Guaymallén: Camioneta municipal vuelve a atropellar a un perro, lo mató

Por Néstor Bethencourt

Un aberrante atropellamiento y fuga en Bermejo reabre el escándalo por el descontrol de la flota de Marcos Calvente. Mientras el Secretario de Gobierno Ignacio Conte reparte culpas en Facebook, los vecinos de Guaymallén financian con sus impuestos vehículos oficiales que funcionan con total impunidad como “delivery” y transporte privado de funcionarios.Tras el escándalo, el municipio activó un operativo de presión para eliminar la denuncia de las redes sociales, pero las pruebas de la impunidad quedaron grabadas.

La indignación y el dolor sacuden nuevamente al departamento. Una camioneta municipal mató un perro en Guaymallén, dentro del barrio Ex Lumaco, en el distrito de Bermejo.

El conductor del vehículo oficial atropelló al animal a plena tarde, no detuvo su marcha para asistirlo y escapó rápidamente de la escena. El brutal episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona por los propios vecinos. Tras la viralización de las imágenes en las redes sociales, la gestión del intendente Marcos Calvente ensayó una respuesta oficial que expone, una vez más, el cinismo y el descontrol institucional que definen a esta administración.

El cínico descargo de Ignacio Conte: la culpa siempre es del otro

El secretario de Gobierno, Ignacio Conte, suele reaccionar ante las denuncias vecinales con un hermético silencio o con llamativas demoras administrativas. Sin embargo, ante la rápida difusión del video en Facebook, el funcionario decidió intervenir de inmediato a través de un comentario público. Conte aseguró que la comuna ya identificó el vehículo y prometió que sancionarán al chofer responsable del hecho.

La promesa de justicia duró apenas unos segundos. En el mismo mensaje, el secretario de Gobierno agregó un polémico deslinde de responsabilidades:

“También es importante concientizar en que las mascotas no estén solas en las calles”. Añadió

La respuesta oficial constituye una burda maniobra política. El funcionario utiliza el concepto de tenencia responsable como un escudo para relativizar una conducta criminal. Un agente estatal, a bordo de un recurso público financiado por los contribuyentes, arrolló a un ser vivo y huyó sin prestar asistencia.

Bajo la peligrosa lógica que intenta instalar Conte, los conductores municipales quedarían liberados de cualquier responsabilidad ante un impacto imprevisto. Si un perro no debe estar suelto, bajo esa premisa tampoco deberían circular ciclistas, niños jugando o peatones distraídos cerca de las movilidades oficiales. El perro pudo aparecer repentinamente en la calzada, pero la obligación legal y moral de detener la marcha nunca es opcional.

Operativo silencio: El misterioso “borrado” de la denuncia en redes

La gravedad del caso escaló de manera dramática durante las últimas horas. Tras el posteo público de Ignacio Conte, y al notar que el video de las cámaras de seguridad ya circulaba con fuerza desnudando la desidia oficial, la maquinaria de control de daños del municipio se activó con urgencia.

En una maniobra que confirma el habitual modus operandi de la gestión de Calvente frente a las crisis de opinión pública, la publicación original donde se denunciaba el hecho fue sugestivamente eliminada de las redes. Incluso, la vecina que expuso la muerte de su mascota desapareció del grupo virtual donde se concentraba el reclamo de los habitantes de Bermejo.

Esta desesperada reacción oficialista delata el pánico institucional. Lo que los operadores del municipio parecen ignorar en su intento de censura es que en la era digital las huellas no se borran de la noche a la mañana: este medio conservó el video del atropellamiento y las capturas del descargo oficial. El intento de silenciar a la víctima no hace más que ratificar la culpabilidad y la complicidad de una gestión que prefiere esconder la basura bajo la alfombra antes que transparentar el uso de sus recursos públicos.

Una historia de impunidad que se repite de manera exacta

La gravedad del caso radica en que no estamos ante un hecho aislado o un accidente fortuito. El desprecio por la vida y la posterior fuga representan un patrón de conducta sistemático dentro de la flota municipal. El 3 de junio de 2024, una camioneta Volkswagen Amarok del municipio protagonizó un hecho idéntico en la calle Pedro del Castillo. El conductor oficial arrolló a un perro, lo dejó herido en el asfalto y escapó sin mirar atrás.

Ecos Mendocinos documentó aquella vergonzosa secuencia en la nota titulada Tras arrollar un perro, móvil de Guaymallén se fugó.

Entre aquel atropellamiento y este nuevo suceso transcurrieron dos años completos. La Municipalidad de Guaymallén dispuso de tiempo suficiente para diseñar protocolos de conducta, capacitar a sus choferes y aplicar sanciones ejemplares que desalentaran estas prácticas. La repetición exacta del escenario demuestra que las autoridades no tomaron ninguna medida preventiva o que prefirieron cajonear los expedientes para proteger a sus empleados. Cuando la desidia se repite con la misma impunidad, ya no se trata de una mala conducta individual, sino de una flagrante complicidad institucional.

El descontrol de las movilidades: el patrimonio público como bien privado

El atropellamiento en el barrio Ex Lumaco destapa otra caja negra de la gestión comunal: el uso abusivo, discrecional y carente de controles de la flota vehicular. Marcos Calvente heredó un esquema de privilegios de la administración anterior, pero lejos de corregirlo, permitió que se profundizara.

Numerosos testimonios internos confirman que decenas de camionetas oficiales duermen habitualmente en los domicilios particulares de funcionarios jerárquicos y empleados influyentes. Las movilidades del Estado funcionan en la práctica como un servicio de transporte privado y gratuito para el personal municipal. Los contribuyentes de Guaymallén costean diariamente el combustible, los seguros obligatorios, las cubiertas y el mantenimiento de vehículos utilizados para fines estrictamente particulares.

La comuna cuenta con modernos sistemas de seguimiento satelital por GPS, pero la fiscalización real solo se activa cuando los escándalos toman estado público. En este medio expusimos anteriormente el deficiente rol de las áreas de inspección en el artículo Pablo Raddi y su tardía epifanía como controlador.

La falta de control administrativo es tan profunda que el municipio llegó a pagar el servicio de GPS satelital para unidades que ya estaban obsoletas, inmovilizadas o directamente dadas de baja en el registro automotor. Este alarmante despilfarro de recursos públicos quedó detallado en la investigación Pablo Raddi, una década de inoperatividad: GPS satelital a móviles dados de baja.

La flota oficial también ha sufrido un sistemático uso político. Recordamos el escándalo de las camionetas municipales detectadas en actividades partidarias en el departamento de General Alvear. Conte negó sistemáticamente los registros, desestimando las pruebas físicas que presentamos en la nota Guaymallén miente: movilidades oficiales al servicio del engaño ejecutivo.

Las sospechas en Ex Lumaco y la paradoja de la Dirección de Salud

La camioneta involucrada en la muerte del perro posee características muy específicas. Es una unidad blanca de última adquisición, ploteada con los nuevos colores violetas del municipio. Debido a su equipamiento 4×4, la asignación de estas camionetas se reduce exclusivamente a dos áreas operativas de la comuna.

Una de esas áreas es la Dirección de Salud, la dependencia que irónicamente coordina las políticas de zoonosis, vacunación, castración y cuidado responsable de los animales. Si la investigación confirma que la camioneta que mató y huyó pertenecía a esta dirección, el caso adquirirá dimensiones de un verdadero escándalo ético y funcional.

Además, la presencia del vehículo dentro de Ex Lumaco despierta serios interrogantes. En las cercanías de este barrio existen complejos habitacionales donde residen funcionarios de rango medio y empleados de la comuna. La municipalidad debe aclarar con urgencia qué tarea oficial realizaba el conductor en ese lugar, cuál era su hoja de ruta autorizada y si el trayecto respondía a una necesidad de servicio o a un favor personal de traslado.

Exigencias concretas: sumarios transparentes y fin del encubrimiento

Los vecinos de Guaymallén y la familia del animal afectado merecen explicaciones reales que superen un simple posteo de descargo en redes sociales. Ignacio Conte debe ordenar de inmediato una investigación administrativa transparente. El municipio tiene la obligación de preservar las planillas de salida de la flota, secuestrar los registros de geolocalización satelital de esa tarde y suspender preventivamente al agente involucrado.

No alcanza con discursos políticamente correctos sobre el cuidado de las mascotas. La gestión de Marcos Calvente debe demostrar con hechos que el patrimonio de los vecinos no es un juguete privado de sus choferes. La historia criminal se repitió en las calles de Guaymallén porque la impunidad previa la garantizó el propio silencio del Estado.