En pleno Destino Verano, con chicos como principales usuarios, Guaymallén adjudicó $64,9 millones para mantenimiento de piletas, pero Bromatología midió cloro libre 0,0 ppm y ordenó cese de actividades. A la fecha, no se ve una sanción clara y el costo vuelve a caer en el vecino. Por Redacción
Mientras la Municipalidad de Guaymallén promocionaba Destino Verano como un éxito con más de dos mil niños y 340 adultos, con actividades acuáticas en sedes municipales, el expediente del mantenimiento de piletas cuenta una película distinta.
Guaymallén. Según auditoría realizada por Control de gestión, en los documentos aparece lo que no debería ocurrir jamás en piletas de uso público: el Área de Bromatología dejó asentado que, en dos inspecciones, en plena actividad de Escuela de Verano y con bañistas presentes, el cloro libre midió 0,0 ppm, con “valores incompatibles con cualquier criterio de seguridad sanitaria”.
La consecuencia fue inmediata y textual: “CESE DE ACTIVIDADES… de manera inmediata” hasta normalizar parámetros.
No estamos hablando de un público ocasional. El propio informe técnico explica que la carga orgánica aumenta “especialmente por tratarse de población infantil”. Traducido: chicos en el agua y desinfectante en cero.
La contratación: había oferta más barata admisible, pero se eligió ARQBRICK “por calidad”
El objeto del expediente EXP-27557-2025 fue el “servicio de intervención integral para mantenimiento de agua de piscinas y sistema de filtrado” destinado a los polideportivos. La adjudicación fue para ARQBRICK S.A.S. por $64.899.600, y así quedó plasmado en el decreto, bajo la fórmula preferida del municipio: “mejor relación precio-calidad” y “capacidad técnica acreditada”.
La pregunta que no admite evasivas aparece cuando mirás el comparativo: dentro de las ofertas admisibles, hubo un oferente con $58.792.800. Sin embargo, se adjudicó por un monto mayor. Si el Municipio pagó más porque decía comprar “calidad”, el estándar de control debía ser superior, y el resultado no debería terminar en cloro 0,0 y cierre sanitario.
No era solo el agua: la auditoría marcó tableros eléctricos, fugas, cartelería y baldosas rotas
La auditoría interna previa ya mostraba que el problema no era únicamente químico. En el Informe de Auditoría del servicio (establecimiento auditado: Nicolino Locche, Quino y Poliguay; empresa: ARQBRICK; fecha de auditoría: 26/12/2025; informe: 30/12/2025), se enumeran observaciones que, por sí solas, son un bochorno institucional.
Allí se dejó escrito que las bombas requerían mejoras en Higiene y Seguridad, con detalles de mantenimiento en tableros eléctricos, y que el detalle técnico debía informarlo personal calificado de Obras Municipales. También se marcó falta de fortalecimiento de cartelería y rotulación de productos químicos, además de problemas de orden, limpieza y fugas de agua.
En cuanto a lo visible y cotidiano, la auditoría indicó que las tres piletas no contaban con demarcación de profundidades porque la pintura estaba gastada. Se consignó una baldosa dañada en Quino, “señalizada con una silla” como método de prevención. Y en Nicolino Locche, baldosas con grietas “de gran tamaño”.
El almacenamiento de cloro también quedó cuestionado: el contenedor “bins” no tenía la delimitación ni cartelería correctas. Y se agregó un punto decisivo: el jefe de logística comunicó que nunca se presentó ningún informe técnico por parte de los profesionales de la empresa sobre esas condiciones.
Esto no es “una falla puntual”. Es un combo: infraestructura, seguridad, señalización, control de fugas y documentación técnica inexistente.
Cuando falta el informe eléctrico, el expediente se delata solo
Hay un detalle administrativo que, bien leído, es dinamita: el 5 de enero de 2026 se cursó una nota al Subdirector de Electromecánica solicitando que acompañe el informe sobre el estado de las instalaciones eléctricas de los equipos de filtrado “tal cual se le solicitó oportunamente”.
O sea, en piletas con chicos, con tableros observados, y con auditoría marcando higiene y seguridad, todavía estaban pidiendo el informe eléctrico. No es un detalle burocrático: es la diferencia entre gestión preventiva y reacción tardía.
Pablo Álvarez: conducción, contratación y control, sin posibilidad de correrse
En el circuito interno, el área responsable del programa no es un espectador. El documento dirigido a “Dirección de Educación y Deportes – Sr. Pablo Alvarez”, fechado el 14 de enero de 2026, informa que del documento de Control de Gestión surgieron “observaciones relevantes”. Entre ellas, deficiencias en Higiene y Seguridad en bombas y tableros eléctricos, problemas de cartelería, rotulación de químicos, orden, limpieza y fugas, falta de demarcación de profundidades, baldosas dañadas y señalización insuficiente del área de almacenamiento de cloro. Y remata con lo que deja sin coartada al esquema: “ausencia de informes técnicos preventivos por parte de la empresa contratada”.
Si el director del área recibió esto por nota formal, y el agua igual llegó a 0,0 ppm con cese, entonces hay una responsabilidad institucional que no se puede licuar en “la empresa falló”. Se habla de una posible intervención de la Dirección que encabeza Pablo Alvarez Donati, no confirmada por este medio. El segundo apellido no es casual, Alvarez Donati es hijo de Silvia Donati Directora de Desarrollo Social, electa Concejal.
Control de Gestión y el final que no aparece: sanciones, silencio y plata en curso
Bromatología no solo marcó el problema: explicó los rangos mínimos recomendados para piscinas públicas intensivas, con mínimo 1,0 ppm y óptimo 2,0–4,0 ppm. Y dejó asentado que un 0,0 implica ausencia total de protección sanitaria, con riesgos de gastroenteritis, dermatitis e infecciones.
Ahora viene lo más incómodo: al 27 de enero de 2026, en lo que tenemos a la vista, no aparece una sanción clara, visible y ejemplar. Lo que sí aparece es el movimiento presupuestario: el expediente muestra un devengado de $11.465.596 y la imputación del saldo restante $53.434.004 al ejercicio 2026 para “Actividades recreativas de Verano – Colonias”.
En síntesis: hay licitación, hay adjudicación, hay auditorías con observaciones graves, hay cierre sanitario por cloro cero, y hay dinero caminando. Lo que no se vislumbra es quién paga el costo político, administrativo o contractual.
Destino Verano se comunica como logro. Pero el expediente muestra otra cosa: una contratación discutible por el diferencial de precio, un control tardío, instalaciones con observaciones de seguridad y una alarma sanitaria contundente. Al final, parece que la única que hace agua, de manera constante y sin sanción, es la gestión.
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