- Actualización (enero 2026): Se cumple casi un año desde la nota más leída de Ecos Mendocinos sobre el depósito social de calle Tirasso, conocido como “hipermercado municipal”. A la fecha, el municipio no exhibió públicamente un esquema completo y verificable de inventarios, trazabilidad y auditorías. El cambio institucional más visible fue político: Silvia Donati, directora de Desarrollo Social, fue ascendida a concejala.
Cumplido un año desde la publicación que instaló el tema (Ver acá), Guaymallén sigue sin mostrar controles públicos verificables sobre el movimiento de bienes sociales. La novedad más evidente no fue un informe de auditoría ni un sistema de registros transparente, sino un ascenso: quien conducía el área terminó premiada en la arena política.
Un aniversario que no se festeja, se revisa
Cuando una nota se convierte en la más leída no es solo por la polémica; es porque toca un punto sensible que la gente entiende en dos segundos. El “hipermercado municipal” quedó asociado al depósito social de Tirasso por una razón simple: allí se concentran recursos destinados a asistencia, y cuando la administración no ordena ni prueba cómo se controlan, el depósito deja de ser un instrumento de política social para convertirse en un territorio opaco, donde el municipio pide confianza en lugar de exhibir documentación.
En un año, cualquier gestión que quisiera cerrar la discusión podría haberlo hecho con hechos. No se trata de discursos ni de comunicados; se trata de inventarios, registros y auditorías. Sin eso, la historia no muere, y el apodo se vuelve una metáfora incómoda que sigue caminando sola por la calle.
El depósito de Tirasso y el deber de controlar con pruebas
El depósito social no guarda “cosas” en abstracto; guarda asistencia concreta que impacta en familias vulnerables. Por eso la trazabilidad no es un lujo técnico, sino una obligación mínima. Si el municipio no puede mostrar de forma pública y consistente qué entra, qué sale, quién autoriza, quién entrega, a quién se le entrega y con qué respaldo, la ayuda social queda atrapada en un circuito donde la sospecha crece más rápido que cualquier explicación.
Lo irónico es que ordenar esto no requiere inventar nada nuevo. Un año alcanza para implementar un sistema básico y verificable: inventario real y actualizado, responsables identificables, circuito de entradas y salidas con actas, reportes periódicos y auditorías con metodología clara. Si todo eso existiera y estuviera disponible, el municipio podría cortar el debate en un día. Lo que mantiene viva la historia es precisamente lo contrario: la ausencia de evidencia pública contundente, mientras la discusión se sostiene en versiones, malestar y silencio institucional.
El único cambio visible: Donati ascendida a concejala
Si la intención era transmitir control y corrección, lo esperable era un cierre institucional serio, con medidas que se vean y se puedan comprobar. Sin embargo, el hecho más visible del año fue político: Silvia Donati terminó como concejala.
Ese dato no es menor, porque actúa como un mensaje directo hacia la ciudadanía. Cuando un área queda cuestionada y el desenlace visible es un ascenso, la lectura pública tiende a ser inevitable: no hubo costos, no hubo corrección demostrable, y hubo premio. Esa percepción se vuelve todavía más pesada cuando el municipio no acompaña el proceso con documentación pública que permita asegurar, sin discusión, que existe control real, auditado y accesible.
La línea entre asistencia y campaña exige transparencia reforzada
En toda gestión existe una frontera delicada: la que separa política social de política electoral. No porque ayudar sea “hacer campaña” por definición, sino porque, en contexto preelectoral, cualquier entrega puede leerse como discrecional si no hay reglas claras y trazabilidad completa. Con un depósito bajo sospecha y una funcionaria del área proyectada políticamente, la obligación de transparentar no disminuye: se vuelve más urgente.
Refrescar esta historia no es un capricho por estadísticas ni una repetición por deporte. Es exigir lo obvio: que la ayuda social se administre con pruebas verificables, no con pedidos de fe. Si el municipio quiere cerrar el tema, el camino es corto y concreto: publicar inventarios, actas, reportes, auditorías y metodología. Sin eso, el “hipermercado municipal” seguirá siendo el nombre que el propio silencio institucional ayudó a consolidar.
Datos duros
- Pasó casi un año desde la nota más leída sobre el depósito social de Tirasso.
- No se exhibió públicamente, de forma completa y verificable, un esquema de control que despeje dudas de trazabilidad.
- El cambio institucional más visible fue el ascenso político: Donati terminó como concejala.
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