Ayer, 11 de diciembre, Pablo Raddi firmó dos expedientes que son casi un grito de auxilio administrativo. Uno reconoce oficialmente una larga lista de “unidades en desuso”. El otro ordena desinstalar GPS en cuatro vehículos que el propio municipio venía tratando como flota activa. Nada de esto habría existido sin las notas de Ecos Mendocinos que expusieron el negocio de la flota fantasma monitoreada por Sitrack.
GPS Guaymallén Pablo Raddi
GPS Guaymallén Pablo Raddi. Hasta hace muy poco, la tranquilidad en la Dirección de Control de Gestión parecía absoluta. El contrato con Sitrack para monitorear 375 móviles estaba en marcha, el expediente lucía prolijo y nadie dentro del municipio se hacía demasiadas preguntas sobre qué vehículos seguían vivos y cuáles se oxidaban en los corralones. Eso cambió cuando las publicaciones de Ecos Mendocinos empezaron a mostrar camiones destruidos, grúas arrumbadas y camionetas desarmadas con GPS activo y pago al día.
A partir de allí, la calma en el cuarto piso se terminó. Lo que vino después se puede leer en la serie de expedientes del 11 de diciembre, documentos que, más que una muestra de control interno, parecen el rastro de un funcionario tratando de tapar un incendio con hojas A4.
Jueves pasado: listado de chatarra y orden de bajar GPS, todo en la misma jornada
El primer movimiento fue el expediente NEE-21752-2025, titulado “Unidades en desuso”. Allí, el área de auditoría de mantenimiento correctivo informa al director de Control de Gestión que una lista importante de vehículos no justifica su reparación, porque el costo superaría largamente su valor real.
Los informes describen camionetas con motor incendiado, pick-ups desarmadas, camiones volcadores con motor roto y faltantes por todos lados, maquinaria vial prácticamente fuera de uso, regadoras con motores destruidos y utilitarios con frenos, suspensión y tren delantero en estado calamitoso.
En lugar de negar el cuadro, Raddi asume el diagnóstico. Firma una nota dirigida al secretario de Obras, Ramiro García, donde “sugiere la baja y posterior subasta pública” de todos esos equipos. Es la admisión formal de que hay un verdadero cementerio rodante dentro del parque automotor municipal.
Ese mismo día se crea el expediente NEE-21766-2025. Ya no se trata de mantenimiento ni de sugerencias de remate, sino de una instrucción directa a la empresa de telemetría. La Dirección de Control de Gestión informa que se solicitó a Sitrack la desinstalación de los dispositivos GPS de cuatro móviles: el camión Iveco Vertis CV-67 (AB-214-QY), el camión compactador C-32 (EMK-448), el Chevrolet Classic A-36 (NPH-106) y la Kangoo P-99 (AD-017-DH).
Los cuatro aparecen, en el expediente de “unidades en desuso”, como fierros terminados. No es que estén “fuera de servicio por unos días”: están desarmados, con motores rotos o con faltantes graves. Son chatarra con inventario.
En un mismo día, Raddi reconoce la existencia del cementerio y da la orden de apagar al menos una parte del negocio del GPS sobre vehículos muertos. No hay mejor postal de desesperación que esa doble firma.
Flota fantasma: lo que decían los papeles antes del 11 de diciembre
Para entender la dimensión del giro, hay que volver al principio de la película, cuando todavía creían que nadie miraba.
El expediente EXP-28976-2025 adhiere al acuerdo marco provincial y consolida la contratación del servicio de monitoreo satelital con Sitrack S.A.. Allí se deja asentado que el municipio ya tiene 375 equipos instalados, todos categorizados como “Activos”, y que el contrato implica un total de $200.800.000 por 24 meses, con una reserva adicional de $60.000.000 para instalar GPS en nuevos vehículos.
La tabla anexa enumera cada móvil con su dominio, número interno y estado. Entre ellos aparece, por ejemplo, el camión compactador C-32 EMK-448, etiquetado como “C 32 OA BAJA” pero con estado “Activo” dentro del padrón de Sitrack; o el Chevrolet A-36 NPH-106, también con estado “Activo” pese a que más tarde se lo describirá como “unidad desarmada, roturas de motor”.
En la misma nómina figuran otros casos similares: camiones regadores con rotura de motor, Partners con tren delantero destruido y utilitarios a los que la propia auditoría luego considera económicamente inviables de reparar.
Mientras el contrato avanzaba, Ecos Mendocinos comenzó a publicar estas incongruencias: fotos de vehículos arrumbados en corralones que, sobre el papel, seguían siendo parte de la “flota activa” que justificaba el costo del GPS. Las patentes coincidían, los internos coincidían y el relato oficial empezó a tambalear.
Después de las notas: cuando el cuarto piso descubre que no sabe qué controla
La reacción formal no llega con el contrato, sino con las exposiciones públicas. Una vez que se mostraron al detalle las patentes, los montos y las condiciones de los vehículos, la Dirección de Control de Gestión se vio obligada a mirarse al espejo.
Esa cadena de movimientos —pedido de información a las áreas, inventario de unidades en desuso y orden puntual de desinstalar GPS— se acelera precisamente cuando las notas de Ecos muestran a la opinión pública el descalabro del padrón. No es un ejercicio voluntario de transparencia; es una reacción defensiva ante la exposición.
Lo que estos expedientes confiesan sin querer
Leídos en conjunto, los documentos firmados por Raddi después de las publicaciones de Ecos dejan cinco certezas incómodas:
- El padrón original de 375 móviles era un dibujo: incluía como “Activos” vehículos que la propia auditoría ahora describe como chatarra o económicamente inviables.
- La revisión del parque automotor no fue preventiva, sino reactiva. Se hizo cuando el escándalo ya era público, no antes de firmar un contrato por más de 200 millones.
- Solo una parte mínima de la chatarra tuvo baja de GPS en diciembre. El resto de las unidades en desuso queda en una nebulosa documental que nadie apura en aclarar.
- Durante un tiempo que aún no se esclarece, los vecinos pagaron monitoreo satelital para vehículos que no podían salir a la calle ni aunque les pusieran combustible gratis.
- Sin la presión de las notas, es difícil imaginar que la Dirección de Control de Gestión hubiera asumido por escrito este cementerio rodante.
No hace falta que los funcionarios citen a Ecos en sus informes. Las fechas y el contenido hablan solos. GPS Guaymallén Pablo Raddi
Lo del GPS es apenas el tráiler
El escándalo de los GPS ya alcanza para desnudar una gestión que paga tecnología de punta para seguirle el rastro a fierros que no se mueven. Aun así, dentro de los expedientes y testimonios que llegaron a Ecos Mendocinos aparece algo peor, bastante peor, también orbitando alrededor de decisiones firmadas por Pablo Raddi.
Lo de la flota fantasma es grave, caro y obsceno. Pero es, literalmente, el tráiler. Detrás de este contrato aparece otra historia donde los números son más pesados, las maniobras más finas y las consecuencias institucionales mucho más profundas. No estamos hablando de un error de padrón ni de un Excel mal armado: hablamos de un esquema que, si se confirma todo lo que ya está sobre la mesa, va a dejar al negocio del GPS como una travesura cara. GPS Guaymallén Pablo Raddi
Por ahora no vamos a adelantar el eje específico, porque la documentación está en pleno cruce y chequeo. Sí podemos afirmar algo sin matices: cuando esa otra línea de investigación salga a la luz, lo del GPS va a quedar como la anécdota simpática de la carrera administrativa de Raddi. Lo que viene después pone en juego mucho más que un contrato mal armado; pone en discusión quién manda, quién se beneficia y hasta dónde está dispuesto a mirar para otro lado el intendente Marcos Calvente.
Y ahora, qué: la decisión que Calvente prefiere patear
La historia de los GPS llegó a un punto en el que ya no alcanza con decir “estamos revisando los padrones”. Los expedientes del 11 de diciembre prueban que la revisión se hizo tarde y a los apurones, con la urgencia de quien siente que lo están mirando.
Queda pendiente saber cuánto se pagó por GPS en vehículos que, según la propia auditoría, merecen ir a subasta y no a reparación, y qué se piensa hacer con el resto de la flota dudosa que todavía figura en esos listados. Pero, sobre todo, falta una definición política.
Pablo Raddi puede seguir firmando informes y notas internas. Lo que no puede ocultar es que el sistema que debía controlar quedó desnudo gracias a una serie de publicaciones periodísticas y a sus propias firmas desesperadas de ayer.
La pelota está en el despacho de Marcos Calvente. Puede convertir este escándalo en un ejemplo de corrección tardía, con sumarios y cambios reales, o puede repetir la vieja receta de Guaymallén: proteger al funcionario, maquillar el problema y dejar que el negocio siga rodando, aunque los vehículos no.
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