Bromatología de Guaymallén inspecciona el comercio clandestino que debería demoler
Por Néstor Bethencourt
Bromatología de Guaymallén destinó personal y una camioneta municipal para inspeccionar un comercio instalado dentro de una construcción clandestina. El inmueble ocupa una calle del barrio San Vicente I manzana H y ya cuenta con una orden municipal de demolición.
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La camioneta P120 llegó hasta el lugar donde pretenden vender cortes porcinos, embutidos y otros productos alimenticios. La visita resulta difícil de justificar porque el municipio conoce perfectamente la situación irregular de la propiedad.
El problema no consiste solamente en que Guaymallén nunca ejecutó la demolición ordenada por sus propios funcionarios. Ahora también utiliza trabajadores, combustible, horas laborales y un vehículo oficial para controlar una actividad comercial que no puede funcionar allí.
La contradicción resulta evidente: Bromatología inspecciona aquello que la Dirección de Obras debería demoler.
Bromatología de Guaymallén llegó hasta el inmueble ilegal
Ecos Mendocinos reveló anteriormente que la construcción no ocupa una parcela privada regular. El inmueble está levantado directamente sobre una calle del barrio San Vicente I, según la documentación publicada durante aquella investigación.
El municipio intimó a los responsables para que demolieran la obra, pero nunca hizo cumplir esa decisión. Además, quienes pretendían instalar el comercio conocían previamente la gravedad de la irregularidad.
A pesar de esos antecedentes, el proyecto comercial siguió avanzando mediante distintas gestiones administrativas. La presencia de la movilidad P120 demuestra que el municipio todavía moviliza recursos alrededor del emprendimiento.
Guaymallén deberá informar qué tarea realizó el personal de Bromatología dentro del lugar. También tendrá que explicar quién pidió la inspección y qué expediente respaldó la salida del vehículo oficial.
La visita podría responder a una verificación sanitaria, una denuncia o un trámite relacionado con la futura habilitación. Sin embargo, cualquier explicación deberá considerar una realidad imposible de esconder: el comercio pretende funcionar dentro de una construcción que invade el espacio público.
La propia Municipalidad de Guaymallén informa que los comerciantes deben acreditar su relación con el inmueble utilizado. También deben declarar las condiciones edilicias del establecimiento antes de avanzar con una habilitación municipal.
Resulta difícil comprender cómo podrían cumplirse esos requisitos cuando el inmueble ocupa una calle y tiene una orden de demolición pendiente.
Recursos municipales para un comercio inviable
La venta de carne, embutidos y productos porcinos requiere controles sanitarios estrictos para proteger la salud de los consumidores. Nadie discute la importancia de esas inspecciones cuando el establecimiento funciona dentro de un inmueble legalmente habilitable.
El problema aparece cuando Bromatología de Guaymallén controla un comercio instalado dentro de una construcción que debería desaparecer. Antes de revisar la manipulación de los alimentos, el municipio debería resolver la ocupación ilegal del terreno público.
La información oficial sobre manipulación de alimentos confirma que Bromatología controla establecimientos vinculados con la elaboración, conservación y venta de productos. Precisamente por esa función, la llegada de la camioneta P120 no representa una visita casual.
Cada inspección utiliza recursos financiados por los contribuyentes de Guaymallén. El procedimiento requiere empleados, combustible, disponibilidad del vehículo y horas laborales que podrían destinarse a comercios legalmente establecidos.
Mientras tanto, la construcción clandestina continúa ocupando una calle y la orden de demolición acumula incumplimientos. Una dependencia exige eliminarla, mientras otras oficinas municipales analizan la actividad que pretenden desarrollar en su interior.
Una contradicción que Calvente deberá explicar
Marcos Calvente deberá aclarar por qué el municipio todavía no ejecutó la demolición. También tendrá que revelar quién permitió que continuaran las gestiones comerciales vinculadas con ese inmueble.
La Municipalidad debería publicar el informe elaborado por Bromatología de Guaymallén después de la visita. También corresponde identificar el expediente, la autoridad solicitante y el resultado concreto de la inspección.
El municipio ya no puede argumentar que sus distintas áreas desconocían la problemática. Obras conocía la invasión de la calle, Comercio recibió advertencias y los responsables del emprendimiento sabían que debían demoler.
Primero tenían que sacar la construcción de la calle. Ahora destinan recursos públicos para revisar qué podrían vender adentro.
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