Guaymallén: Calvente, “sin miedo al éxito”, exige ubicación por GPS para ver el bono de sueldo

Por Néstor Bethencourt

¿Modernización o control social? Mientras el sistema de $1.800 millones es un fracaso que obliga a llevar la recaudación “a mano”, el Intendente exige geolocalización para liberar los recibos de haberes. El descontrol de los vehículos oficiales y la interna que desangra al gabinete.

Lo que ocurre en Guaymallén ya no es una crisis técnica; es una descomposición institucional sin precedentes. Tras una semana de “apagón informativo” donde el sistema informático Gen Nómade demostró ser una cáscara vacía de 1.798 millones de pesos, la gestión de Marcos Calvente ha cruzado un límite ético y legal: obligar a los miles de empleados municipales a activar la ubicación satelital (GPS) en sus dispositivos privados como condición para visualizar su bono de sueldo.

La prueba del “Gran Hermano” municipal

La imagen que acompaña esta nota (ver captura vertical) es elocuente y no deja margen de duda. El sistema de consulta de haberes bloquea el acceso con una advertencia satelital: “No ha concedido permisos para obtener la ubicación”. Sin el “OK” al rastreo por GPS del celular personal, el trabajador no puede visualizar cuánto cobró.

Esta exigencia es una aberración administrativa y un avance ilegal sobre la privacidad. Un recibo de sueldo es un documento que el empleador debe garantizar de forma libre y transparente. Condicionarlo a la entrega voluntaria de datos de geolocalización es un método de vigilancia perverso disfrazado de tecnología que ha puesto en pie de guerra al sindicato ASEMUG.

La hipocresía del rastreo: Empleados vigilados, flota descontrolada

La perversión del sistema es total. Mientras el intendente Calvente pretende saber exactamente dónde está parado cada administrativo o recolector cuando consulta sus haberes, el municipio es incapaz de controlar sus propios activos.

Desde hace mucho tiempo es un secreto a voces en los pasillos de la comuna: la flota de vehículos oficiales de Guaymallén es hoy un parque automotor casi fantasma. Decenas de unidades circulan sin el ploteo obligatorio, siendo utilizadas de forma particular por funcionarios y allegados para fines que nada tienen que ver con el servicio público, (Ejemplo: Renault Clío LHY 411 vinculado a secretaria de funcionario). Calvente no sabe —o no quiere saber— por dónde andan las camionetas que pagamos todos, pero le exige el rastro digital de la vida privada a sus trabajadores.

El desbande de los “propios”: El factor Ignacio Conte

Este escenario de autoritarismo digital y caos administrativo ha empezado a quebrar la lealtad interna. El Secretario de Gobierno, Ignacio Conte, sindicado como el brazo ejecutor de estas medidas, enfrenta hoy una rebelión silenciosa. Cada vez son más los funcionarios y empleados de carrera que se “despegan” de una conducción que consideran errática, soberbia y peligrosa.

Nadie quiere quedar pegado al expediente NEE-5992-2026, donde Tesorería confiesa que debe realizar débitos manuales por más de 16 millones de pesos ante la falta de sistema. En política, cuando el “manualismo” reemplaza a la auditoría digital en una cuenta de importante empresa, el olor a irregularidad se vuelve insoportable.

Un municipio a ciegas y bajo sospecha

La parálisis ha generado un efecto dominó que ya no pueden ocultar con operaciones de prensa:

• Vecinos rehenes: El cartel de “mantenimiento” en la web de Rentas es el certificado de defunción de la eficiencia prometida. El vecino debe volver a la fila presencial por un papel.
• Gremio en alerta: ASEMUG ha puesto el grito en el cielo. (Ver durísimo comunicado) No solo por la falta de transparencia en las liquidaciones, sino por la intrusión de una app que husmea en la intimidad del trabajador.
• Riesgo institucional: La falta de un sistema integrado borra la trazabilidad del dinero público. Guaymallén hoy es una “caja negra” donde la recaudación se asienta en planillas de excepción.

El silencio que aturde

Marcos Calvente sigue apostando al silencio, pero su táctica de “fingir demencia” ya no alcanza para frenar el escándalo. Mientras el Intendente se oculta, los gremios se movilizan y los cuadros técnicos propios se retiran para no ser cómplices, Guaymallén queda expuesta como lo que es hoy: un municipio que gasta fortunas en tecnología para terminar operando con la opacidad de una libreta de almacenero y el rigor de un Estado policial.

El futuro que vendieron Calvente y Conte resultó ser una trampa millonaria. Una gestión que no puede hacer funcionar un servidor para cobrar tasas, pero que quiere vigilar cada paso de quienes todavía sostienen, a pesar de todo, el funcionamiento de la comuna.

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