El concejal de Guaymallén se aferra a su banca tras haber sido detenido en estado de ebriedad. En sesión pública, atacó a la oposición y desvió responsabilidades. Su situación se agrava, pero él sigue actuando como si nada pasara. Por Néstor Bethencourt
Burgoa no se va
La sesión donde todo volvió a explotar
Este jueves por la mañana, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Guaymallén volvió a ser escenario de una nueva entrega del escándalo político protagonizado por Miqueas Burgoa, el concejal detenido semanas atrás en estado de ebriedad en General Alvear.
Aunque en principio nadie quería abordar el tema, fue el propio Burgoa quien abrió el juego con una intervención cargada de acusaciones, dirigidas especialmente al concejal opositor José Pozzoli, a quien tildó de “oportunista político”.
Lo que debía ser una defensa, terminó como una alocución caótica, en la que Burgoa confundió conceptos legales, mezcló ataques personales y evitó cualquier autocrítica.
Acusaciones cruzadas y una defensa sin rumbo
Durante varios minutos, Burgoa insistió en que todo es parte de una jugada política y apuntó contra Pozzoli como el principal beneficiado del escándalo.
En su discurso, confundió conceptos básicos del derecho, al no distinguir entre una sentencia contravencional —relacionada con infracciones menores como el estado de ebriedad en la vía pública— y una eventual causa penal, que puede surgir si hay resistencia a la autoridad o peligro para terceros.
Terminada su intervención, Pozzoli le respondió con precisión quirúrgica:
“Si alguien está haciendo oportunismo político, estaría hablando del gobernador Alfredo Cornejo, sus funcionarios y del intendente Marcos Calvente, que públicamente pidieron su renuncia”. “El problema lo tiene dentro de su mismo espacio político”
El comentario fue un tiro directo al corazón del oficialismo. Porque la presión más fuerte sobre Burgoa no viene de la oposición, sino de sus propios aliados políticos.
La ironía que resume el caso: “La banca es mía, mía, mía”
Aunque el concejal nunca lo dijo de forma literal, su actitud en estas semanas parece sintetizarse en una frase que ya circula con tono de burla en los pasillos del Concejo y de la propia municipalidad:
“La banca es mía, mía, mía”
No es una cita textual, pero sí una radiografía de su postura: Burgoa actúa como si la banca le perteneciera de forma personal, ignorando el reclamo político, institucional y social que exige su renuncia inmediata.
Mientras tanto, el escándalo crece y él no parece registrar la gravedad de los hechos.
El hecho que desató el escándalo
Todo comenzó semanas atrás, cuando Burgoa fue interceptado por la policía en General Alvear durante un operativo de tránsito nocturno. Según los reportes, estaba alcoholizado al momento del control, lo que motivó su detención contravencional.
Desde entonces, se dispararon los pedidos de renuncia. Funcionarios provinciales, concejales locales y hasta el propio intendente Marcos Calvente reclamaron públicamente que Burgoa se haga a un lado.
Pero lejos de acatar ese mensaje, se atrincheró en su cargo, multiplicando apariciones públicas sin asumir su responsabilidad.
La incomodidad del oficialismo
En el oficialismo de Guaymallén (el cual está dividido en dos, los Iglesistas vs. los Calventistas) hay un clima de malestar evidente. Muchos prefieren no referirse al tema, pero los gestos son elocuentes: silencio, evasivas y distanciamiento.
Aunque el intendente Calvente fue claro al pedir la renuncia, hasta ahora no se han activado mecanismos internos para forzar la salida de Burgoa. Aunque los concejales de la oposición José Pozzoli (Unión por la Patria) y Pedro Bastías (Mejor Mendoza) impulsaron una resolución que solicita:
- El envío del acta policial al Ministerio Público Fiscal de Mendoza.
- La evaluación de posibles delitos de acción pública.
- Una notificación a la Presidente del Concejo en un plazo de 48 horas sobre el cumplimiento del envío y su eventual respuesta.
Los concejales Pozzoli y Bastías dejaron en claro que ningún cargo electivo otorga impunidad, y que utilizar la investidura política para evadir la ley atenta contra los principios republicanos.
Ese doble mensaje —repudio público y pasividad institucional— refuerza el aislamiento del concejal pero también expone la falta de decisión del bloque oficialista ue en parte busca protegerlo.
La imagen del Concejo, en caída libre
La permanencia de Burgoa erosiona la credibilidad del Concejo Deliberante. Cada intervención suya, lejos de aclarar la situación, aumenta el desprestigio institucional.
La ciudadanía observa cómo un funcionario detenido por una falta grave sigue cobrando su sueldo, asistiendo a sesiones y atacando a sus colegas sin asumir su responsabilidad.
En las redes sociales, el caso ya es un símbolo de la impunidad política local, y en los medios provinciales se multiplica el rechazo.
¿Final inevitable?
Por ahora, Burgoa resiste. Pero su situación es insostenible. No hay espacio político, ni legitimidad social, ni respaldo institucional que justifique su continuidad.
La presión se acumula. Y aunque todavía no se ha formalizado una salida, el camino hacia su renuncia parece cada día más inevitable.
Frases que marcaron el escándalo
- “Oportunismo político” – Burgoa, señalando a Pozzoli en la sesión.
- “El problema no es la oposición, sino el mensaje que viene desde arriba” – Concejal oficialista en reserva.
- “La banca es mía, mía, mía” – Frase irónica que circula en los pasillos como resumen del caso.
- “Hay que mirar al gobernador y al intendente si hablamos de oportunismo” – Pozzoli, en una dura réplica.
Cuando el cargo pesa más que la ética
El caso de Miqueas Burgoa no es simplemente un incidente de tránsito. Es un síntoma de cómo parte de la dirigencia política se aferra a los cargos como propiedad privada, incluso cuando el costo institucional es alto.
La falta de autocrítica, el mal manejo del discurso público y la negación de responsabilidades convierten este episodio en algo más grave: una crisis de representación democrática.
Guaymallén merece algo mejor que este bochorno.
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