Tras revelar el descalabro del contrato de GPS, la reacción del municipio fue el silencio, la soberbia y un intento burdo de negar a la fuente. Depurar los padrones y explicar los camiones desaparecidos, para después. O nunca. Por Néstor Bethencourt
Cuando publicamos en Ecos Mendocinos la primera nota (ver aquí) sobre Pablo Raddi y el contrato de GPS satelital, quedó claro que el sistema de control de flota de Guaymallén era un chiste caro. Ahora, con el listado completo de vehículos en la mano, el chiste se vuelve siniestro: vehículos dados de baja que siguen figurando para monitoreo, camiones que habrían “desaparecido” y hasta unidades de terceros que ya no trabajan con la comuna.
Frente a ese papelón, cualquiera pensaría que el municipio correría a corregir errores, depurar padrones y aclarar qué pasó. Pero no. Es más fácil intentar invisibilizar al periodista que asumir que adentro sobran inútiles con firma y sueldo.
Más fácil borrar al mensajero que depurar el padrón
Después de la nota anterior, el comportamiento del municipio fue casi de manual: silencio oficial, cero desmentida técnica, ninguna rectificación del listado y, en cambio, un giro cómodo. Si el que muestra el expediente molesta, el problema no es el expediente: es quien lo difunde.
En vez de responder preguntas simples –¿por qué hay móviles dados de baja incluidos en el contrato?, ¿quién autorizó incluir vehículos que ya no existen?, ¿quién controla que lo facturado por GPS coincida con flota realmente operativa?–, la estrategia fue otra: negarte como fuente legítima de información, como si eso borrara las fojas del expediente.
No corrigen los errores del sistema, pero ensayan una suerte de “cancelación institucional” del periodista.
Es casi poético: la Dirección que debería controlar gestión parece más preocupada por controlar quién pregunta, no lo que se firma.
Un padrón de fantasmas: camiones desaparecidos y terceros colados
El corazón del problema está en el listado de vehículos que supuestamente deben ser monitoreados por GPS.
Lo que aparece ahí, según surge del propio expediente, no es un simple descuido administrativo:
- Aparecen vehículos dados de baja que ya no deberían formar parte de ninguna flota municipal activa.
- Se mencionan, según testimonios internos, al menos cuatro camiones que habrían “desaparecido” y sido desguazados, sin que el municipio explique dónde están, cómo se dieron de baja ni qué pasó con esos bienes públicos.
- Figuran vehículos de terceros que ya no prestan servicios para la comuna, como si siguieran integrando la estructura operativa.
Todo eso convive en el mismo padrón que se utiliza para pagar un servicio de GPS satelital.
La pregunta, obvia pero incómoda, es esta: ¿cuánto dinero se está pagando por monitorear móviles que ya no existen, que no trabajan para el municipio o que nadie puede ubicar?
El municipio podría despejar las dudas con un solo movimiento: publicar el padrón depurado, indicar fecha de baja de cada vehículo, mostrar las actas y el circuito de control.
No lo hace. Prefiere actuar como si el problema fuera la nota periodística, no la lista de “vehículos fantasmas” colados en un contrato millonario.
El escudo Raddi: una década de saber demasiado
En el centro de este laberinto aparece siempre el mismo nombre: Pablo Raddi.
Diez años de permanencia en un área clave no se explican solamente por su desempeño. Diversos testimonios coinciden en una idea incómoda: Raddi sigue donde está porque conoce demasiados “muertos en el placard” de la gestión.
No hace falta creer que sea un genio técnico; alcanza con asumir que es un espectador privilegiado de la trastienda municipal. Si durante años pasaron contrataciones absurdas, licitaciones flojas de papeles, siniestros sin cobrar y sistemas que no controlan nada, alguien tuvo que ver todo eso desde adentro.
Y, sin embargo, ahí sigue.
La foto es brutal:
- Un área que debería garantizar datos claros y controles serios.
- Un contrato de GPS armado sobre un padrón contaminado de errores, omisiones y autos o camiones “fantasmas”.
- Un funcionario que se escuda en su cargo y en el silencio oficial, mientras el municipio opta por atacar al mensajero en lugar de revisar lo que firma.
Si Raddi no supiera nada, su continuidad sería un misterio. Si sabe demasiado, su continuidad se vuelve un mensaje: quien acumula secretos ajenos, sobrevive.
El control de gestión que no controla nada
Detrás de los camiones desaparecidos y del GPS para flotas inexistentes, hay una pregunta institucional pesada: ¿para qué sirve la estructura de control de gestión si no detecta algo tan burdo como pagar por monitorear vehículos de baja?
Porque esto ya no es una discusión técnica sobre un sistema satelital. Es una radiografía del modelo de administración:
- Se firman contratos sin depurar la información base.
- No se cruzan datos entre áreas.
- Los siniestros quedan sin cobrar o mal gestionados.
- La única reacción frente a la crítica es el silencio altanero.
Si el control de gestión no controla la flota, los padrones, los siniestros ni los contratos, entonces está controlando otra cosa. Probablemente, los daños políticos.
En lugar de preguntar cómo es posible que un padrón de GPS incluya camiones supuestamente desguazados, se instala el relato de que todo está en orden y que el problema “es la prensa”. Una ecuación que cierra perfecto… para quienes cobran un sueldo todos los meses por sostener ese relato.
No es un error aislado: es un método
Lo que muestra este expediente –y su continuidad– no es un error administrativo suelto. Es un método de gestión donde la información se maneja al límite de lo tolerable, los controles se dulcifican y la responsabilidad se diluye entre firmas.
Si un municipio puede:
- Pagar GPS para móviles que ya no existen.
- No explicar el paradero de camiones que habrían sido desguazados.
- Mantener en la flota a terceros que ya no prestan servicios.
- Y al mismo tiempo hacerse el ofendido con el periodista que exhibe el expediente…
Entonces no estamos ante una simple desprolijidad. Estamos frente a un sistema que aprendió que sale más barato blindarse políticamente que corregir sus errores.
La cuenta, por supuesto, no la pagan los funcionarios que miran para otro lado. La paga cada vecino que financia, con sus impuestos, GPS para fantasmas y un aparato burocrático que parece diseñado para no ver lo evidente.
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