La impunidad no es para siempre, lo veníamos anticipando desde hace mucho. Currenti, Iglesias y Calvente estarían complicados. Por Néstor Bethencourt
Contexto
Tal como veníamos informando desde hace tiempo, El Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza enfrenta un escándalo significativo que involucra a Alejandro Currenti, inspector de cauce suspendido por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos. La situación ha llevado a la intervención del fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli, y ha salpicado a la administración municipal de Guaymallén. Implica al actual intendente, Marcos Calvente, y al ex intendente Marcelino Iglesias.
Investigación en Curso
La causa contra Alejandro Currenti está bajo la jurisdicción del fiscal Juan Ticheli, quien comenzó a investigar tras recibir el expediente de DGI. Las irregularidades detectadas incluyen un faltante de $1.368.232,74 en la rendición de cuentas de la inspección de Corralitos durante 2021. Aunque por ahora la investigación se centra en este faltante, las autoridades del DGI han confirmado que al menos dos de las obras financiadas nunca se realizaron y otra quedó al 75%, con una pérdida adicional de más de $30 millones en los ejercicios 2022 y 2023.
Gestión y Encubrimiento
Sergio Marinelli, superintendente del DGI, ha intentado en dos ocasiones mitigar el escándalo en Irrigación.
Primero, trató de aprobar el balance de Currenti, pero el Tribunal de Cuentas devolvió el expediente.
Luego, intentó cerrar el caso dentro del Honorable Tribunal Administrativo, argumentando problemas de inflación que afectaron los costos. Sin embargo, la oposición de dos consejeros obligó a Marinelli a suspender a Currenti por sesenta días y derivar el caso a la Justicia.
Nuevas Denuncias
El concejal de Unión por la Patria en Guaymallén, José Pozzoli, presentará una denuncia penal por administración fraudulenta de fondos públicos, centrada en la gestión municipal durante los años 2022 y 2023.
Esta denuncia buscará investigar el papel del municipio en los acuerdos que permitieron a Currenti manejar fondos y materiales para la construcción de canales de riego. Acuerdos que fueron firmados por Marcelino Iglesias y ratificados administrativamente por Marcos Calvente.
Ecos Mendocinos tuvo acceso a documentación sensible que indicaría que el inspector Currenti también cobraría a los regantes y frentistas por propia cuenta. El escándalo en irrigación aumenta.
Implicaciones Políticas y Operativas
Marcos Calvente ha intentado desligar responsabilidades, alegando que todos los convenios fueron firmados por Iglesias. Sin embargo, Calvente, como secretario de Obras, también firmó los decretos que ratificaron esos convenios. Ello facilitó la provisión rápida de materiales por parte de la municipalidad, en contraste con la demora habitual en otros trámites de obras privadas.
La municipalidad suministraba grandes cantidades de materiales, incluyendo hormigón, cemento, y combustibles, a Currenti.
Sin embargo, hay sospechas de que una parte significativa de estos recursos podría haber sido desviada o mal utilizada. Las auditorías municipales realizadas fueron insuficientes para garantizar la correcta ejecución de las obras.
Conclusiones y Expectativas
La investigación de Ticheli deberá esperar a la finalización de los balances para determinar si hubo delito en la falta de obras entregadas durante 2022 y 2023.
La actuación de la Fiscalía será crucial para esclarecer el uso de los fondos públicos y la responsabilidad de los funcionarios implicados.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de mayor transparencia y control en la administración de recursos públicos y destaca las dificultades que enfrenta la Justicia en investigar y sancionar actos de corrupción dentro del ámbito gubernamental.
La presentación de nuevas denuncias podría acelerar el proceso y arrojar luz sobre las prácticas irregulares que han afectado la gestión de recursos hídricos en Mendoza.
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