En marzo de este año, el Gobierno de Mendoza elevó un proyecto de ley polémico.
El mismo dice textual:
“El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley que busca asignar mensualmente a los programas de salud mental y adicciones de la provincia de Mendoza implementados por el Ministerio de Salud y Deportes el 25% de la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos tributados en concepto de “Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas n.c.p.” y/o “Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas on-line” según corresponda, por los casinos privados comprendidos en el artículo 34 de la Ley 6362 y por las personas humanas jurídicas registradas en el Registro de Títulos Habilitantes de Juego en Línea creado por Ley 9267.“
Agrega justificando que:
“Este proyecto busca reforzar el objetivo del Programa de Juego Responsable que funciona bajo la órbita de la Dirección de Salud Mental en coordinación con el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Tiene como objetivo implementar acciones que den respuesta a las consecuencias de las problemáticas de juego, tanto en lo asistencial como en lo preventivo, considerándolas en el marco de la salud mental”.
“De ser aprobado el proyecto, empezará a implementarse a partir del ejercicio presupuestario de 2025” finaliza.
Lo cuestionable sería no solo la amplitud de movimientos que se permite desde el estado a este tipo de emprendimientos con los perjuicios que genera, en una economia decaída como la actual, donde mucha gente que no llega a fin de mes, se tienta ante la insistente propaganda de la actividad, a fin de hacerse una diferencia, cuando el resultado termina siendo el remedio peor que la enfermedad.
¿Cuántas personas terminan perdiendo todo, incluyendo bienes, familia por tornarse adictos al juego?
Cualquiera que pueda pegarse una vuelta por el casino y tragamonedas que hay por doquier, podrá ver y notar como hay personas que en forma automatizada juega sin control, siendo esto una gran problemática. Ni hablar de los juegos “On line”.
Si bien es necesario, urgente e imperioso efectuar un mejoramiento en atención, con leyes incluidas respecto a salud mental, la misma tendría que ser propositiva, no separando una parte de los impuestos cobrados para atender la problemática generada.
Casi como vender lanzallamas al por mayor, pero con un matafuego de 1/4 Kg. de regalo, la nada misma.
Habría que replantearlo con limitaciones a la actividad, que en el presente perjudica hasta menores de edad.