Por Néstor Bethencourt
👉 En esta nota:
– El depósito clandestino de Pelegrina junto a un electroducto.
– Cómo el clan Pelegrina–Aznar–Minzer manejó Comercio y el censo.
– El papel de Minzer, Aznar y Quinteros dentro del esquema.
– Por qué Guaymallén premia ahora a este “comercio ejemplar”.Mientras Guaymallén premia a Pelegrina Envases como uno de los comercios que “impulsan el desarrollo del departamento”, una trama de vínculos familiares, negocios con el Estado, obra clandestina y un censo de comercios manipulado muestra otra cara: la del clan que diseña las reglas… y luego recibe el diploma. La complicidad de Noemí Quinteros.
“Esta investigación sobre el clan Pelegrina en Guaymallén muestra cómo se mezclan negocio familiar y poder municipal.”
1. La foto que no es inocente
En la imagen que ilustra, se ve al comerciante agasajado, junto a sus dos hijos.
Una escena prolija: familia trabajadora, empresa de años, municipio agradecido. Una postal perfecta para redes oficiales y noticieros amigos.
Pero detrás de esa foto se esconde algo más que un homenaje a la trayectoria.
Uno de esos hijos es quien fue director de Comercio de Guaymallén hasta principios de este año: Aaron Pelegrina, (de chomba celeste), el mismo nombre que aparece en múltiples notas de Ecos Mendocinos vinculado al censo de comercios, a designaciones exprés y a una red de poder en el área.
También de camisa oscura está Leandro Marcerou, hoy subdirector de la Dirección de Desarrollo Económico y Comercial, la ex Dirección de Comercio donde supo moverse Pelegrina. No es solo un funcionario más en el fondo de la escena: además integra la comisión directiva del Club Mendoza de Regatas, uno de los clubes privados más influyentes de la provincia. Es decir, un cuadro que combina despacho municipal, control del universo comercial de Guaymallén y vínculos aceitados en ámbitos privados de elite. Legal, quizás; inocente, seguro que no.
No es un detalle. Es el centro de la trama: el clan que provee al municipio, que controla Comercio y que, además, diseña el censo que después “justifica” decisiones y políticas públicas.
Y el intendente, sonriente, entrega el diploma.
2. Del galpón clandestino al comercio distinguido
La historia empieza bastante antes del diploma.
Según denuncias de vecinos y documentación a la que tuvo acceso este medio, el titular de la firma Pelegrina Envases y/o Sacomaar S.R.L. mandó a construir un depósito en forma irregular y clandestina, sin permiso alguno, en una zona donde la normativa es clara: no se puede edificar sin respetar la distancia de seguridad respecto a un ducto de media tensión.
La cesión de derechos posesorios a favor de Antonio David Pelegrina sobre el inmueble de Simón Bolívar 1293 esquina Cadetes Argentinos, de 490 m², se formalizó por escritura en febrero de 2023, con compromiso expreso de avanzar luego en un juicio de usucapión y de compartir costos para “regularizar” la situación dominial.
Antonio Pelegrina no es solo “un comerciante más”: históricamente ha estado vinculado a la firma Pelegrina – Sacomaar SRL, empresa familiar dedicada a plásticos, envases y embalajes frutihortícolas, con fuerte presencia en el agro y participación en distintos negocios y licitaciones.
Según distintas fuentes políticas y empresariales consultadas, mantiene además una relación de amistad íntima de años con el exintendente Marcelino Iglesias, anterior a que su hijo Aaron fuera nombrado director de Comercio.
La construcción que siguió no habría respetado la distancia de seguridad respecto al electroducto, con el riesgo eléctrico y de incendio que eso implica para trabajadores, vecinos y bienes.
No hablamos solo de papeles en regla o no: hablamos de seguridad básica.
Mientras la empresa crecía como proveedor compulsivo de la comuna, el depósito clandestino seguía ahí. Símbolo perfecto de un modo de operar: primero se hace, después –con suerte– se pide permiso.
Y si nadie controla, mejor.
Esa misma firma, en 2025, aparece en la lista oficial de “comercios que impulsan el desarrollo del departamento”, distinguida por el propio municipio junto a bancos, industriales y mayoristas históricos. (Ver nota en web de Guaymallén aquí)
De la obra al margen de la regla al diploma por “aportar al desarrollo”.
Guaymallén en estado puro.
2.1. Cronología municipal de una obra clandestina tolerada
Del primer emplazamiento a la obra avanzada
Los expedientes A-EE-2122-2024 (emplazamiento/obra clandestina) y A-EE-2931-2024 (relevamiento para regularizar) permiten ver con fechas y firmas cómo el Estado fue mirando hacia otro lado mientras la obra avanzaba.
El 5 de febrero de 2024, un inspector de Obras Privadas constata en la esquina Cadetes Argentinos y Simón Bolívar, padrón 31910, una construcción “que aparentemente no cuenta con documentación técnica aprobada”.
Se labra el Boleto de Emplazamiento N° 1051, se ordena la paralización inmediata de la obra y se exige la presentación de planos visados.
Hasta allí, el manual parece cumplirse.
El problema es lo que viene después.
Recién el 7 de octubre de 2024, ocho meses más tarde, otro informe de inspección da cuenta de que la obra se encuentra “en estado grueso avanzado, con dos niveles de planta y colocación de techo”. En esos 8 meses, el expediente indica que el hoy subdirector Juan Carlos Rodriguez lo tuvo “frenado”.
Al inspector no lo dejan ingresar; solo puede ver desde afuera.
Advierte, además, que el andamio está armado en zona de máxima seguridad por presencia de electroducto sobre la vía pública de calle Simón Bolívar.
En las lonas de obra ya figura cartel antirreglamentario con el número EE-2931-2024.
Es decir: la orden de paralización fue olímpicamente ignorada, la obra creció a dos plantas con techo, en riesgo eléctrico evidente, y la Municipalidad no detuvo físicamente nada.
La cédula tardía y los plazos muertos
Tres días después, el 10 de octubre de 2024, recién entonces, se emite la cédula de notificación a San Martino P. Miguel y Antonio David Pelegrina o a quien resulte titular, ordenando en 15 días: presentar planos de relevamiento de la construcción, presentar certificado de interferencia del electroducto y retirar el andamio de la zona de máxima seguridad.
La fecha habla sola:
ocho meses entre el primer emplazamiento por construcción clandestina y la primera cédula seria.
El 27 de diciembre de 2024, otra inspección verifica que no se ha cumplido la notificación, y que el andamio sigue en la zona de máximo riesgo.
El inspector pide que se aplique sanción.
La sanción que no llega
En lugar de sancionar, la Dirección de Obras Privadas decide en enero de 2025 no avanzar hasta saber a quién multar, porque “no se cuenta con CUIT/CUIL o DNI del titular de la propiedad empadronada bajo el n° 31910”.
Se pide ayuda a Catastro.
La respuesta de la Subdirección de Catastro, el 22 de enero de 2025, es insólita: informa que no tiene digitalizado el DNI/CUIL del titular registral, pero que en la base de datos de ATM el poseedor es Antonio Burich, y adjunta plancheta, datos de parcela y avalúos.
Mientras tanto, en el expediente A-EE-2931-2024 –el de “Relevamiento Local Comercial”– ya se trabajaba sobre la misma propiedad, con planos donde figura la “Sucesión Aise – Poseedor Antonio Pelegrina”, en Simón Bolívar 1293 esquina Cadetes Argentinos, P.M. 31910.
En mayo de 2025, Obras Privadas decide patear la pelota a Asuntos Jurídicos, pidiendo que dictamine si la sanción debe aplicarse al titular según plancheta o al poseedor según ATM.
La Dirección de Asuntos Jurídicos finalmente responde que corresponde sancionar a ambos: titular y poseedor.
Pero en el expediente no aparece todavía la multa concreta, ni su monto, ni constancia de cobro.
Lo que sí aparece, en cambio, es una nota de Archivo Municipal de fecha 7 de julio de 2025, en el expediente EE-2931-2024, indicando que “dado que ya se cargaron los poseedores, se archiva el presente”.
Traducido:
- Una obra clandestina, al lado de un electroducto, con orden de paralización no cumplida.
- Ocho meses de demora para una cédula seria.
- Más de un año de trámites para discutir a quién multar, mientras la estructura ya está levantada.
- Y, en paralelo, el expediente que habla de la obra se archiva como si todo estuviera en orden, con el poseedor Pelegrina ya cargado en el sistema.
La responsabilidad, repartida y lavada:
Obras Privadas que demora y no clausura, Catastro que “no tiene datos”, Asuntos Jurídicos que llega tarde y, por ahora, sin consecuencias visibles. Y la obra es del padre del Director de Comercio de ese entonces…
Mientras tanto, el vecino se queda con el recuerdo de los andamios junto al tendido eléctrico y la certeza de que, si algo salía mal, la culpa iba a ser del azar.
3. El hijo director: cuando Comercio se vuelve cosa de familia
El diploma de este año no llega a cualquier familia.
Llega a una familia que ha tenido poder real dentro de la Municipalidad.
Durante 2024 y parte de 2025, Aaron Pelegrina fue director de Comercio.
No un empleado más: el funcionario que debía ordenar habilitaciones, inspecciones, controles, relevamientos y relaciones con el sector comercial.
Desde principios de enero de 2025 Aaron ya no pertenece al plantel municipal: presentó su renuncia mientras crecían internas, denuncias y cuestionamientos sobre el manejo del área.
La estructura no desapareció: el cargo fue absorbido y rebautizado dentro de la Dirección de Desarrollo Comercial e Industrial, hoy bajo la conducción de Lorenzo Nieva Dinerstein, importado desde otras gestiones municipales y presentado por el propio Calvente como “perfil técnico” para fortalecer el tejido productivo local.
Bajo la gestión de Pelegrina se impulsó un nuevo censo de comercios –uno más en la larga saga de censos repetidos–, con una estructura de contratación millonaria, pliegos a medida, y un esquema operativo plagado de irregularidades que Ecos Mendocinos detalló en varias notas.
- Licitación A-EE-16056-2024, con un presupuesto inicial de 59,2 millones, “mejorado” luego a 52 millones tras reconocer un “error de cálculo”.
- Una oferta más económica descartada por formalismos menores.
- Un proveedor que terminó adjudicado pese a inconsistencias y “ajustes” sobre la marcha.
- Personal declarado que no se condice con la realidad comprobada.
Todo eso se montó desde el área que encabezaba el hijo del comerciante hoy homenajeado.
No parece casualidad.
4. Farid, el cuñado; Minzer, la prima; Quinteros, el círculo que se cierra
Alrededor de Aaron Pelegrina no había solo empleados.
Había familia y lealtades.
Uno de los jefes de inspectores, con enorme poder real en el área, es Farid Aznar. Señalado ya en varias notas como el hombre que se presenta como “dueño” de Comercio, y que maneja los expedientes sensibles a discreción. Suma un estilo prepotente y persecutorio.
Farid no es solo un jefe: es, además, cuñado de Aaron Pelegrina, según se ha expuesto en artículos previos sobre la trama de favoritismos, abusos y renuncias en el sector.
A pesar de la salida de Aaron, Aznar sigue firme en la ex Dirección de Comercio –hoy bajo el paraguas de Desarrollo Comercial–. Se mueve con la misma impunidad que cuando su pariente directo ocupaba la silla principal.
En la misma área aparece Florencia Minzer, compañera de estudios de Aaron, ascendida meteóricamente, denunciada por usurpación de funciones (firmar y ordenar como si fuera subdirectora cuando solo era jefa), y protagonista de licencias eternas con productividad mínima.
Los antecedentes de Minzer –desde la falsa renovación de su contrato hasta su rol en el censo de comercios y el manejo discrecional de tareas– ya fueron detallados en una serie de notas de Ecos Mendocinos, donde se la describe como ejemplo de nepotismo, “ñoqui total” y pieza central de la banda de los privilegios.
Y el círculo se completa con Noemí Quinteros, otra figura clave dentro de la ex Dirección de Comercio: empleada que ascendió súbitamente y que, según distintos testimonios recogidos por este medio, ejecuta obsesivamente las órdenes del tándem Pelegrina–Aznar–Minzer, participando en internas, presiones a empleados y maniobras de disciplinamiento.
Según reconstruyen los expedientes y notas ya publicadas:
- Aznar controla inspectores y operativos.
- Minzer coordina relevamientos, parte del censo y el vínculo operativo con el proveedor, además de funcionar como bisagra política.
- Quinteros opera como brazo ejecutor interno, presionando y alineando al personal.
- Pelegrina firmaba, avalaba y articulaba políticamente desde la Dirección.
Todo en familia, todo en casa.
El censo de comercios que debería ser una herramienta técnica se convierte así en un dispositivo de poder manejado por un clan.
5. El censo que fue un fiasco… y la sanción que fue un chiste
Cuando el censo empezó a ejecutarse, los problemas no tardaron en aparecer.
Vecinos y comerciantes se quejaron por censistas sin identificación, mensajes contradictorios sobre si era obligatorio o no, dudas sobre el destino real de los datos y sospechas sobre qué se estaba “midiendo” en realidad.
Luego, al avanzar la revisión de la contratación, surgieron irregularidades más graves.
- Inconsistencias en la cantidad de personal afectado.
- Declaraciones que no se ajustaban a lo que realmente podía verificarse en calle.
- Errores groseros en montos y liquidaciones.
- Reconocimiento explícito, por escrito, de “error de cálculo” al reducir el monto ofertado.
Cuando los errores ya eran demasiados para seguir mirando a otro lado, el municipio decidió “sancionar” al proveedor.
Pero lo hizo de la forma más funcional posible: una sanción leve, simbólica, más cerca de un reto administrativo que de una verdadera decisión de control serio.
En otras palabras: el censo fue un fiasco, pero el costo para el proveedor fue mínimo.
Y el clan que lo impulsó siguió ocupando sus sillas clave.
6. El premio como blindaje político
En ese contexto, el reconocimiento de Pelegrina Envases como comercio que “impulsa el desarrollo del departamento” deja de ser una placa ingenua.
Es otra cosa.
Mientras la empresa figura en webs y redes como ejemplo de industria local, con presencia en Guaymallén y proyección al país, el municipio le pone, además, un sello simbólico: “pilar del desarrollo”.
Y no está solo. Si uno revisa los listados de comercios distinguidos de 2020, 2024 y 2025, aparecen varios nombres que se repiten una y otra vez. En estos casos no se está juzgando la trayectoria empresarial o comercial de esos negocios –que muchas veces es legítima y sólida– sino la poca creatividad, el automatismo (o el amiguismo) con el que el municipio arma, año tras año, el mismo elenco estable de “ejemplos” para la foto.
No es solo un “gracias por invertir”.
Es una validación pública a una familia cuyo hijo manejó Comercio. Cuñado de ese hijo dirige inspectores, cuya prima coordina censos y cuya empresa es proveedor histórico de la comuna.
El mensaje hacia adentro es claro:
“No solo no pasa nada. Encima, te premiamos.”
El mensaje hacia afuera también:
“Este es el modelo de desarrollo que queremos mostrar.”
7. El clan como síntoma de algo más grande
Sería un error ver esta historia solo como el capricho de una familia.
El clan Pelegrina–Aznar–Minzer es, sobre todo, el síntoma de cómo funciona Guaymallén cuando se mezclan negocios privados, poder político y gestión municipal sin control real.
- Una empresa que hace obra irregular y se instala como proveedor.
- Un hijo que llega a director de Comercio.
- Parientes y amigos que toman posiciones clave.
- Un censo millonario armado a medida, con errores, denuncias y sanciones mínimas.
- Y al final del recorrido, un premio público para coronar la puesta en escena.
No es un caso aislado.
Encaja perfecto con el abanico de prácticas que venimos describiendo: viandas sobrefacturadas, luminarias mal planificadas, planes “verdes” sobre basurales que siguen humeando, movilidades oficiales sin control, horas extras que no cierran, sumarios que duermen.
8. Por qué contar esta historia ahora
Algunos dirán que todo esto es viejo, que “ya se sabía”.
No es así.
Cada vez que la Municipalidad entrega un diploma, que una foto de premiados sale en el sitio oficial, se renueva el relato de la ejemplaridad.
Se refuerza la idea de que esos nombres representan “lo mejor” del comercio departamental.
Por eso es necesario, cada tanto, poner la foto en contexto: contar quiénes son, qué hicieron, dónde están parados dentro del Estado. Qué decisiones tomaron, qué censos firmaron, qué errores sostuvieron, qué sanciones mínimas negociaron.
No se trata de envidia ni de odio a la empresa privada.
Se trata de algo más sencillo y más profundo:
quien diseña las reglas del juego no puede, al mismo tiempo, ser el gran beneficiado de ese juego, sin que nadie diga nada.
Si el municipio de Guaymallén quiere premiar a sus “pilares del desarrollo”, que lo haga.
Pero la ciudadanía tiene derecho a saber qué hay detrás de cada diploma.
Y en el caso de este clan, gracias a los expedientes que ellos mismos generaron, la historia recién empieza a contarse.
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Señores de ecos mendocinos yo escribí hace un tiempo atrás y sigo pensando lo mismo. El problema no es el señor intendente sino el grupo que lo rodea, lembo, Javier guardia y Melisa Villarruel. si tan solo Marcos se los sacará a esos 3 de encima y pondría gente sería, real y no esos ignorantes, todo sería tan distinto parai querido Guaymallén
Jaaaaa q justo pero q coincidencia todo no?????