Sobre pedido de informes en el HCD. Expediente completo al pie de página. Por Néstor Bethencourt
Escandalosa demora para responder un informe del HCD.
Finalmente, después de 226 días, lo que equivale a 32 semanas o más de 7 meses, se entregó una respuesta al pedido de informes solicitado por el bloque LAUM, compuesto por los concejales Sonia Sedano (PD) y José Morales (PRO).
Dicho informe fue promovido por una investigación y denuncia llevada a cabo por este cronista y publicado oportunamente en esta nota.
Sin embargo, lo que llegó desde el Departamento Ejecutivo no puede calificarse como un informe claro ni detallado.
El director de Control de Gestión, Pablo Raddi, presentó un documento que omite respuestas esenciales, está lleno de contradicciones y refleja una preocupante falta de transparencia. Pablo Raddi es funcionario desde el 2015, cuando asumiera Marcelino Iglesias.
A continuación, se analiza el contenido de este polémico informe que, lejos de esclarecer, plantea serias dudas sobre la administración de la flota municipal y los controles ejercidos.
Un comienzo turbio: denuncias ignoradas y datos cuestionables
El informe menciona que solo se han registrado dos denuncias por uso indebido de vehículos municipales.
Esta declaración no solo subestima el problema, sino que pone en evidencia la incapacidad de gestión de Raddi, cuya responsabilidad es garantizar el buen uso de los recursos.
Un secreto a voces es la gestión que Raddi estaría realizando para obtener un empleo en la Terminal del Sol, dicho por el mismo ante terceros. Sus días estarían contados en la comuna. Lo mismo sucedería con otros directivos cuestionados.
Las denuncias realizadas por vecinos y replicadas por Ecos Mendocinos indican un escenario muy diferente, con múltiples vehículos municipales observados fuera de sus áreas de trabajo, especialmente en horarios no laborales.
El mismísimo Pablo Raddi tiene una movilidad, Volkswagen Amarok P136, (Foto de la nota), que está a disposición de los hermanos Martínez quienes trabajan en dicha oficina, y la utilizan sin descaro en forma particular los fines de semana.
Entre los puntos más controvertidos:
- Asignación de vehículos a funcionarios:
- Según Raddi, solo cuatro móviles están asignados directamente:
- Renault Alaskan (destinada oficialmente a Intendencia, pero utilizada por Melisa Villarroel, directora de Comunicación y Asuntos Institucionales).Volkswagen Amarok, también para Intendencia. Chevrolet Cruze, asignado a la Dirección de Gobierno. Renault Kangoo (dominio AD 017 DN), a cargo de Alicia Zárate, secretaria de Hacienda.
- Según Raddi, solo cuatro móviles están asignados directamente:
- Permisos de pernocte:
- El informe señala que solo cuatro vehículos tienen autorización para pernoctar fuera del municipio. Sin embargo, los registros de denuncias contradicen absolutamente esta afirmación, ya que son muchos más los móviles en esta situación.
- Errores básicos:
- El documento repite dominios en dos vehículos de un total de cuatro (P72 y P73), un descuido grave que evidencia desorden y falta de rigor. Por falta de tiempo para realizar el informe no fue. Escandalosa demora.
Contradicciones en seguros y GPS: una gestión desprolija
El informe detalla que la flota municipal está asegurada por Triunfo Seguros, pero al adjuntar documentación, lo hace con una póliza de Sancor Seguros, una inconsistencia básica que genera desconfianza.
Además, Raddi asegura que el 98% de los vehículos cuentan con GPS, pero evita explicar por qué estos dispositivos suelen estar desconectados.
El encargado de analizar el recorrido por los GPS es Javier González, un imputado en la causa Lobos, mientras Raddi intenta cobardemente responsabilizar a capataces y directores de otras áreas por el control satelital de las unidades, intentando despegar a González por su ineficiencia.
Esto es especialmente alarmante en máquinas viales, que han sido vistas realizando tareas en propiedades privadas, como en el callejón Valdivieso, donde un municipal aparentemente utiliza terrenos para fines personales.
Allí esos terrenos son vendidos a precios muy bajos, supuestamente por estar muy flojos de papeles.
Otro punto preocupante es la falta de control sobre los sistemas de combustible, gestionados mediante tarjetas magnéticas YPF Ruta.
Aunque Raddi afirma que cada chofer tiene un PIN único e intransferible, se sabe que al menos tres tarjetas son usadas indiscriminadamente para cargar hasta vehículos no oficiales.
Esto al menos ocurre en la subdirección de Parque Automotor. Mauricio Cappa, Salamino y Suarez están al tanto de ello.
La sombra de un presupuesto millonario y un control deficiente
El presupuesto destinado al mantenimiento de la flota municipal para 2024 asciende a casi un millón de dólares. Este monto, manejado por la Subdirección de Parque Automotor bajo la supervisión de Rubén Suárez, plantea serias dudas debido a múltiples irregularidades:
- Reparaciones innecesarias: Varios testimonios señalan que vehículos en buen estado son enviados a reparación de manera recurrente, lo que sugiere un posible negociado. Se incluyen demasiadas rectificaciones sobre vehículos pesados con un año de uso y poco kilometraje en al menos dos casos. También se reparan movilidades dejadas hace tiempo fuera de uso.
- Falta de auditorías reales: Aunque Raddi menciona que el mantenimiento es controlado por su dirección, los informes de auditoría automotriz en muchos casos no coinciden con las reparaciones realizadas.
- Estas irregularidades no solo comprometen los recursos, sino que exponen la falta de una supervisión efectiva.
En este contexto, se destaca la labor de Jorge Arias, encargado de auditoría automotriz, quien ha recibido reconocimiento del Ministerio del Interior de la Nación por su trabajo en transparencia. A pesar de este logro, Raddi parece boicotearlo, negándole oportunidades de estabilidad laboral y deslegitimando sus aportes en forma permanente.
Desde todos los sectores municipales alaban la tarea de Auditoría Automotriz.
Denuncias desatendidas y trámites dormidos
Dos denuncias formales sobre el uso indebido de vehículos municipales se mencionan en el informe:
- Expediente 14836/24:
- Relacionado con una vecina del barrio La Primavera que presentó pruebas fotográficas de móviles municipales fuera de lugar. Precisamente limpiando terrenos privados. parece una constante. Escandalosa demora.
- Dichas irregularidades fueron constatadas por Javier González, Encargado de auditar las movilidades por GPS, dependiente directo de Raddi. Tanto por la ubicación de los vehículos, como por la prueba en el sistema de la desconexión del GPS.
- Según Raddi, el expediente está “en investigación bajo sumario”, siendo mentira, en realidad permanece paralizado en la Dirección de Obras por Administración.
- Expediente NE-16457-2024:
- Trata sobre la sustracción de combustible de un vehículo identificado como C86.
- Este expediente, iniciado en septiembre por Raddi, también permanece sin avances significativos en la Dirección de Obras por Administración. Escandalosa demora.
Ambos casos reflejan una constante: la escandalosa demora y la falta de voluntad para investigar y sancionar irregularidades.
Un informe que indigna más que esclarece
La presentación de este informe, tras una escandalosa demora de 226 días, es una burla a los vecinos de Guaymallén y a la labor fiscalizadora del bloque LAUM.
En lugar de responder con transparencia, Pablo Raddi optó por una estrategia de confusión y evasión, amparado por un sistema administrativo que parece permitir proteger las irregularidades.
El común denominador en este escándalo es la troupe de Raddi, quienes han transformado la gestión en un entramado de excusas y negligencia. Desde errores básicos en seguros hasta la desconexión intencional de GPS y la falta de control sobre los combustibles, todo apunta a una gestión desordenada y poco confiable.
Es inadmisible que, tras más de 7 meses, la ciudadanía aún no tenga respuestas claras sobre el uso de los recursos públicos. Este informe no solo deja en evidencia la ineficiencia y corrupción de quienes deberían velar por el bienestar del municipio, sino que también subraya la necesidad de cambios profundos en la administración.
La demora para responder tantas mentiras no solo es indignante, sino también una alerta urgente. Es momento de exigir una auditoría independiente y acciones concretas para frenar este desmanejo que pone en juego el futuro de Guaymallén.
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