Sabotaje a la chipeadora y negocio privado de astillas. Guaymallén

Mientras la chipeadora municipal sufre un “accidente” escondido, unos pocos lucran con sus restos. Por Néstor Bethencourt

Sabotaje a la chipeadora

Maquinaria saboteada en Parque Automotor

La chipeadora del Parque Automotor de Guaymallén dejó de funcionar de manera inexplicable. Esa trituradora, acoplada a un camión municipal, reduce ramas y restos de poda en astillas.

Sin embargo, las imágenes que acompañan la denuncia muestran a operarios manipulando la máquina para ocultar la verdadera causa de la rotura. No se trata de un desperfecto rutinario, sino de un intento deliberado de encubrimiento.

En lugar de registrar la avería y solicitar repuestos con el procedimiento establecido, los responsables improvisaron soldaduras y parches, evadiendo controles de mantenimiento y presupuesto.

Esa negligencia retrasa la limpieza de residuos verdes y convierte la gestión del parque en un caos técnico que se prolonga sin sanciones.

Dirección de Obras por Administración en la mira

El incidente ocurrió dentro de la Dirección de Obras por Administración (DOA), un área ya señalada por acumular vehículos pesados y camionetas sin uso.

Desde hace años, esa dependencia exhibe maquinaria desmantelada, con piezas faltantes y falta de inventario.

A pesar de las denuncias, ninguna de las últimas tres gestiones municipales (Iglesias- Calvente), ha promovido una auditoría seria.

DOA se convirtió en un refugio de irregularidades: camiones sin componentes esenciales esperan meses por reparaciones, mientras el servicio a los vecinos se resiente. El silencio de sus responsables habla más alto que cualquier protocolo incumplido.

Ceguera selectiva de Raddi

En este escenario, Pablo Raddi, director de Control de Gestión, parece detenerse únicamente en sillas sucias para investigarlas. Las graves anomalías en la chipeadora y DOA escapan a su radar. El inoxidable funcionario es sostenido a pesar de sus antecedentes.

Dicho funcionario mantiene un perfil bajo ante irregularidades que afecta la operación municipal. Su inacción evidencia complicidad o, cuanto menos, profunda indiferencia hacia el uso indebido de recursos.

Astillas a mercado privado: la riqueza oculta

En los pasillos municipales circula un rumor demoledor: las astillas producidas por la chipeadora no se destinan al compost ni al relleno urbano, sino que se venden en secreto a empresas fabricantes de placas de madera.

También es común escuchar en ámbitos municipales que, cuando se retiran árboles añosos de gran porte, estos no son destruidos ni reutilizados por el Estado, sino trasladados a un reconocido aserradero de calle Lemos, que tendría vínculos con un exintendente del departamento. La trazabilidad de esa madera, que debería estar registrada como patrimonio natural o forestal, desaparece por completo. El negocio es millonario, pero el acta es nula.

Esa madera triturada, que podría impulsar proyectos de apoyo vecinal, financia a un grupo reducido de beneficiarios.

Nadie sabe cuánto dinero ingresó ni a qué cuentas llegó. Nunca se convocó un proceso transparente de subasta ni se publicó el destino de esos fondos. Así, un recurso municipal valioso se desvía hacia bolsillos privados sin que se rinda cuenta.

Consecuencias para la comunidad

La falta de mantenimiento y la venta clandestina de astillas golpean a los ciudadanos. Las arcas municipales dejan de percibir ingresos esenciales.

Cierta resignación alimenta la sensación de impunidad que anida en Guaymallén.

Urge una investigación exhaustiva

Desde Ecos Mendocinos exigimos:

  • Sumario inmediato contra los responsables de DOA por encubrimiento de averías.
  • Auditoría externa al Parque Automotor de los últimos cinco años.
  • Transparencia total en las ventas de astillas y destino de fondos.
  • Remoción de Raddi.

El municipio no puede seguir licitando viandas millonarias mientras su flota se desmorona sin respuestas.

El silencio ya no basta

El sabotaje a la chipeadora y el comercio oscuro de astillas expone la corrupción creciente en Guaymallén. Funcionarios que miran para otro lado y protocolos pisoteados definen un modelo de gestión donde el beneficio privado supera el interés público.

La ciudadanía exige explicaciones y resultados. No basta con inaugurar tramos de calles o celebrar eventos. El verdadero desarrollo demanda transparencia, rendición de cuentas y respeto por los bienes comunes.

Mientras persista este “loop” de negligencia e impunidad, el Parque Automotor seguirá siendo un nido de irregularidades. Es hora de romper el silencio y poner freno a este saqueo verde.

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