El expediente sumarial contra Leonardo Chaves en Guaymallén terminó en sobreseimiento. La defensa, apoyada en Ecos Mendocinos, denunció persecución sindical y política. Por Redacción
El sumario contra Leonardo Chaves en Guaymallén
El inicio del sumario contra Leonardo Chaves
El expediente administrativo contra Leonardo Chaves, agente municipal y delegado gremial de ASEMUG, comenzó con una batería de denuncias que buscaban ubicarlo como un empleado agresivo, irrespetuoso y desobediente. Sin embargo, el propio desarrollo del proceso mostró que esas acusaciones carecían de pruebas sólidas.
Denuncias reiteradas y pruebas insuficientes
Los denunciantes fueron siempre superiores jerárquicos o figuras vinculadas a la gestión municipal. Se repitieron los mismos nombres: Francisco Komizarki, Bruno Denaro y Andrés Vivares. También se sumaron Matías Domínguez González y nuevamente Komizarki en octubre.
Las acusaciones incluían desde insultos como “ladrón de sueldo” o “chanta”, hasta supuestos intentos de agresión física. Sin embargo, lo llamativo es que ninguna denuncia logró sostenerse con pruebas contundentes.
La Municipalidad de Guaymallén tipificó estas conductas como “falta grave” bajo el artículo 41º inciso d) de la Ley 5892/92 del Estatuto Escalafón Municipal. La formalidad administrativa se sostuvo, pero el fondo de las denuncias empezaba a mostrar grietas.
Una defensa que habló de persecución sindical y política
El abogado defensor, Dr. Santiago López de la Rosa, planteó desde el inicio una hipótesis distinta: no se trataba de un empleado problemático, sino de un delegado sindical perseguido por denunciar irregularidades.
El punto clave fue la publicación de Ecos Mendocinos el 1 de julio de 2024, firmada por el periodista Néstor Bethencourt, titulada: “Escándalo en Irrigación: Investigación en curso y nuevas denuncias. La impunidad no es para siempre”.
En esa nota se mencionaban a Currenti, Iglesias y Calvente, vinculándolos a negocios turbios con materiales públicos. La defensa de Chaves sostuvo que el sumario fue la respuesta institucional para disciplinar a quien había aportado los videos que originaron la publicación.
Esos videos mostraban, según Chaves, a personal de una empresa privada retirando elementos de obra dejados por organismos estatales. Una escena incómoda para el municipio, que habría motivado la reacción política.
Ecos Mendocinos en el expediente
La aparición de Ecos Mendocinos en el expediente no fue un detalle menor. La defensa explicó que Chaves había filmado los hechos y los había entregado al medio para su difusión.
Al hacerlo, expuso presuntos “negociados” del municipio de Guaymallén, involucrando tanto al intendente saliente como al entrante. La denuncia mediática fue interpretada como la chispa que encendió la maquinaria disciplinaria contra el delegado gremial.
En este punto, el expediente dejó de ser una mera acumulación de denuncias laborales. Se transformó en un caso de persecución institucional, donde las sanciones administrativas parecían estar al servicio de la política local.
Amparo sindical, hostigamiento y violencia laboral
Chaves no era un empleado cualquiera. Desde diciembre de 2023 era delegado gremial de ASEMUG y contaba con un Amparo Sindical previo favorable contra la Municipalidad.
Ese antecedente jugó un papel central. En ese proceso, uno de los denunciantes actuales, Francisco Komizarki, no se presentó a declarar, debilitando aún más la credibilidad de las acusaciones.
La defensa argumentó que todo respondía a una estrategia de hostigamiento para acallar la actividad sindical. Incluso enmarcó el caso en la Ley 9263 de Violencia Laboral de Mendoza, denunciando que se usaban mecanismos administrativos para intimidar y silenciar a un trabajador que incomodaba con sus denuncias.
Testigos que no confirmaron los hechos denunciados
Durante la etapa probatoria, la Municipalidad convocó a testigos. Sin embargo, los resultados fueron desalentadores para la acusación.
Los testigos de la defensa —Flores, Rodríguez y Acosta— negaron haber presenciado insultos o agresiones físicas de parte de Chaves. Solo admitieron haber escuchado “tonos elevados” o “cruces de palabras”, nada más.
Por su parte, los testigos propuestos por los denunciantes tampoco confirmaron los hechos. Ni Abrego, Soria, Femenia ni Brizuela pudieron sostener que Chaves hubiera insultado o amenazado a sus superiores.
El expediente también incluyó denuncias penales, pero todas estaban archivadas, sin pruebas ni continuidad judicial. Incluso las grabaciones de cámaras fueron inconcluyentes: no tenían audio y no mostraban agresiones físicas.
El sobreseimiento de Leonardo Chaves
El 22 de agosto de 2025, el dictamen final recomendó el sobreseimiento. La resolución señaló que las pruebas no superaban el estado de sospecha y aplicó el principio de in dubio pro reo.
El fundamento fue claro:
- Equilibrio en las pruebas. Había tantas acusaciones como descargos, sin elementos concluyentes.
- Estado de sospecha. Nunca se superó la instancia de sospecha inicial.
- Testigos inconducentes. Nadie corroboró insultos, amenazas o violencia física.
- Denuncias penales sin efecto. Todas archivadas.
- Principio in dubio pro reo. La duda benefició al acusado.
La resolución desarmó por completo la narrativa de un empleado agresivo. El municipio no pudo demostrar lo que sostenía.
Una derrota política disfrazada de trámite administrativo
Aunque la resolución habla solo de falta de pruebas, en los hechos fue un golpe político para la gestión municipal en el sumario contra Leonardo Chaves en Guaymallén.
El intento de sancionar a Chaves terminó en un sobreseimiento que legitima indirectamente su versión: las denuncias eran parte de una persecución sindical.
El expediente, en vez de disciplinar a un empleado, dejó al descubierto cómo se pueden usar los sumarios como herramientas de presión política. Y cómo los tribunales administrativos, cuando no encuentran sustento, dejan expuesta la maniobra.
Ecos Mendocinos y la incomodidad para el poder político
La mención de Ecos Mendocinos en un expediente administrativo de Guaymallén expuso el trasfondo político del caso. La publicación fue la piedra en el zapato de una gestión municipal que, según la defensa, buscaba callar voces críticas.
Nunca antes un medio digital independiente había tenido tanto peso en un proceso administrativo municipal.
Para la defensa, fue la prueba indirecta de que la persecución contra Chaves estaba vinculada a su decisión de hacer públicos hechos incómodos para el poder político.
El dictamen no lo reconoce expresamente, pero el desenlace muestra que las acusaciones no prosperaron porque carecían de base.
Conclusión: más que un sumario, un caso político-institucional
El sumario contra Leonardo Chaves en Guaymallén no solo terminó en un sobreseimiento. También dejó al descubierto que las herramientas administrativas pueden ser usadas como instrumentos de persecución sindical. La inclusión de Ecos Mendocinos en la defensa lo convirtió en un caso que trasciende lo laboral y toca directamente el tablero político de Guaymallén.
El sumario contra Leonardo Chaves no fue un simple expediente laboral. Fue el reflejo de cómo, en la Municipalidad de Guaymallén, los conflictos sindicales, las denuncias públicas y las disputas políticas se cruzan en los pasillos administrativos.
El sobreseimiento de Chaves no borra las denuncias, pero las deja en un terreno de sospecha sin pruebas. Y, sobre todo, instala la idea de que los mecanismos disciplinarios pueden ser usados como instrumentos de persecución institucional.
Al final, el expediente no condenó a un trabajador agresivo, sino que expuso a una administración más interesada en acallar voces críticas que en garantizar un clima laboral sano.
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