo fijo renovable. Inicialmente solicitó $3.400.000 mensuales durante tres meses, destinados principalmente a plazas para hombres de 25 a 60 años. Cada alojamiento debía requerir evaluación, admisión y acompañamiento previo del equipo territorial.

Una semana después, elevó el fondo a $12.000.000, con reposiciones mensuales de hasta cuatro millones. El destino se amplió a alojamientos, medicamentos, alimentos esenciales, abrigo y otras necesidades invernales. La nota lleva fecha 5 de junio de 2025, aunque fue firmada electrónicamente el 8 de junio de 2026.

El intendente Marcos Calvente y el secretario de Gobierno y Desarrollo Social Martín Ignacio Conte firmaron el Decreto 2014-2026. La norma autorizó hasta $4.000.000 mensuales contra rendición durante tres meses.

Farías quedó como responsable del fondo y única autorizada para operar la cuenta bancaria. También impuso arqueos sorpresivos y exigió conservar ordenados el dinero y los comprobantes. La primera rendición alcanzó $4.002.275,35, superó el límite en $2.275,35 y Farías igualmente solicitó reponerla por completo.

Carnes, cafés y cuatro yerbas sin destinatarios

Las cuatro compras realizadas en Granja Benedetti totalizaron $450.552,75, siempre mediante operaciones minoristas abonadas en efectivo. Junto con los 2,85 kilos del corte señalado, aquel ticket incluyó 5,39 kilos de pollo y 4,04 kilos de carne molida. Otra compra incorporó solamente 1,485 kilos de suprema, una cantidad propia de una familia, no de un operativo comunitario.

Una factura de Euro SA por $55.649,90 agregó dos cafés La Virginia en distintas variedades, azúcar, edulcorante, filtros, cucharitas y cuatro vasos térmicos. Uno de los cafés costó $22.399,99, el segundo $11.199,99 y los filtros sumaron otros $4.599,99. Otra compra incluyó Yerbas Rosamonte Suave, Rosamonte Selección Especial, Rosamonte Plus y Playadito con hierbas, además de té Taragüí. El expediente no incorpora menús, planillas, fotografías o remitos, ni identifica almacenamiento, preparación, entrega o beneficiarios concretos.

Tres facturas genéricas de panadería sumaron $127.950, mientras otras 25 viandas costaron $187.500 sin identificar receptores. Una segunda factura de viandas, por $150.000, ni siquiera pudo copiarse porque el archivo incorporado estaba protegido mediante contraseña. También rindieron medicamentos por $75.622,70 y vasos descartables por $65.000, nuevamente sin destinatarios o lugares de entrega documentados.

Facturas iniciales y proveedores que Guaymallén debe explicar

Las facturas de artículos de panadería correspondieron a Javier Damián Ramón Ross, quien inició actividades el 1 de marzo de 2026. Cinco meses después, Desarrollo Social incorporó sus comprobantes 5, 6 y 7, todos emitidos contra la Municipalidad. Los tres solamente describieron “productos de panadería”, sin cantidades, variedades, raciones o constancias de entrega.

Nilda Noemí Sosa facturó otros $1.700.000 por plazas externas mediante cuatro comprobantes emitidos el mismo 23 de julio. Esas facturas fueron las números 1 al 4 del punto de venta 2, mientras tres incluyeron la leyenda “Fundación Habitar”. La página pública de Fundación Habitar identifica a Sosa como presidenta, pero el expediente no explica aquella doble presentación.

La Asociación Civil La Dignidad Mendoza facturó $1.190.000, con recibos firmados por Francis Guerra. Entre Sosa y La Dignidad cobraron $2.890.000 por 68 plazas, aunque ninguna planilla identifica personas, documentos, ingresos o egresos. Las plazas representan días facturados y no necesariamente beneficiarios diferentes, porque una misma persona pudo permanecer durante varias jornadas.

El expediente no permite afirmar que existió acomodo, pero tampoco explica cómo esos proveedores llegaron hasta el fondo municipal. ¿Quién los convocó, qué antecedentes presentaron y contra cuáles alternativas fueron evaluados? ¿Cómo llegó Ross a facturar para Desarrollo Social solamente cinco meses después de iniciar actividades?

La pregunta resulta inevitable frente al doble discurso de Calvente sobre comerciantes históricos perjudicados por obras municipales prolongadas. En BARDO, primero minimizó doce meses de pérdidas y luego admitió que algunas “no van a resistir”. Mientras comerciantes de años luchan por mantenerse abiertos, un proveedor reciente encontró rápidamente facturación dentro de un fondo extraordinario.

Veintiún gastos conformados en apenas tres minutos

Patricia Lorena Vargas, responsable de recibir las facturas, firmó las 21 conformidades entre las 12:32 y las 12:33. En aquel minuto validó carnes, cafés, yerbas, alojamientos, medicamentos, viandas, panadería y vasos, sin formular una sola observación. Una hora después, Farías, ya identificada como directora del área, firmó todos los documentos entre las 13:24 y las 13:26. Ningún formulario incorporó remitos, fotografías, destinatarios, planillas de ocupación o constancias materiales sobre las prestaciones pagadas.

La planilla general citó erróneamente el Decreto 2414-2026, cuando el acto correcto era el 2014-2026. Al error se sumaron $2.275,35 sobre el límite mensual, la nota fechada en 2025 y una factura inaccesible. Pese a todo, Farías solicitó reponer la totalidad del dinero presentado en aquella rendición.

Funcionarios jerárquicos involucrados y controles que siguen pendientes

Desde su creación, el fondo atravesó una cadena jerárquica integrada por Intendencia, Gobierno, Desarrollo Social, Contaduría y Finanzas. El director de Contaduría General, Fernando Ferri, intervino en el libramiento de los primeros cuatro millones. La rendición llegó después a Carla Cacciabue, subdirectora de Finanzas y Presupuesto, para continuar el circuito administrativo. La copia examinada todavía no contiene una aprobación u objeción posterior de Cacciabue.

La actual concejal Silvia Donati dirigía Desarrollo Social cuando comenzó el alquiler del centro municipal que nunca fue inaugurado. Donati firmó aquellas conformidades mensuales, aunque no intervino directamente en esta primera rendición. Cambiaron las autoridades del área, pero las deficiencias administrativas parecen haber permanecido.

La Ley 8706 exige una cuenta justificada que demuestre quién recibió cada prestación y cómo fue controlada. Guaymallén todavía no respondió ninguna de esas preguntas dentro del expediente utilizado para solicitar la reposición.

Hasta que lo haga, la documentación exhibe gustos particulares, proveedores sin explicación y controles incapaces de identificar beneficiarios reales. Ecos Mendocinos conserva una copia completa del expediente y de los comprobantes utilizados para esta investigación.