Incluyó amenazas contra este medio. Por Néstor Bethencourt.
Investigación: Un reciente incidente dentro de la Legislatura de Mendoza ha destapado una serie de tensiones y conflictos entre empleados del recinto y representantes gremiales. Todo comenzó con una denuncia realizada por una empleada legislativa, quien reportó haber sido víctima de un acto de acoso cuando un compañero de trabajo fue sorprendido filmando su trasero.
Este hecho generó un fuerte repudio dentro del ámbito laboral y llevó a la intervención inmediata de las autoridades de la Cámara de Senadores y de la Asociación del Personal de Empleados de la Legislatura (APEL).
1. El Hecho y la Denuncia
El incidente, ocurrido el 2 de octubre durante una sesión de la Cámara de Diputados, involucró a un empleado legislativo que fue descubierto tomando imágenes inapropiadas de una compañera de trabajo sin su consentimiento. La afectada, respaldada por colegas y autoridades, presentó una denuncia penal. Esto marca un importante precedente en la lucha contra el acoso laboral en el ámbito legislativo.
La denuncia fue recibida con celeridad. Las autoridades de ambas Cámaras expresaron públicamente su solidaridad y compromiso de tomar medidas para evitar que este tipo de conductas se repitan. Esta reacción inmediata busca garantizar un entorno laboral seguro para todos los empleados del Poder Legislativo.
2. Intimidaciones y Amenazas
Tras la difusión de la noticia por parte de Ecos Mendocinos, medio que cubrió el hecho en profundidad, la situación escaló cuando la redacción recibió un llamado intimidatorio de una persona que se presentó como funcionaria de la Cámara de Senadores. En un tono amenazante y prepotente, la interlocutora (está identificada) intentó amedrentar al medio. Exigió que la nota fuera modificada y sugiriendo acciones legales si no se cambiaba el enfoque de la cobertura. Durante la conversación, la persona reveló su afiliación a APEL, lo cual confirmó que no se trataba de una funcionaria relevante dentro de la estructura legislativa.
La actitud intimidante y la intención de minimizar el hecho delictivo muestran un preocupante patrón de comportamiento. En el se busca estigmatizar a la víctima en lugar de apoyar las denuncias de abuso. Esto resalta las dificultades que enfrentan muchas personas cuando deciden exponer situaciones de acoso laboral. En este caso particular, evidencia conflictos internos dentro del propio gremio de empleados legislativos.
3. Respuesta de APEL y Comunicado Oficial
Ante el escándalo generado por este hecho y las amenazas proferidas contra el medio periodístico, la Secretaria General de APEL, María Irma Edelmira Navarro, emitió un comunicado oficial. En su declaración, Navarro ratificó los hechos denunciados y confirmó que intervino personalmente en el conflicto ocurrido entre el Secretario Adjunto del sindicato y la denunciante. Además, subrayó que la Asociación no se encuentra intervenida. Pidió a los afiliados alinearse con las acciones de la Secretaría para resolver los conflictos de manera institucional.
Navarro también reafirmó que el sindicato acompañará las medidas necesarias para resolver la situación. Destacó la importancia de que este tipo de situaciones no se repitan. El comunicado fue visto como un intento de calmar las aguas y desmarcarse de cualquier participación o apoyo a las amenazas realizadas hacia la prensa.
4. El Rol de APEL y las Internas Sindicales
La mención de APEL en este contexto no es casual. El gremio, que representa a los trabajadores del Poder Legislativo, atraviesa un período de fuertes divisiones internas que han complicado la resolución de conflictos laborales y han creado un ambiente de inestabilidad. La situación se vio exacerbada con el incidente reciente, que puso en evidencia las fracturas existentes dentro de la Asociación y la falta de cohesión en la respuesta ante situaciones de acoso o maltrato laboral.
Navarro, en su rol de Secretaria General, intenta mantener una posición de autoridad y liderazgo, pero las divisiones internas y las diferencias en cuanto a la defensa de los trabajadores han dificultado su tarea. La actitud de ciertos miembros del sindicato, que buscan deslegitimar las denuncias de abuso, ha generado un clima de desconfianza y temor entre los empleados.
5. Reacciones de las Autoridades Legislativas
En respuesta a los hechos, las autoridades de ambas Cámaras de la Legislatura de Mendoza tomaron una postura firme de apoyo a la empleada denunciante. Según fuentes internas, se comprometieron a implementar protocolos más estrictos para prevenir y sancionar este tipo de conductas.
El objetivo es crear un entorno donde todos los empleados se sientan seguros y respaldados, independientemente de su jerarquía o antigüedad dentro del ámbito legislativo.
6. Conclusión y Perspectivas Futuras
El caso de acoso denunciado y la reacción inmediata de las autoridades y del gremio APEL representan un punto de inflexión en la lucha contra el acoso laboral en la Legislatura de Mendoza. La condena de este tipo de actos y la apertura de un proceso penal sientan un precedente importante para futuras denuncias. Sin embargo, las amenazas e intentos de silenciar a la prensa y de estigmatizar a la víctima muestran que aún queda un largo camino por recorrer. Es imperioso erradicar las prácticas de acoso y proteger a quienes se animan a denunciar.
El avance de la causa judicial y las acciones de los diferentes actores involucrados serán claves para determinar si este incidente contribuirá a un cambio real dentro de la institución o si, por el contrario, terminará diluyéndose entre los conflictos internos del gremio y las presiones externas.
La situación merece un seguimiento atento, ya que refleja la complejidad de combatir el acoso laboral en estructuras institucionales rígidas y la necesidad de un cambio cultural profundo que promueva la igualdad y el respeto en todos los ámbitos laborales.
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