Una licitación de $648 millones por la digitalización de archivos municipales exhibe fallas jurídicas, barreras técnicas y un sospechoso nivel de exclusividad. Por Néstor Bethencourt
Licitación millonaria bajo lupa
La Municipalidad de Guaymallén lanzó la Licitación Pública (EXP-22890-2025) para digitalizar su archivo histórico, con la promesa de modernizar los procesos internos. El objetivo suena moderno: pasar al formato digital 3.600.000 copias de documentos municipales. Hasta ahí, todo bien. Hasta que uno empieza a leer el pliego.
El número final asusta: $648.000.000,00 de presupuesto oficial. El costo unitario, $180 por copia, es suficiente para que más de un proveedor privado considere que la digitalización municipal es, en efecto, un negocio de oro. Pero lo que debería ser una licitación transparente y abierta, parece diseñada para un único ganador.
🧱 Barreras tecnológicas y geográficas: una licitación para pocos (o para uno)
El pliego no escatima en exigencias, aunque varias parecen más candados que requisitos técnicos. Los oferentes deben contar con escáneres de última generación, sin movimientos mecánicos, capaces de procesar documentos antiguos sin dañarlos. También se requiere equipamiento especial para libros encuadernados, lo cual —de por sí— ya elimina a buena parte del mercado.
Hasta aquí, se podría justificar la exigencia técnica. Pero el problema empieza cuando el municipio pide algo más: soporte específico para Microsoft .NET Framework 4.5 y MongoDB.
Es decir, no solo hay que saber escanear, sino también programar en tecnologías que —casualmente— son las mismas que usa el sistema informático municipal. Una restricción que, en la práctica, acota la competencia a una o dos empresas locales con ese know-how.
Por si quedaban dudas de quién puede presentarse, el pliego cierra el círculo con otra condición: el oferente debe tener domicilio dentro del Gran Mendoza. La justificación oficial: facilitar la logística para el retiro de documentos. La lectura real: ninguna empresa de afuera podrá competir. En una licitación de $648 millones, ese detalle no es casualidad.
🧩 Errores jurídicos, dudas internas y la cláusula del papelón
El expediente no solo restringe; también confunde. En el apartado donde se describe el plan de trabajo, el pliego dejó impreso un comentario interno que jamás debió publicarse:
“(no lo pondríamos. No creemos que se le pueda exigir más de lo acordado.)”
Esa frase —colada en un documento oficial— desnuda la falta de control jurídico interno y deja ver que el propio municipio dudaba sobre qué exigirle al futuro contratista. En cualquier administración seria, un error así sería causal de anulación. En Guaymallén, parece apenas una nota al pie.
El plazo de ejecución tampoco es claro. Se fija un máximo de 12 meses, pero podría extenderse a 15 meses “si existe partida disponible”. Traducción: si hay plata, se alarga; si no, se improvisa. Un cronograma más parecido a un “veremos” que a un plan.
Además, el pliego diferencia entre requisitos excluyentes que deben presentarse en la apertura y otros que pueden subsanarse dos días después. Un detalle técnico, sí. Pero suficiente para que un oferente quede afuera o adentro según la voluntad política del momento.
📉 Control de precios y una confidencialidad digna de espionaje industrial
El sistema de pagos no se queda atrás. El precio unitario se ajustará semestralmente con un solo índice: el IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor) del INDEC. Ese índice, pensado para bienes tangibles, resulta totalmente inadecuado para un servicio tecnológico que depende más de software, mantenimiento y soporte especializado que de insumos físicos. Pero, al parecer, en Guaymallén la digitalización también se mide por tonelada.
A eso se suma un férreo esquema de confidencialidad. Los oferentes deben firmar una Declaración Jurada de Confidencialidad, comprometiéndose a no divulgar ningún dato digitalizado. Se citan las leyes nacionales N° 24.766 y 25.326 sobre protección de datos personales, lo cual suena impecable. El problema es que el adjudicatario será el responsable directo del manejo de toda la documentación municipal, incluyendo información de la Dirección de Recursos Humanos. En otras palabras, una sola empresa tendrá acceso a legajos, expedientes y documentación interna del municipio, bajo una cláusula de “no hablar” que, paradójicamente, habla demasiado de la opacidad del proceso.
🚪 Visitas obligatorias, letras erradas y la sombra de la discrecionalidad
Como broche final, los oferentes deberán visitar personalmente el archivo físico ubicado en el subsuelo municipal. La visita —obligatoria— se fijó entre el 13 y el 17 de octubre de 2025, y cada empresa deberá presentar un “Certificado de Visita” (Anexo I). Una exigencia razonable… si no fuera porque el resto de la licitación parece diseñada para dejar fuera a cualquier competidor que no haya sido avisado con tiempo.
Y si todo esto fuera poco, el documento contiene un error gramatical que ya se volvió emblemático: en la descripción general, donde debía decir “TRES MILLONES SEISCIENTAS MIL copias”, el texto quedó impreso como “TRES MILLONES SEISCIENTOS”. Un detalle ínfimo, dirán algunos, pero que en un proceso de $648 millones demuestra un nivel de revisión administrativa alarmante.
🧮 Conclusión: digitalizar cuesta, pero los errores son analógicos
La Licitación Pública EXP-22890-2025 no solo busca digitalizar millones de copias; también expone un modelo de gestión donde los errores, las barreras y las restricciones geográficas se mezclan con contratos millonarios y tecnología selectiva.
Un comentario interno mal borrado, un índice mal elegido y una dirección escrita a medias bastan para desnudar la fragilidad del expediente. Lo que debía ser un paso hacia la transparencia digital termina pareciendo una versión moderna del viejo papel mojado, pero en formato PDF y con un precio digno de Silicon Valley.
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que desastre estos hijos de puta como pueden robar así
digitalización o desaparición de expedientes .
perdón lobos , calvente es más chorro que vos ..